ZP o la política del talante insostenible

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Los ocho años de gobierno Aznar (1996-2004) fueron desastrosos para el Medio Ambiente en el Estado español, siguiendo a grandes rasgos la política ambiental desarrollada en las legislaturas gobernadas por Felipe González. Aznar desplegó políticas con elevadísimos impactos ambientales como la falta de control efectivo en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI; aquellos que provocan el cambio climático), o la política territorial capitaneada por la Ley del Suelo y la corrupción urbanística que impulsó una construcción desaforada concentrada principalmente en el litoral. Pero el símbolo de cuánto le importaba la conservación de la naturaleza al gobierno del PP fue el hundimiento del Prestige frente a Galiza tras su alejamiento de la costa gestionado directamente desde Madrid y los “hilillos de plastilina” de Rajoy.

La política ambiental de ZP: una refinería en Extremadura

Los gobiernos de Zapatero (ZP) no han hecho más que abundar en la degradación ambiental, mostrando una ausencia clara de alternativas políticas que construyan realmente un desarrollo sostenible. En este punto, y dado la perversión del uso del término ‘desarrollo sostenible’ por parte de grandes medios de comunicación y políticos gobernantes, recordemos que desarrollarse de manera sostenible implica mejorar la calidad de vida de la mayoría de la sociedad a la vez que se deja a las generaciones futuras un medio ambiente de calidad y cantidad, al menos, como el que tenemos ahora sino mejor; ambos aspectos, una mejor calidad de vida para la mayoría y la conservación ambiental no están reñidos, sino todo lo contrario, son íntimamente dependientes. Durante la primera legislatura ZP tan solo se vieron mejoras tan tímidas que quedaron totalmente oscurecidas por la ola de degradación ambiental que nos asola. Si el gobierno central de Aznar retrató su política ambiental con la gestión del Prestige, ZP será recordado por una calamidad ecológica quizás no tan llamativa como una marea negra pero ambientalmente igual o más grave: la construcción de una refinería de hidrocarburos pesados en Extremadura. Este proyecto, impulsado por el mayor empresario extremeño, Alfonso Gallardo (amigo íntimo del expresidente de la Junta Rodríguez-Ibarra), rompe de lleno con el modelo de desarrollo de la comarca de Tierra de Barros (Badajoz) basado en la agricultura, la ganadería y el turismo rural; además conlleva la construcción de un oleoducto de cientos de kilómetros desde el Puerto de Huelva a través de parajes naturales de alto valor ecológico.

Mientras que por un lado el gobierno ZP dice apostar decididamente por las energías renovables, fijando las medidas para luchar contra el cambio climático como uno de sus ejes de gobierno, apoya un proyecto de refinería altamente contaminante y que fomentará aún más el consumo de combustibles fósiles. Además, pone trabas en el proceso de alegación al estudio de impacto ambiental al fijar como plazo de alegaciones un solo mes para un proyecto de enorme complejidad y trascendencia. Este ‘talante insostenible’ de ZP explica uno de los eslóganes más coreados por los manifestantes en la manifestación del Encuentro Alternativo al Petróleo celebrado en Madrid durante Junio de 2008: “¡Zapatero! ¡Petrolero!”&nbsp &nbsp

Cambio climático, AVE, energía nuclear…

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español en 2007 aumentaron más de un 52% desde 1990, lo que triplica el 15% de aumento promedio permitido por el Protocolo de Kyoto para el periodo 2008-2012 (recordemos, un acuerdo de mínimos insuficiente para frenar el cambio climático). Las emisiones de GEI habrían sido mucho mayores de no haber sido por el incremento en la producción de energía eólica que, en 2007, representó el 9% de la generación eléctrica, con un aumento del 16% respecto a 2006 lo que redujo las emisiones de GEI en cerca de un 4%. El Estado español es el Estado enriquecido donde más han aumentado las emisiones de GEI desde 1990 (año base para el Protocolo de Kyoto). Aunque el aumento de emisiones de GEI fue muy importante durante la administración Aznar, continuó igualmente durante la primera legislatura de ZP. Por ejemplo, aunque en 2006 las emisiones se redujeran un 2,7 % respecto a 2005, en 2007 volvieron a aumentar un 1,8% respecto al año anterior. Así, la política de reducción de emisiones de GEI de ZP se ha evidenciado totalmente insuficiente, a pesar de haber recibido más atención que durante las dos legislaturas de Aznar con planes claramente limitados para impulsar seriamente la transición energética, como la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010, la elaboración del Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010, dos Planes Nacionales de Asignaciones, el Plan Nacional de Reducción de Emisiones o el nuevo Código Técnico de la Edificación.

