Ya son más de 2500 los ‘represaliados políticos’ catalanes desde septiembre de 2017

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Òmnium Cultural ha cifrado en más de 2.500 las personas «represaliadas por sus ideas políticas» desde el otoño de 2017, «un contador que no para en ningún momento», según el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, que afirma que sólo se puede comparar con la dictadura franquista.

También han participado a la presentación de los datos el centro por la defensa de los derechos humanos Irídia y Alerta Solidària, organización jurídica que defiende, entre otras, a activistas de los CDR. En el recuento, se incluye a los 12 condenados por el Tribunal Supremo, a los 7 cargos políticos exiliados en Bélgica, Suiza y Escocia,  a Adrià Carrasco y al rapero Valtònyic, a cerca de 300 detenidos, 712 alcaldes investigados, 40 investigados por el juzgado número 13 o la Audiencia Nacional y los síndicos electorales, 18 profesores investigados, 18 investigados por clonar webs clausuradas, doce encarcelados contando los siete CDR del 23S y cinco por las manifestaciones postsentencia, y unos 1.400 heridos entre el 1-O y las manifestaciones posteriores a la sentencia.

Además, se han clausurado 144 webs, y las entidades han hecho notar que buena parte de los afectados no han presentado denuncia.

Mauri ha defendido que este nivel de represión solo se puede comparar con la dictadura, ha pedido en el gobierno español que acabe con la represión policial y judicial, que escuche a las instituciones internacionales como la ONU o a Amnistía Internacional y que dialogue: «Lo que pasa en Cataluña es un conflicto político, no un problema de convivencia o de orden público

El vicepresidente de Òmnium ha afirmado  que no solo los independentistas han estado en el punto de mira represivo:

«Es una represión contra la disidencia política muy centrada contra el independentismo, pero que afecta a otros movimientos políticos y sociales, y que tiene origen en el endurecimiento del Código Penal y en la ‘ley mordaza‘, que ya tendría que haber sido derogada.»

Xavier Pellicer, de Alerta Solidària, ha asegurado que las malas praxis policiales o judiciales no son solo «manzanas podridas», sino prácticas «sistemáticas», no perseguidas e incluso protegidas por el sistema, gracias a una triple impunidad: judicial, mediática y gubernamental, con el objetivo de esconder el problema de fondo.
«Las vulneraciones de derechos son un apéndice necesario en un contexto de represión política que tiene el objetivo que no se hable del conflicto político, sino de las vulneraciones de derechos», ha afirmado.

El exdiputado de la CUP David Fernàndez ha explicado que buena parte de los mandos policiales del 1-O han sido ascendidos, condecorados o pensionados.

Tanto Pellicer como Fernàndez han denunciado que la represión se aplica desde hace décadas, pero que ahora se hace contra al menos el 48% de la población.

 

Fuente: ACN

 

 

 

 

 

 

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