Hace ya más de dos años, el Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, modificaba la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulaban las empresas de trabajo temporal, para adaptarlas a la actividad de la estiba portuaria, dando el pistoletazo de salida a la nueva regulación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.
El trabajo de la estiba (carga y descarga de los barcos en los puertos) en especialmente duro: la jornada laboral está estrechamente ligada a la llegada de los navíos a las instalaciones portuarias, lo que impone jornadas laborales discontinuas y una disponibilidad acrecentada de la fuerza de trabajo. Además, los accidentes graves son frecuentes, al manipular cargas muy pesadas y tóxicas en un marco de presión empresarial que pugna por acelerar la actividad para mantener el flujo de mercancías que alimenta el comercio mundial.
Lo hemos visto los últimos meses: el trabajo de la estiba es un ámbito especialmente estratégico para la economía global, ya que representa una actividad esencial para que las cadenas de suministro internacionales no se bloqueen y las mercancías y materias primas lleguen a donde son necesarias para la producción y el consumo. En una economía basada en grandes flujos de comercio internacional, el transporte se convierte en el sistema sanguíneo que garantiza que los insumos lleguen, en el momento oportuno, a donde son más necesarios. En la actualidad el 80% del comercio internacional se desplaza por vía marítima. Si el volumen total de mercancías transportadas por esta vía fue de algo más de 2 600 millones de toneladas en 1970, en 2019, pese a la pandemia, superó los 11 000 millones de toneladas.
El puerto de Valencia es un nodo importante en la red global de transporte de mercancías. En total, los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia (Valencia, Sagunto y Gandía), movieron en 2021 algo más de 85,2 millones de toneladas, que representan un crecimiento del 5,4% con respecto a 2020 y el 5,1% más que en 2019. Por lo que respecta a sectores de actividad, 2021 fue un año de crecimiento imparable. El principal fue el de vehículos y elementos del transporte, con 11,5 millones de toneladas, seguido de la industria agroalimentaria, los materiales de construcción y otras mercancías, cercanos a los 8 millones de toneladas. En cuanto a los más dinámicos en ventas al exterior fueron los productos energéticos, con un crecimiento del 73%, los materiales de construcción (+24,6%), los siderometalúrgicos (+18.4%) y el sector agroganadero y alimentario (+17,5%).
El empeoramiento de las condiciones de trabajo de los estibadores de Valencia, tras la reforma regulatoria impuesta en los últimos años, ha sido evidente. La actividad se ha estructurado entorno a dos vías distintas de contratación: los fijos, que forman parte del llamado “turno” y que trabajan para SEVASA, la empresa portuaria encargada de la actividad; y los eventuales, que forman parte de la llamada “bolsa”, gestionada hasta el momento presente por la Empresa de Trabajo Temporal Randstadt.
Los trabajadores de la “bolsa” no tienen, hasta la fecha, contratos indefinidos, sino que han ido rotando con contrataciones de obra y servicio de uno o varios días de duración, cada vez que eran necesarios para cargar o descargar un buque. Así, la vida laboral de los trabajadores de la “bolsa” muestra años de encadenamiento de contratos temporales por obra o servicio, con pocos o ningún período sin contratación.
Que, mediante este sistema de rotación de la fuerza de trabajo en puestos que realmente son estructurales, se estaba vulnerando la regulación legal que limitaba el encadenamiento de contratos temporales y que determinaba la causalidad de la contratación por obra, obligando a presumir indefinidos a quienes realmente realizaban funciones permanentes, es bastante evidente. Además, el hecho de que los sueldos en la estiba sean comparativamente más altos que en otros trabajos precarios, imponía un imponente silencio entre los trabajadores del puerto de Valencia. Nadie denunciaba, pese a que, incluso, la empresa se permitía “sancionar” a los trabajadores díscolos, en momentos en que, supuestamente, no estaban ni siquiera contratados, dejándoles fuera de los posteriores llamamientos.
