Y ahora Marlaska cita a la alcaldesa de Hernani por un parque dedicado a Aristimuño

MADRID-. En un auto, el juez de la Audiencia Nacional española ha admitido la querella que presentó la asociación ultraderechista Dignidad y Justicia en contra del criterio de la Fiscalía, que el pasado 8 de abril consideró que no es procedente aceptarla porque Beitialarrangoitia no era alcaldesa cuando se aprobó el acuerdo municipal y se colocaron las placas en 1982.

No obstante, el magistrado estima que no sólo aprobar que se dé nombre a una calle a un militante de ETA puede suponer un «delito de enaltecimiento y humillación de las víctimas del terrorismo», sino «igualmente el mantener dicha resolución, cuando distintos ciudadanos lo ponen en conocimiento de la autoridad competente».

A su juicio, eso implica una «voluntad o asentimiento personal respecto a dicha loa institucional».

Dignidad y Justicia ha solicitado la retirada de la placa con el nombre de José Manuel Aristimuño, Pana, fallecido por disparos de la Policía en 1981 en Gasteiz, así como la de la plaza Gudarien Enparantza.

Además de solicitar la comparecencia de la alcaldesa de Hernani, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha pedido al Ayuntamiento de Hernani que le facilite una copia de los acuerdos municipales en los que se decidió poner los mencionados nombres a las dos vías y del expediente abierto tras recibirse una carta del 27 de noviembre de 2007 en la que se pedía que se modificaran los nombres.

Junto a ello, cita a Marian Beitialarrangoitia para que acuda a declarar el próximo 2 de junio, a las 10.00.

Moreno rechazó una querella similar contra el alcalde de Zornotza

La actuación de Grande-Marlaska se contradice con la de su compañero Ismael Moreno, que la semana pasada, de acuerdo con la petición fiscal, rechazó admitir a trámite la querella interpuesta por Dignidad y Justicia contra el alcalde de Zornotza, David Latxaga, por un presunto delito de «terrorismo» por no cambiar el nombre una calle de la localidad dedicadas a Txiki y Otaegi, militantes de ETA fusilados por el régimen franquista en 1975.

El juez estimó que de su actuación no se desprendía que hubiera cometido «hecho delictivo, al no constar que efectuara ninguna manifestación de exaltación del terrorismo o de los terroristas o que hubiere intervenido o fuera el responsable del expediente de concesión de los nombres de las calles objeto de querella».

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