El sector donde más han aumentando las emisiones de GEI desde 1990 ha sido en el transporte por carretera donde se han duplicado en los últimos 17 años, frente a aumentos de 33% en los procesos industriales o del 14% en la agropecuarios. Y es que tanto el PP como el Partido ‘Socialista’ ‘Obrero’ Español (PSOE) han sacrificado el transporte de mercancías por tren a favor de las líneas férreas de alta velocidad, lo que ha aumentado de forma escandalosa el transporte de mercancías por carretera. Aunque el transporte es el mayor consumidor de energía (35-43%; proveniente de la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente), los turismos privados representan menos de la mitad de dicho consumo. La construcción de las nuevas líneas de AVE y TAV está conllevando, además de la emisión indirecta de grandes cantidades de GEI, otros impactos ambientales y sociales muy importantes.

Por un lado, este ‘servicio público’ construido con el dinero de todos y todas está al alcance de una minoría debido a sus tarifas tan elevadas. Además, las millonarias inversiones de dinero público van a parar en su gran mayoría a las manos de unas pocas grandes empresas multinacionales de la construcción, mientras más de la mitad de la ciudadanía del Estado español respira aire contaminado según un estudio de Ecologistas en Acción. Por si todo esto no fuera poco, el modelo de trasporte por ferrocarril de alta velocidad impulsado por ZP fomenta un modelo de desarrollo que concentra las riquezas en unos pocos puntos (aquellas ciudades ‘tocadas’ por la ‘magia’&nbsp de las vías de alta velocidad) y margina al resto del territorio. Por otro lado, en el territorio atravesado por la alta velocidad se genera una importantísima fragmentación del paisaje que, como una espada que cortara la tierra en dos, aísla parcial o totalmente poblaciones animales y vegetales a ambos lados del trazado afectando a la conservación de la biodiversidad a medio y largo plazo. En este contexto, no es de extrañar que hayan surgido en los últimos años importantes movimientos sociales de oposición a los proyectos de alta velocidad en Euskadi y Catalunya. Y ahora, frente a la caída en la venta de turismos por la crisis, al gobierno ZP no se le ocurre otra cosa que dar dinero a las multinacionales del automóvil para que produzcan aquí en vez de fomentar un plan eficiente de transporte público que generaría más empleo y cambiaría el rumbo de nuestro modelo de transporte hacia la sostenibilidad.

Otro tema clave en la gestión energética es la cuestión de la energía nuclear. El PSOE de ZP se ha comprometido a no construir nuevas centrales nucleares e ir cerrando, en un plazo de 20 años, las centrales existentes. En esta posición si existe una clara diferencia con la política del PP que sigue apostando por la energía nuclear. Sin embargo, el plazo de 20 años del PSOE es demasiado alto ya que abandonar la energía nuclear es posible técnica, económica y energéticamente en un plazo mucho más corto. Las recientes fugas de partículas radioactivas de la central nuclear de Ascó (Tarragona) y su ocultación a la opinión pública, unido al elevadísimo coste de la energía nuclear para las arcas públicas, evidencian el riesgo que para la salud y el medio ambiente conlleva la producción de esta energía y la necesidad de desligarse de ella definitivamente a corto plazo. Sin embargo, ahora aparecen voces dentro del PSOE defendiendo la energía nuclear frente al cambio climático, cuando sus emisiones de GEI si tenemos en cuenta en ciclo completo desde las mimas de uranio hasta el tratamiento de los residuos radioactivos son mucho mayores que las de las energías renovables.

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Cultivos transgénicos, regadíos, economía del ladrillo…

Por otro lado, el Estado español es en el que se plantan más cultivos transgénicos de toda la UE, principalmente maíz (55.000 hectáreas controladas por unas pocas empresas transnacionales de una variedad prohibido ya en varios países europeos). Así, desde 1998, ha sido el único Estado de la UE en el que el gobierno (Aznar) ha permitido el cultivo de transgénicos a gran escala. También en este asunto la llegada de ZP al gobierno ha supuesto una política continuista; a pesar de que ZP dijese antes de llegar al gobierno que cambiaría las cosas en este campo y mintiese, al igual que en tantos otros como, por ejemplo, su promesa incumplida de derogación de la Ley Orgánica de Universidades. Los cultivos transgénicos contaminan genéticamente a otros cultivos e incluso a especies silvestres, y fuerzan a los agricultores y ganaderos a plegarse a los deseos de las grandes empresas agroindustriales que los controlan. Incluso, estudios recientes apuntan a efectos deletéreos de estos cultivos a la salud de mamíferos por ingestión.

