Supondría un recorte medio del 9%: Escrivá quiere aumentar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión inicial

 

De cara a la segunda parte de la reforma de las pensiones, que pretenden aprobar a finales de 2022, se ha convertido en habitual en los medios de comunicación masivos referirse a la pretendida intención del gobierno de ampliar el periodo de cómputo de las pensiones, uno de los instrumentos más utilizados desde que se vienen aplicando políticas neoliberales de reducción y privatización de las pensiones públicas. Así, desde el año 1985, cuando gobernaba el PSOE de Felipe González, los sucesivos gobiernos del capital, sean estos del PP o del PSOE, han ido ampliando el período de cómputo de las pensiones desde 2 años (lo que llevó a una huelga general convocada entonces por CCOO y el sindicalismo alternativo, con UGT en el bando propatronal) hasta los 8, los 15 y los 25.

Y la intención del ‘gobierno más progresista de la historia’ es completar el proceso ampliando a 35 años los 25 actuales, recién completados.  Estamos hablando de una ampliación que el gobierno ya ha comprometido con la UE y que ya figuraba, como componente 30, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que fue enviado a Bruselas.

En la línea de hacer entrar, aunque sea con calzador, ese compromiso, en la primera parte de la reforma de las pensiones el gobierno ya engrasó a los sindicatos mayoritarios con los eufemísticamente denominados Planes de Empleo de Empresa, en realidad una privatización generalizada del sistema de pensiones público desviando hacia la banca parte de sus sus fondos a través de la negociación colectiva,  fondos en cuya gestión participarán los aparatos de esos sindicatos, que sacarán buena tajada de esa gestión como ya ocurre con los fondos de pensiones de grandes empresas y algunos sectores.

Al respecto estos días, el ministro Escrivá sigue calentando motores sobre el asunto con declaraciones aparentemente contradictorias, negando que se vaya a aumentar el periodo de cálculo en unas declaraciones, para horas después aformar que “ampliar el periodo de cómputo puede tener sentido, pero al mismo tiempo permitir que se excluyan los peores años de cotización, que ahora mismo no se puede hacer en España“. Fuentes de la llamada Mesa de Diálogo de las Pensiones (engendro de conciliación de clases para ‘blanquear’ los ataques al derecho de jubilación con una pátina de supuesto ‘diálogo y representatividad’), recién reactivada el 12 de septiembre, confirman así mismo queel Ministerio quiere ampliar el cómputo, pero aún no ha presentado ningún documento, dato ni cifra, ni de cuántos años, ni de qué periodo transitorio, ni si pretenden que afecte a todos los trabajadores o solo a quienes tienen peores bases de cotización en sus últimos años laborales“.

 

extension periodo computo componente 30
Fuente: Plan de Recuperación español

 

 

Ese, el de excluir los peores años cotizados, combinado con la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización (la Ley vigente ya compensa con el 100% de la base mínima en las 48 primeras mensualidades del trabajador cuando no existan cotizaciones con el 100% de cotización mínima, y con el 50% desde el mes 49) sería el señuelo del Gobierno para que los llamados ‘agentes sociales’ (léase, CCOO y UGT, porque la patronal lo viene reclamando hace décadas) accedan a una eventual extensión del periodo de cómputo.

 

 

Según distintos expertos la ampliación hasta los 35 años supondría una mejoría de la pensión para un tercio de los trabajadores, ya que el Ministerio calcula que uno de cada tres presenta en sus últimos años peores bases de cotización, por pérdidas de empleo, y si se contabilizaran 35 años podrían sumar los años previos a esos últimos con mayores cotizaciones.

Pero, como hasta CCOO y UGT admiten y Unidas Podemos  también (llegado el caso dirán que ‘son minoría’ en el gobierno…), si como norma general se aplicasen los 35 años para calcular la pensión inicial saldrían perjudicados dos de cada tres futuros pensionistas.  Así se deduce de un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE,  cuando afirma que “en términos globales supondría una disminución de la cuantía inicial de las pensiones de casi un 9%“.

Como estamos en año electoral y todo el mundo querrá salvar la cara habrá que ver cómo, unos y otros, intentan vendernos gato por liebre, lo que visto lo visto con la Reforma Laboral, la de las pensiones o la ley Mordaza es más que probable. En cualquier caso, como la organización y movilización son la mejor receta, de hecho la única, para pararles los pies a todos ellos, el 15 de octubre tenemos todas y todos una cita estatal para mostrar multitudinariamente en la calle que “no nos representan” y que “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden“.

 

 

 

Fuente: 65 y más, COESPE, prensa

 

 

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