Colombia: Justicia social para mayores de 80 años

 

Entre tantas expresiones de pobreza y miseria que afectan a millones de colombianos como consecuencia del aberrante régimen social imperante se encuentra la de cientos de miles de ancianos sumidos en el abandono, la soledad, la marginalidad y prácticamente la “muerte en vida”.

Por la razón que sea, se trata de una población para la que la vida se agotó y no merece la atención y menos el cuidado del Estado y sus instituciones o de otras formas de organización social. A lo mucho, esos seres humanos deberían encajar en ejercicios de lo que hoy se denomina la biopolitica o el biopoder como formas de subordinación y de control de los cuerpos y de las estructuras demográficas que están bajo la jurisdicción del Estado que se resume como territorio, población, violencia, normas jurídicas y códigos culturales unificadores como garantía de una hegemonía política establecida.

Pero este no es el caso ni el signo de un gobierno de izquierda transformador como el encabezado por el presidente Gustavo Petro quien, en medio de las grandes adversidades sociales y políticas, desatadas por las castas más recalcitrantes que se oponen a cambios mínimos, intenta concretar varias reformas para garantizar la salud, el trabajo, la tierra, las pensiones, la vivienda y la educación.

En ese sentido, se acaba de dar un trascendental paso por parte del director del Departamento para la Prosperidad Social DPS, doctor Gustavo Bolívar, con la expedición de la resolución 00809 de 2024, mediante la cual se implementa el monto diferenciado del subsidio –Renta ciudadana- de Colombia Mayor: los mayores de 80 años recibirán 225.000 pesos (63 dólares), a partir del quinto (mes) ciclo de pago, que iniciará a finales de mayo.

Se trata de una medida que favorecerá cerca de 500 mil personas, las que con anterioridad recibían un desembolso cercano a los 80 mil pesos. Una cifra exigua pero representativa para quienes han perdido toda esperanza y están en la parte final de su existencia. Es como una pequeña pensión que ayuda a amortiguar las carencias de la vida cotidiana.

Los participantes del programa del DPS menores de 80 años seguirán recibiendo el pago por 80.000 pesos en todos los 12 ciclos.

Para esta 5 cuota del 2024, el programa del gobierno y del DPS atenderá a 1.731.089 participantes, de los cuales 500 mil son mayores de 80 años repartidos por todos los municipios de Colombia.

Conozco la situación de muchos ancianos por los Llanos orientales, Bogotá, Cauca y el Eje cafetero, en situación de abandono y mendicidad, a los que esta medida debe favorecer para sobrellevar sus difíciles condiciones humanas.

Desde el pasado mes de enero, el presidente Gustavo Petro anunció que aumentaría las transferencias a los adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza extrema y sin acceso a pensión. Además, la medida responde al Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que busca fortalecer la protección económica en la vejez y contribuir a mejorar mínimamente las condiciones sociales de esta población.

Las transferencias o dispersión monetaria –una versión de la Renta ciudadana- del programa Colombia Mayor del DPS, cobija a los adultos en edad avanzada que se encuentran en grave pobreza, frente al riesgo social derivado de la imposibilidad de generar ingresos y de la exclusión social.

A los favorecidos con este subsidio hay que explicarles y advertirles sobre estafas y fraudes que se puedan presentar con delincuentes expertos en manipular para desviar estos aportes gubernamentales, pues el DPS no cobra nada por hacer parte del programa, ni para acceder al pago de los 500 mil pesos del subsidio establecido.

Por supuesto, el DPS debe adelantar una intensa campaña por los medios y de pedagogía social para capacitar a esta población en el acceso a este importante derecho que refleja los avances en materia de justicia social del actual gobierno progresista. Los adultos mayores colombianos deben ser tratados como una subjetividad en el ejercicio pleno de sus derechos y no como ciudadanos de segunda que ya no cuentan en el funcionamiento político de la sociedad.

Por Horacio Duque