A lo largo del juicio han quedado acreditados los incumplimientos técnicos y normativos por parte del Sr. Cortabitarte. Sobre todo, gracias a los dos únicos peritos realmente independientes:
El único perito insaculado, César Mariñas y el testigo-perito Christopher Carr, ex jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), dejaron claro la obligatoriedad técnica y normativa de evaluar y mitigar el riesgo en el cambio del proyecto y en la desconexión del sistema de seguridad ERTMS por los retrasos que generaba. “En este caso, con una curva muy cerrada, puede haber un riesgo de exceso de velocidad, y debe mitigarse” y “no se puede dejar un riesgo catastrófico en manos del maquinista, porque puede cometer fallo”, declaró el experto de la UE Chistorpher Carr.
A lo largo del proceso judicial, la maquinaria del Estado ha tratado de demorar lo máximo posible este juicio: ocultando y retrasando la entrega de documentos como señalaron varios autos, con el cambio de juez por el CGPJ, la Xunta imponiendo peritos sin experiencia ferroviaria, la fiscalía y la abogacía del Estado trabajando para Adif y esta última, representada por Adela Álvarez y Javier Suárez, ocultando y mintiendo en el juicio, etc.
El propio fiscal, antes de su inesperado giro de guion de última hora, decía que el Sr. Cortabitarte no cumplió con su deber dentro de Adif de “garantizar que la línea era segura”. Por eso declaró que “probablemente” no había “conseguido” trasladar por qué “antes decía una cosa y ahora otra”.
Un fiscal, que últimamente no aparece por la sala y que deja prácticamente abandonadas a las víctimas sin representación legal en el caso de que se condenara únicamente a Cortabitarte.
Además, la actitud cínica de la abogacía del Estado, representada por Adela Álvarez y Javier Suárez, ha generado aún más dolor si cabe a las víctimas en este proceso.
Han tratado de confundir con engaños a los jueces, han demorado la entrega de documentos vitales hasta 4 años después, acusaron al juez Luis Aláez de hacer una “inquisición general”. Dijeron que eran de aplicación unas leyes y, cuando se les volvía en contra, decían que no.
Han asegurado que aquí no se sabe nada de la tragedia del metro de Valencia, ocurrida en 2006, a pesar de que el Cortabitarte fue nada menos que perito judicial en aquel proceso penal.
Dicen que la Administración no puede tener cualidades cuasi divinas, cuando un jefe de maquinistas vio el peligro en un sólo viaje y Cortabitarte fue perito en un accidente similar. La fecha de inauguración sí la adivinaron pese a no estar finalizada la línea, ni la documentación de seguridad.
Terminaron presentándose como víctimas. Tuvieron el cinismo de hablar de juicios paralelos, con mensajes sencillos que condenaban a Cortabitarte. Todos sabemos que fue la Administración quien contaminó a la opinión pública, filtrando el audio del maquinista cortado, y condenando a éste desde diferentes ámbitos. Fue la Administración quien publicitó de manera engañosa a la ciudadanía que la línea y el tren contaban con el sistema de seguridad que hubiera evitado la tragedia.
La Abogacía acabó su discurso diciendo que a veces la administración se muestra “distante y carente de empatía”. La Administración no es un entente abstracto, son personas como ellos, con nombres y apellidos, Adela Alvarez, Javier Suárez y Andrés Cortabitarte.
Sin obviar el despiste del maquinista, que se produce en cuestión de segundos, hay mayor responsabilidad en Cortabitarte, que, como dijo el fiscal antes de su inesperado giro, no cumplió con su deber dentro de Adif de “garantizar que la línea era segura” y desconectó el sistema de control de velocidad, “sin previamente realizar una evaluación del riesgo”.
En memoria de los 80 muertos y 144 heridos, y para que no vuelva a suceder:
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