En relación directa con la agricultura aparece la gestión del agua, otro nudo gordiano de la política ambiental del Estado español. Respecto a la gestión de los recursos hídricos, la administración ZP también continúa, a grandes rasgos, el camino trazado por Aznar. A pesar de haber derogado el denostado trasvase del río Ebro (debido fundamentalmente a una presión ciudadana sin precedentes para un proyecto de este tipo), los gobiernos de ZP no han hecho nada por cerrar los miles de pozos ilegales que agotan los acuíferos o por ordenar racionalmente la agricultura, que consume cerca del 80% del agua (no ha disminuido su consumo desde 1997). Una deficiente ordenación territorial ha permitido, y aún lo hace, el establecimiento de cultivos con una fuerte demanda hídrica en zonas con un claro déficit hídrico endémico (la costa de levante y Andalucía). A esto se suma la concentración de las tierras agrícolas año tras año en fincas más grandes, de manera que se puede decir que la tierra está controlada por una ‘oligarquía del agua’, los grandes ‘aguatenientes’. Además, ZP ve con buenos ojos la construcción de nuevos embalses con fuertes impactos ambientales (Ej. Embalse de Caliao en Asturias), e incluso, debido a una ausencia total de alternativas, está tomando el relevo de Aznar en la política de trasvases que tanto criticaba desde la oposición, tal y como se vio en la última crisis del agua en Barcelona.

Tampoco ZP destaca por ser el adalid de la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, aún hoy ningún puerto marítimo del Estado español (dependientes del gobierno central) cuenta con un sistema operativo de control de introducción de especies exóticas invasoras que tanto impactan sobre los ecosistemas costeros y que entran continuamente en las aguas de lastre de los buques y pegados a sus cascos. Además, la administración ZP sigue permitiendo ‘fiestas’ en las que se tortura salvajemente a animales y que salpican la geografía del Estado español.

Pero si algún problema ilustra mejor la degradación ambiental en el Estado español, junto con el ineficiente modelo de transporte, es la destrucción directa de áreas silvestres por la construcción desaforada. Aunque en un principio los proyectos urbanísticos más agresivos con el entorno natural se concentraban principalmente en zonas costeras, también empezaron a afectar gravemente a enclaves interiores de alto valor ecológico al saturar las zonas litorales. La economía del ladrillo que tan indefensa ha dejado a la economía frente a la crisis actual ha sido impulsada igualmente por Aznar y ZP, lo que ha incluido a 5 transnacionales españolas entre las 10 mayores constructoras mundiales (ACS, Ferrovial, Sacyr, FCC y OHL). De hecho, el PSOE está especializado en operaciones urbanísticas especulativas asociadas a macroeventos como la Expo92 en Sevilla, las Olimpiadas y el Fórum de las Culturas en Barcelona, la Copa América en Valencia, o la Expo del Agua en Zaragoza. Y para salir de las crisis muchas de las medidas de ZP se orientan hacia recuperar el sector de la construcción con grandes obras públicas asociadas a fuertes impactos ambientales para las que se plantea reducir el tiempo de tramitación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

La huella ecológica del Estado español

Con el análisis expuesto hasta el momento vemos como los gobiernos Aznar y ZP han desarrollado y desarrollan una gestión ambiental muy deficiente dentro de las fronteras del Estado español. Sin embargo, en el mundo actual con una producción y un consumo globalizados no es suficiente con un análisis interno. La huella ecológica (indicador de sostenibilidad que nos informa del territorio productivo necesario para mantener un determinado nivel de consumo general y de generación de residuos) del Estado español en 2005 era de 6,4 hectáreas por año y habitante, habiendo crecido un 19% en los últimos 10 años; esta cifra es 2,6 veces superior a la biocapacidad disponible en el planeta por habitante, es decir se necesitarían casi tres planetas como la Tierra para mantener el modelo socioeconómico actual. Es importante aclarar que aunque la huella ecológica suele darse como una media, dividiendo todo lo consumido por el número de habitantes, esta imagen es falsa ya que mucho de lo consumido no lo consumen ni directa ni indirectamente la ciudadanía, y aún menos de forma equitativa. Así, consumos como el realizado por los ejércitos o en procesos productivos ineficientes no dependen para nada del consumo ciudadano. Aún así el indicador de huella ecológica nos es útil para darnos cuentas de que el Estado español exporta impactos ambientales,&nbsp provocando una destrucción ingente de capital natural fuera de sus fronteras. Este proceso conlleva la merma de la calidad de vida de miles y miles de personas, conjuntamente con la destrucción y degradación de muchos ecosistemas en zonas tan alejadas como la selva Amazónica, el Sudeste Asiático o el África Subsahariana. Un ejemplo evidente, al estar dirigido por una empresa transnacional de capital propio, son los impactos socio-ambientales tan negativos que Repsol produce en América Latina en la explotación de sus hidrocarburos. Alguno/as de los perjudicado/as por este terrorismo ecológico que ampara el Estado español se convierten en ‘emigrantes ambientales’ que llegan a sus fronteras junto con otras personas que huyen de la miseria y las guerras (frecuentemente generadas para controlar recursos naturales). Entonces, los gobiernos de ZP también coinciden con los de Aznar al tratarlos como delincuentes por el simple hecho de buscar una vida mejor.

