Viva el Paro

Los que ayer apoyaron al Movimiento País, motor político de la vieja partidocracia, que llevó a Rafael Correa a su reelección consecutiva, hoy se han convertido en carne de cañón de la represión del gobierno de la revolución ciudadana.&nbsp
A otro perro con ese hueso -dice el pueblo indignado- al ver cómo las promesas de campaña del candidato han caído en saco roto. El paro nacional se sustenta en el derecho constitucional a la resistencia, para rechazar la política entreguista y antipatria del gobierno de turno.

No solo a los maestros, sino al pueblo ecuatoriano le preocupa el hecho de que existan cinco mil escuelas cerradas por falta de atención del gobierno. A su vez, no habrá excelencia educativa mientras haya más de seis mil escuelas unidocentes donde un maestro se bate con seis grados al mismo tiempo. Cómo negar que el ministro de Educación Raúl Vallejo es corresponsable de la tragedia que vive el sector, pues está al frente de esa cartera desde 1988, período en el cual casi nada ha hecho para superar el déficit de partidas docentes, pues de las veinte y seis mil que se necesita, ofreció 12 mil, de las cuales apenas ha cumplido con mil partidas, un 3% del déficit nacional.

Si bien la Constitución reconoce el derecho humano al agua, cualquier Ley que apruebe la Asamblea Nacional estará subordinada al interés de las multinacionales mineras, que cuentan con el aval de la Ley de Minería, que da luz verde a la garantía, derecho, uso y aprovechamiento del agua para la explotación industrial a gran escala y su consecuente impacto ambiental. Como siempre se nombran en los Ministerios de Ambiente y de Recursos Naturales no renovables, a representantes de las multinacionales, los pueblos campesinos e indígenas que viven de la agricultura y ganadería están seriamente amenazados con el proyecto privatizador propuesto por el primer mandatario, quien aparece como “juez dirimente de última instancia” en caso de eventuales conflictos por el uso del agua.

El paro es una cuestión de dignidad ante tanto doble discurso y mentira que ha hipotecado la soberanía petrolera del Ecuador. Con total desparpajo, Rafael Correa que tachó a Gutiérrez como traidor por querer privatizar los campos petroleros estatales, hoy sella la primera etapa de su período con la privatización de los campos marginales, la entrega de los Bloques 5, 40, 20; el campo Sacha, Pungarayacu y, otros que vienen en camino. No conforme con ello, el gobierno ha empezado a socializar la nueva Ley de Hidrocarburos, en cuyo articulado se defiende los intereses de las multinacionales, pues el paso al contrato único de servicios específicos entrará en vigencia después de dos años.

Las petroleras bajan la producción, no pasa nada, las petroleras demandan al Estado ante el CIADI, qué importa; las petroleras evaden el pago de impuestos, hay que dejarles no más. ¿Y las leyes ecuatorianas? No se aplican y punto. Pero eso si, el gobierno tiene ministros agenciosos para que –a pesar de todo-, renegocien en nombre del Ecuador, nuevos contratos y en mejores condiciones para las transnacionales.

Basta ya de tanto entreguismo, pues el país lo que necesita es dar por terminados todos los contratos para recuperar el control y aprovechamiento directo de la explotación petrolera. Cada día que el gobierno cede a las presiones y demandas de las transnacionales petroleras -extendiendo sus contratos-, el Ecuador deja de percibir 10 millones de dólares diarios, cantidad suficiente para construir al año, 1200 escuelas del milenio.

Quién devalúa su palabra cada vez que habla pierde respeto y credibilidad, o dicho en otras palabras: “En boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso”. El gobierno y a la cabeza Rafael Correa aseguró que la multinacional Porta no iba más, que no se renovaría el contrato; entre otras razones por que le adeudaba al país más de 300 millones de dólares en impuestos. Al poco rato, bastó que venga al Ecuador un emisario del magnate Carlos Slim, para que se renueve el contrato por 15 años más. El país tuvo la oportunidad de oro, de pasar la operación de telefonía celular a la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con lo cual habría recuperado el 70% del mercado, con ingresos superiores a los 1000 millones de dólares anuales, suficiente para sacar al millón de niños trabajadores de las calles del país, para darles alimentación y educación gratis de por vida.

Ahora el regimen se ha quedado sin sus dos principales fuentes de ingreso fiscal, no tuvo la voluntad política de recuperar la Telefonía y el sector petrolero, ahora ha acumulado un déficit que supera los 3000 millones de dólares. El regimen actúa como sus predecesores, en una medida extrema para recuperar liquidez acaba de hipotecar más de 60 millones de barriles de petróleo a favor de Petrochina, perdiendo por concepto del pago de intereses más de 200 millones de dólares.

Y cómo la plata sigue faltando, el déficit fiscal se intenta cubrir con mayor endeudamiento externo. Con la hipoteca petrolera otorgada a la estatal china, más los préstamos solicitados a la CAF, al BID, al FLAR -organismos prestamistas del Banco Mundial-, Correa y su super ministro Diego Borja, han puesto sobre las espaldas de los ecuatorianos la pesada deuda de 2580 millones de dólares.

