Madrid I CONCENTRACIÓN BOICOT ISRAEL: “Contra sus armas, contra su Genocidio, contra la complicidad del Gobierno…”

 

CONCENTRACIÓN 30 de Octubre / 17:30 H. delante de la filiat Elbit Systems, empresa armamentística con capital del Ente israelí. C/ La Coruña 21 <M> Estrecho

Guardian Defense & Homeland Security vende todo tipo de material militar, desde chalecos antibala para policía hasta munición pesada de artillería. Es la representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar. Fue adquirida por la empresa Elbit Systems a finales del 2018 y desde entonces es su filial española.

Elbit Systems es una empresa gubernamental Israelí perteneciente al Ministerio de Defensa del Ente Israel, una de las cuatro industrias más grandes de Defensa de Seguridad en Israel. Es una empresa de municiones y Sistemas de Defensa especializada en el desarrollo, integración, fabricación y soporte de sistemas terrestres, navales y aéreos de combate.

 
Desde de octubre de 2023 España ha destinado por lo menos 1027 millones de euros para adquirir armamento israelí.
Las exportaciones de material militar israelí hacia España permiten financiar y abaratar el coste del armamento que cada día mata a cientos de personas en Gaza, Cisjordania y el Líbano, gracias a dinero público español.

 
La Corte Penal Internacional pidió a los estados miembros de la ONU que suspendan el comercio y las inversiones que contribuyan a la ocupación ilegal.
Esta demanda fue aprobada por en una resolución de la ONU con el voto favorable del propio gobierno español. Sin embargo, no ha dado ningún paso para frenar contratos con empresas armamentísticas israelíes.
 
Las importaciones de armamento en España están bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Comercio y son aprobadas por la Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso, cuyos cargos están ocupados por María Amparo López Senovilla y Ramón Tomás Muro Martínez, respectivamente. La inacción del gobierno español y de sus instituciones al no detener la financiación y comercialización de empresas armamentísticas, cuyos productos han estado involucrados directamente en el genocidio del pueblo Palestino, convierte al Estado español en cómplice de estos actos, al igual que a los responsables políticos que los permiten.
 

 

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