Hemos visto las críticas más importantes que pueden hacerse a la gestión ambiental de la administración ZP, abundantes y graves, pero tenemos que tener en cuenta que las competencias en materia de Medio Ambiente están transferidas a las comunidades autónomas por lo que el margen de maniobra del gobierno central en política ambiental está parcialmente limitado. En todas las comunidades autónomas, ya estén gobernadas por el PP, el PSOE u otros partidos, podemos encontrar numerosos ejemplos de degradación de la naturaleza que tan solo benefician a una minoría. Además, la mayoría de las regiones sufren un déficit muy importante de Agentes de Protección de la Naturaleza que vigilen por el cumplimiento de la normativa y reduce significativamente la eficacia de muchas leyes ambientales (que nos inundan por todos lados). En general, todos los partidos políticos que gobiernan actualmente, ya sea en el gobierno central o en los regionales, impulsan la protección de la naturaleza a través del ecocapitalismo que tiene entre una de sus tácticas claves el reflejar en los precios los impactos ambientales negativos que se producen indirectamente a través del consumo, conocidos como ‘externalidades’. Esta política conlleva que, por ejemplo, aumenten las tarifas de recursos naturales básicos como el agua, de manera que la ciudadanía debe responder de manera indiscriminada por un sistema ineficiente cuya responsabilidad de gestión está en unas pocas manos.

Desarrollando alternativas por un desarrollo sostenible

Actualmente, debemos estar especialmente atentos a un previsible aumento de la degradación ambiental como ha ocurrido en otros periodos de crisis económica, ya que la agresión al entorno se utiliza, conjuntamente con las agresiones a las condiciones laborales y de vida de los/as trabajadores/as, como mecanismo para salir de la crisis. En este contexto, leyes muy necesarias y que vienen planificándose desde hace tiempo (como la nueva Ley sobre Envases y Residuos de Envases que intenta limitar la proliferación de envases prescindibles) pueden quedar aparcadas indefinidamente.

Desde una postura crítica y activa a favor de la protección de la naturaleza, también se deben reconocer los avances en cuestión de protección ambiental desarrollados en los últimos años desde el gobierno ZP. En gran parte, estas reformas se han producido debido a una fuerte presión desde abajo por un movimiento ecologista cada día más amplio y mejor organizado, y una sociedad más concienciada y expuesta a la degradación ambiental. Así, la aprobación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental (que traspone la Directiva comunitaria 2004/35/CE) ha sido positiva en cuanto que refuerza el principio de quien contamina paga e instaura un nuevo régimen jurídico para hacer frente de manera preventiva a posibles impactos ambientales. También han sido positiva la modificación del impuesto de matriculación, que ha aumentando en los vehículos más contaminantes, el fomento de parques eólicos, la modernización de regadíos realizada a partir del Plan Nacional de Regadíos, el aumento del volumen de aguas residuales depuradas, la creación de nuevas reservas marismas contempladas en la Ley de Pesca Marina, o la aprobación de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que derogaba la obsoleta Ley de Protección del ambiente atmosférico. Sin embargo, se trata de medidas que vienen a colocar parches puntuales aquí y allá pero que en ningún momento atajan el problema de la destrucción ambiental radicalmente, es decir, yendo a la raíz, a la causa, de la problemática; de esta manera la destrucción de capital natural continuará aunque se ralentice la tasa de degradación puntualmente.

La alternativa al régimen de impactos ambientales continuados actual que está rindiendo una pérdida inmensa de capital natural (a veces irrecuperable como tras la extinción de especies) pasa por un control realmente democrático de los recursos naturales. La gente de la calle debe decidir cómo, cuándo, dónde y por qué sacarle provecho a la naturaleza. Solo de esta forma, cuando entre una mayoría social significativa se decida democráticamente la política ambiental, se alcanzará realmente el tan ansiado y vilipendiado ‘desarrollo sostenible’, pues la naturaleza se gestionará en función de los intereses de la mayoría que decidirá no vivir en un mundo contaminado y degradado, dejando a las generaciones venideras un entorno de calidad. Esta idea general debe empezar a articularse con los pies en el suelo desde ahora.

En el caso del Estado español, se hace cada día más necesaria una izquierda antineoliberal enraizada en los movimientos sociales que frene el proceso de globalización económica, que tantos daños está causando a la calidad de vida de la mayoría de la población, entre otras formas, a través de una aceleradísima degradación ambiental. En las luchas contra el capitalismo globalizado están surgiendo y surgirán alianzas e iniciativas que construyen y construirán ese otro mundo posible donde la gestión de los recursos naturales se decida desde la base.

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