Victoria Rosell, jueza: “Las actuaciones policiales exceden la defensa del orden público. Son represión”

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Una iniciativa de sorprendente origen zoológico. Los promotores de la idea son la modesta ONG de ámbito internacional Igualdad Animal. “No es sorprendente. Nosotros, desde nuestra creación en 2006, hemos defendido el activismo y la desobediencia civil pacífica. O sea, que también somos víctimas de la represión”, señala uno de los responsables de comunicación de Igualdad Animal.

Reacio a revelar el presupuesto de la organización de un evento cuyo programa reunía a una veintena de ponentes -activistas, periodistas, abogados, jueces, fiscales, sociólogos, politólogos, filósofos y psicólogos– procedentes de Austria, Estados Unidos, España, Inglaterra, Islandia, Noruega y Siria, el mismo portavoz reconoce que reunir la financiación ha supuesto un “esfuerzo titánico” para su organización. “Hemos contado con el patrocinio de Last Chance for Animals, una ONG de Los Angeles, y también hemos vendido todo el aforo de entradas. Más de 300 a 12 euros para los dos días”.

La juez Victoria Rosell.

Una de las ponentes en este congreso será Victoria Rosell. Juez. Portavoz adjunta de Jueces para la Democracia. Y que valora contundentemente las no menos contundentes actuaciones policiales en las manifestaciones desarrolladas este año en España: “Hemos visto actos de auténtica represión que exceden la defensa del orden público. La invocación del orden público no puede convertirse en un pretexto para limitar el ejercicio de un derecho fundamental, el de manifestación. En democracia, el respeto a los derechos fundamentales forma parte del núcleo duro del concepto de orden público”.

La fiscal Inés Herreros.

Otra de las ponentes, Inés Herreros, fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales, trasciende la palabra represión al ámbito ejecutivo. También llamado gobierno: “Si por represión nos referimos al ejercicio de fuerza, cualquiera que sea la forma, que el poder establecido utiliza contra el pueblo que ejerce sus derechos democráticos pidiendo medidas, normas y una organización social que no beneficie solo a unos pocos, tenemos que reflexionar sobre la respuesta que se nos ofrece con el durísimo anteproyecto de código penal; con la cantidad de identificaciones policiales que se realizan; o sobre las sanciones administrativas en forma de multa por acudir a lugares de reunión o manifestación; o incluso por la actuación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando no van debidamente identificados”.

¿Se puede decir que los movimientos sociales, los movimientos callejeros, se están reprimiendo de forma antidemocrática?

“Resulta evidente pensar en la dificultad que han ido encontrando estos colectivos para luchar por el bien común” –responde la fiscal Inés Herreros-. “En sus acciones han ido recuperando los espacios públicos y comunes que ya parecían perdidos. Todos estos colectivos, en defensa de lo público y del estado social, han ido generando respuestas a los problemas sociales. Criminalizar sus acciones sería tanto como considerar que estas acciones son penalmente reprobables. Lo cual, código penal actual en mano, no resulta posible”.

“No sé si ya estamos tocando el fondo” –matiza la magistrada Victoria Rosell-. “Pero sí es un momento especialmente propicio para hablar de represión. Al menos para detectarla y denunciarla. Conociendo mejor los derechos, la ciudadanía puede valorarlos y luchar por ellos desde la cohesión social y la legalidad. Se había avanzado bastante en el estado social y democrático de derecho como para asistir inermes a la destrucción de la política social, el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales y el cuestionamiento del propio sistema democrático”.

Sobre el presunto encorsetamiento legal al que, según denuncian los movimientos sociales, pretende someterlos el futuro Código Penal del gobierno del PP, la juez Rosell dicta sentencia bastante taxativa: “Sí es cierto que las declaraciones públicas, las reformas legislativas y los proyectos de este gobierno apuntan a la persecución de la disidencia social. Pese a estar provocada en gran parte por el empobrecimiento de la población. Y, paralelamente, por la protección de los grandes intereses económicos y financieros que ha generado esta crisis. Un claro ejemplo para nosotros, los juristas, es ese anteproyecto de Código Penal presentado por el Ministerio de Justicia. Se centra casi exclusivamente en el incremento de la represión y el endurecimiento de las penas. Y prevé criminalizar la participación en actos en que otras personas porten objetos peligrosos, duplicar las penas si esto se produce en manifestaciones o reuniones, pero suprimiendo la agravación actualmente prevista en caso de eventos deportivos o espectáculos multitudinarios”.

Traduciendo: si se registra a una persona en una manifestación y se le encuentra una navaja, se podrá encausar a los manifestantes. Si sucede en un campo de fútbol o en una discoteca, la responsabilidad será solo del portador del arma.

“No existe en España ni un solo problema de impunidad respecto a ningún acto violento –añade la fiscal Herreros-. Así que podríamos pensar que cualquier modificación de las contenidas en el anteproyecto de ley que modifica nuestro código penal, y que consisten en la introducción de nuevas conductas o su agravamiento, supondrán una utilización de esta rama del derecho con finalidades distintas a las constitucionalmente previstas”.

¿Ha habido realmente un retroceso en los derechos ciudadanos durante este año de gobierno del PP, o es un mantra de la izquierda?

“Es una realidad constatable: se están produciendo las mayores restricciones en los derechos fundamentales de toda la etapa democrática-remata la magistrada Rosell-. “Empezamos con una reforma laboral injusta y de dudosa constitucionalidad, que introdujo un enorme desequilibrio en las relaciones laborales; propuestas de retroceso injustificables en clave de crisis económica en derechos de las mujeres; un aumento sin precedentes de las desigualdades, con enormes recortes que ponen a muchas personas en riesgo de exclusión social, y que sin embargo no afectan a los sectores más privilegiados (grandes empresas, entidades bancarias y grandes fortunas que siguen sin realizar aportaciones tributarias en términos equiparables a otros países de nuestro entorno, y a los que se permite una amnistía fiscal). Si a todo esto añadimos ahora la implantación de tasas judiciales desproporcionadas e inasumibles para la mayoría de la población, implica que los ciudadanos no podrán acudir a los jueces y tribunales en defensa de sus legítimos derechos por razones económicas, perdiendo también el derecho a la tutela judicial efectiva cuando más falta hace… El retroceso es real.”

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