Paula Cardona ha leído el manifiesto, suscrito por una cuarentena de entidades civiles, como Alertà Solidària, Òmnium Cultural, Ca la Dona, Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), CONFAVC, Sindicat de Llogateres de Catalunya, Marea Pensionista o la Intersindical. Los concentrados han gritado: ¡»Derecho a la Protesta»! y El pueblo unido nunca será vencido»!, y han expresado sus reivindicaciones para mejorar la vida de los ciudadanos.

En el manifiesto se detalla que la incorporación de un tipo agravado de desórdenes públicos incluye nueva terminología, que quiere castigar formas antiguas de protesta y reivindicación. Añaden que, si prospera la reforma, los desórdenes se pueden cometer con «intimidación», término que «incluye un alto grado de subjetividad y previsiblemente una mayor incriminación«. Este nuevo delito también amplía la pena mínima a 3 años de prisión, hecho que implicará la entrada a prisión de los condenados.

Las colectivos también han denunciado que se introduce como delito la invasión o ocupación de locales o espacios públicos o privados, «sin violencia ni intimidación«, que se puede castigar con penas de hasta 6 años de prisión. Para las entidades, este supuesto implica «criminalizar de forma clara el derecho a la protesta«. Y es que desde la reforma del Código Penal de 2015 y la aprobación de la ley Mordaza, se han ido incluyendo como delictivas las distintas actuaciones reivindicativas específicas de cada entidad, como la ocupación de entidades bancarias.

Por todo eso, los colectivos, que representan a amplios sectores sociales del país, han reclamado que el Código Penal español «se adecue a los estándares internacionales sobre derechos humanos» y han rehusado «cualquier Código Penal que criminalice las actuaciones sociales que defienden y conquistan derechos humanos para todas».