Sin embargo, esta “omertá” del fraude de ley en la contratación temporal, ha tenido también sus elementos transgresores: Borja, estibador de Valencia, trabajador de la “bolsa”, decide presentar, apoyado por la sección sindical a la que pertenece, las oportunas denuncias ante la inspección de trabajo. La reciente reforma laboral de diciembre de 2021 parece darle la razón, y obliga al puerto a modificar los contratos de los trabajadores eventuales para convertirlos en fijos discontinuos. Sin embargo, la valentía tiene su precio.
Borja es despedido poco después de sus denuncias. Es decir, la empresa decide “sancionarle” dejándole fuera de ulteriores llamamientos. La empresa no se aviene a negociar con los representantes sindicales del trabajador ni con el letrado que le representa. Borja afirma que se ha vulnerado su garantía de indemnidad y que se le ha sometido a una clara represalia por su actividad sindical. La vista del juicio oral relativo al despido de Borja se ha señalado para octubre de este año.
La lucha por la aplicación de la ley, la lucha contra la dualidad del mercado laboral por la vía de la denuncia del fraude de ley en la contratación temporal ha sido castigada, nos dice Borja, con un despido contrario a sus derechos fundamentales. Hacer cumplir la ley es motivo de despido. Más allá de las reformas del articulado de las leyes, la realidad de la lucha de clases se impone en los centros de trabajo. El empresariado castiga a los díscolos y a los que reclaman derechos y condiciones de trabajo dignas, tratando de descabezar a las secciones sindicales que les hacen frente. Para enfrentar este límite a la democracia y al imperio de la ley, sólo cabe la solidaridad entre los trabajadores y la acción sindical consecuente.
Os dejamos con las palabras del propio Borja, que contesta amablemente a todas nuestras preguntas:
“Mi nombre es Borja, pertenezco al sindicato Solidaridad Obrera y en concreto a la sección sindical del puerto de Valencia. Mi trabajo es el de estibador, y quiero denunciar públicamente una situación que se lleva perpetuando y permitiendo durante décadas. Dicha situación es evidentemente un perjuicio, tanto para el colectivo de la estiba como para la sociedad, y además claramente vulnera la legalidad laboral vigente y genera una condición de competencia desleal hacia otros sectores productivos y empresas, las cuales si cumplen con el Marco regulatorio en materia de impuestos y cotizaciones.
La situación es la siguiente, la bolsa de trabajadores eventuales en número de censados asciende a 472, y llevamos concatenando contratos de obra y servicio durante más de 5 años con la evidente reducción de aportaciones a la seguridad social que eso supone. Además, no se nos aplican unas condiciones contractuales de prestación de servicios iguales a las de la plantilla de trabajadores fijos, generando así que existan en el puerto trabajadores de primera y de segunda clase. Aquellos que se niegan a asumir las condiciones marcadas por la gestora Randstad, son sancionados con días de paro, sin ser contratados, y privados tanto del salario como de los derechos devengados.
En el caso de nuestra organización, lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades laborales y hemos procedido a las denuncias correspondientes. La respuesta ha sido inmediata. He sido suspendido de empleo y sueldo de manera indefinida hasta que cediera a retirar las demandas y aceptase la situación sin condiciones, algo que no aceptamos y que los juzgados pertinentes resolverán llegado el momento.
Randstad, es una empresa ubicada en los Países Bajos y alardea de haber facturado, sólo en la península ibérica (Randstad ibérica), en el primer trimestre, la cuantía de 396 millones de euros, y todavía tienen la poca vergüenza de evitar las cotizaciones a la seguridad social que sostienen los servicios sanitarios, y las pensiones de nuestros mayores entre otras cosas.
Solicitamos cualquier tipo de apoyo posible a nuestra lucha, ya que la consideramos como un conflicto que afecta a la sociedad en general, y no podemos permitir que, además de evadir impuestos mediante ingeniería financiera, también obliguen a los trabajadores a colaborar en su ataque directo a las cajas que sostienen los pilares básicos del estado de bienestar, con la única intención de aumentar sus, ya cuestionables moralmente, beneficios devengados por la explotación de sus negocios a nivel internacional.”
La solidaridad es el arma de los de abajo, cuando los de arriba deciden que la ley no debe ser cumplida.
José Luis Carretero Miramar para Kaosenlared