El Instituto de Seguridad Social IESS, sigue siendo la caja chica del gobierno, no solo que utilizaron 1500 millones para renegociar los bonos de la deuda externa, sino que se destinó 400 millones para transferir hipotecas privadas de los bancos al IESS, en una suerte de un disimulado salvataje bancario, en pleno siglo XXI.

Mediante decreto 1793, el Presidente prohibió todo contrato del estado en cualquiera de sus dependencias públicas, con empresas nacionales o extranjeras que tengan su casa matriz en paraísos fiscales. Resulta que el Consorcio Oleoducto de Crudos Pesados OCP, tiene su matriz en las Islas Caiman; al igual que en el caso de la construcción del aeropuerto de Quito, una de las empresas extranjeras que firmó el contrato con el municipio tiene su cede en las Islas Vírgenes; a pesar de lo expuesto, el gobierno se contradice, y adelanta de manera sospechosa la renegociación de los contratos, antes de que el pueblo se de cuenta de la ilegalidad y perjuicio que se irroga a la nación.

Causa indignación el constatar que el regimen ha cedido a las pretensiones de la casta privilegiada del Ejército, Policía Nacional, Marina y Fuerza Aérea. En lo que va del año el gobierno ha gastado el 92% del presupuesto de Defensa en la homologación de sueldos que literalmente ha duplicado el ingreso de los uniformados, lo cual representa nada menos que 639 millones de dólares pagados en remuneraciones. Al otro lado de la orilla, a los jubilados se les niega aumento en sus pensiones, a los trabajadores se les congela los sueldos o se intenta menoscabar sus derechos laborales. Me pregunto: ¿el gobierno es de los civiles o sirve a los militares?

En otro ámbito, ahora confirmo lo que sospeché desde hace dos años, cuando el ex Ministro de Defensa, Fernando Bustamante, -hoy asambleísta de País-, planificó la reestructuración y modernización de la Policía Nacional. En nota de prensa publicada en el diario El Expreso se reconoce que uno de los objetivos políticos del regimen es repotenciar a la Policía para “mitigar conflictos que pudieran desestabilizar al regimen y frenar las manifestaciones populares”. Los cerebros de la Universidad pro norteamericana San Francisco, es decir “los Ruptura de los 25 y Alternativa Democrática” fueron sabios gestores del cambio en la Policía.

Ahora que el pueblo organizado expresa su descontento en las calles, los resultados comienzan a darse: equipos de telecomunicación sofisticados, cientos de vehículos motorizados del año, decenas de miles de armas, bombas lacrimógenas “Made in USA”, todo un equipo completo antimotines; en suma, plata de erario nacional, se ha gastado para alimentar la represión fascista que hoy sacude al pueblo ecuatoriano.

Con cada bomba que el gobierno lanza en contra del pueblo, son 20 dólares que se bota a la calle que bien pudo servir para comprar un libro en las escuelitas públicas o costear el desayuno escolar de al menos 5 niños.

Por su parte, el Plan Libertador, copia exacta del aplicado en Colombia, con el membrete de la soberanía ciudadana, tuvo en la embajada de los EE.UU. su mejor aliado. Los equipos destinados a la intercepción de correos electrónicos y el espionaje telefónico fueron donados por la sede diplomática, con el beneplácito de Carondelet. Así es cómo el derecho a la privacidad se ha puesto en riesgo gracias al señor gobierno.

Ofreció Correa combatir los monopolios y las mafias socialcristianas ligadas a la importación del GLP y lo que terminó haciendo fue firmar un contrato a 18 meses, por 718 millones de dólares con la empresa Trafigura. Lo propio sucedió con la empresa Ecuavital, de cuyo gerente José Dapelo, dijo que era un “ganster”. A dicha compañía que forma parte del Consorcio Gran Colombia se le adjudicó el campo petrolero Armadillo.

Me queda mucha tinta en el tintero del perjuicio que este gobierno ha causado al país. Sin querer perder la objetividad en el análisis, cabe reconocer que -a parte de ciertas medidas asistencialistas de corte social-, que no pasarán de ser un paliativo a la pobreza que crece en el país, el único legado que se le puede atribuir al gobierno es la salida de los marines de la Base de Manta. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que la Embajada de los EE.UU. supo sacar una buena tajada, a cambio de la salida yanqui de la Base Aérea Eloy Alfaro. Hoy, gracias al gobierno de la revolución ciudadana, se permitió que la embajada gringa cuente con 60 mil metros cuadrados de terreno entregados a perpetuidad, donde se construyó –no solo una sede diplomática-, sino un verdadero bunker imperialista que alberga a todas las o­nGs intervencionistas como USAID, la CIA, etc.

Finalmente, los grupos sociales –llámese indígenas, maestros, trabajadores, estudiantes-, hoy forzados a salir a las calles, no pueden seguir cometiendo el error de defender únicamente sus espacios de poder, sus conquistas salariales o sindicales, por muy legítimas que sean, pues están cayendo en el más mezquino oportunismo, que ignora el interés general de la Patria, que hoy está amenazada con la pérdida de la soberanía.

La unidad debe forjarse si, pero poniendo en premier plano los sagrados intereses del Ecuador, que hoy han sido hipotecados y mancillados por la revolución burguesa del siglo XXI.

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