La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha propuesto un plan de rearme europeo cifrado en 800.000 millones de euros para “aumentar significativa y rápidamente la inversión en defensa y las capacidades militares”. El presupuesto se dividiría de la siguiente forma: 650.000 millones de euros de gasto nacional de los Estados miembro y el monto restante, hasta 150.000 millones, en préstamos. De esta última partida, una parte también estaría destinada a suministrar armamento a Ucrania para compensar la pérdida de apoyo de Estados Unidos.
El anuncio del rearme europeo, que será presentado en el Consejo Europeo del 6 de marzo, se producía con declaraciones grandilocuentes por parte de Von der Leyen: “Vivimos tiempos peligrosos. La seguridad de Europa está amenazada de forma muy real. Estamos en la era del rearme y Europa está dispuesta a aumentar masivamente el gasto en defensa […] Es el momento de Europa y debemos estar a la altura”. La estrategia de la Comisión Europea está basada en cuatro puntos principales:
- Mayor margen fiscal para la financiación pública en el sector de la defensa. Es decir, flexibilizar el techo de gasto para que las inversiones militares no estén incluidas en los déficits nacionales.
- Un nuevo instrumento de préstamos dirigido a los países de la Unión Europea para fortalecer las capacidades de defensa más necesarias.
- Uso más flexible de la financiación del bloque comunitario para inversiones en defensa. Bruselas propone destinar los fondos de cohesión a este ámbito.
- Más capital privado movilizado a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Rearme europeo como alternativa a Estados Unidos
La búsqueda del rearme europeo por parte de Von der Leyen se produce en un momento crítico para la relación transatlántica. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto que Estados Unidos aumente su hostilidad hacia la Unión Europea, presionando significativamente a los europeos para que impulsen su inversión en defensa. Todo bajo amenaza de acabar con las garantías de seguridad que han amparado al continente desde mediados del siglo XX.
Sin embargo, cabe recordar que el eje central de la posición norteamericana radica en su intención de retirar recursos de Europa para enfocarse en la competición con China. Las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, el 12 de febrero de 2025, confirmaron este deseo, dejando claro que Pekín es su prioridad estratégica: “Estoy hoy aquí para expresar directamente y sin ambigüedades que las crudas realidades estratégicas impiden que Estados Unidos sea el principal garante de la seguridad en Europa”.
El segundo punto a destacar es el enfoque de Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania. La administración Trump tiene como objetivo concluir el conflicto aunque sea bajo un acuerdo desfavorable para Kiev. Sin embargo, el liderazgo ucraniano sigue insistiendo en que Estados Unidos provea de garantías de seguridad, algo que Washington rechaza para evitar asumir más compromisos, especialmente uno que podría derivar en un enfrentamiento directo con Rusia. Asimismo, la potencia norteamericana está buscando sellar un acuerdo para la explotación de recursos de Ucrania, pero Kiev se ha negado a firmarlo.
Estas tensiones han provocado, en última instancia, una ruptura entre Estados Unidos y Ucrania. Esta divergencia quedó escenificada en la sonora discusión en el Despacho Oval entre Donald Trump, J.D. Vance y Volodímir Zelenski el 28 de febrero. En este contexto, el siguiente paso estadounidense ha sido anunciar la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. Aun así, es probable que la administración republicana tome nuevas medidas para aumentar la presión y forzar concesiones por parte de Kiev.
Ante este escenario, los países europeos están reaccionando con declaraciones de apoyo a Ucrania y con anuncios para incrementar la inversión en defensa. El objetivo es llenar el vacío estadounidense en Ucrania y aumentar las capacidades militares de los Estados miembros. La cuestión es que el proceso de rearme europeo no se producirá en el corto plazo, además de que queda la duda de la verdadera voluntad política para realizar cambios estructurales debido a los costes que suponen.