El Operational Agreement (OA), el documento firmado por el Gobierno y la Comisión Europea en el que se detalla cómo se gestionará el desembolso de los fondos europeos, (70.000 millones en ayudas) a cambio de qué reformas y con qué calendario, incluye ampliar los años de cómputo para calcular la pensión.
Actualmente ese período está fijado en 25 años. Más concretamente lo estará en el 2022, cuando se despliegue por completo la reforma del 2011, que lo elevó desde los 15 años anteriores. Pero a la Europa del Capital no le basta: el documento suscrito por el gobierno deja claro que para considerar cumplida la reforma 2 del componente 30 del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) suscrito con España, debe entrar «en vigor la legislación para el ajuste del período de cómputo de la pensión de jubilación». Y da un plazo: el anteproyecto de ley deberá estar aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio del próximo año y la nueva regulación en vigor antes de que expire el 2022.
En el PRTR el gobierno defendía la extensión del período de cómputo argumentando que la medida aumenta el carácter contributivo del sistema (sin olvidar la necesidad de corregir sus referidos efectos negativos), defendiendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador. Si hace unos meses los años para elevar dicho cálculo quedaron en el cajón, ahora la situación ha virado, ya que la Comisión Europea -que no permitirá dar marcha atrás en las medidas comprometidas- apremia con el calendario.
El Gobierno deberá rendir cuentas de sus progresos ante la Comisión Europea cada tres meses
Para comprobar que todo marcha bien y, según el calendario previsto, los centinelas de Bruselas pasarán revista a los progresos cada tres meses, no cada seis. Eso revela el contrato de condiciones que firmó el Gobierno español para acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden del plan de recuperación europeo.
El documento, que se hizo público este miércoles (en inglés) tras las reiteradas peticiones de los partidos de la oposición, también revela que España no podrá dar marcha atrás en las reformas aprobadas una vez que se hayan transferido las ayudas: «El cumplimiento satisfactorio de hitos y objetivos presupone que las medidas vinculadas previamente a su cumplimiento no han sido revertidas por el Estado miembro», reza el texto rubricado por el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En otras palabras: una vez que se extienda el período de cálculo de las pensiones o se endurezca la fiscalidad medioambiental, no se podrá recular, aunque una parte del Gobierno tenga tentaciones de enmendar los compromisos. El esquema recuerda a los memorandos de entendimiento que firmaron algunos países, también España, para ser rescatados tras la última crisis financiera.
Calendario
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