Victimas de los crimenes de Estado por Verdad Justicia y Reparacion

El actual gobierno de Colombia liderado por Álvaro Uribe Vélez, es quizás uno de los más descarados en la estrecha relación con el narco paramilitarismo, salpicado de los peores escándalos de corrupción, para política y la más cruda violación de los derechos humanos con la puesta en marcha de su plan de guerra autodenominado Seguridad Democrática, que no es otra cosa que una feroz ofensiva militar, paramilitar e intervencionismo extranjero, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Políticas atroces de estado que sembraron de muerte, desolación, desplazamiento, pobreza e impunidad nuestro territorio. Conspiraron en este propósito macabro todos los poderes oligárquicos: el gobierno, el congreso, el poder judicial, el aparato militar, policial y de seguridad, la iglesia, los medios de comunicación privados, gremios económicos y trasnacionales del imperio. Los mismos que promovieron y financiaron la marcha del cuatro de febrero contra las FARC y el secuestro; delito que afecta en mayor medida la clase pudiente y políticos de la derecha, desde luego merece el rechazo como cualquier hecho que afecte la dignidad y condición humana por encima de las diferencias sociales. Pero también tenemos que decir que son estos mismos quienes judicializan, criminalizan, estigmatizan y silencian la protesta y movilización social, cuando el pueblo se opone a las privatizaciones, exige sus derechos, reclama sus tierras, servicios públicos y empleo.

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El movimiento contra víctimas de crímenes de estado que lucha por verdad, justicia y reparación, lo mueve a la movilización, a los encuentros y demás acciones legitimas, muchas más razones que el secuestro. Aquí convergen los miles de campesinos e indígenas masacrados y desplazados de sus tierras, los miles de dirigentes políticos de centro izquierda asesinados que creyeron en una visión distinta de país posible, los miles de dirigentes sociales aniquilados que alzaron su voz reclamando la soberanía nacional del territorio y los recursos naturales contra el saqueo de las transnacionales, los miles de dirigentes sindicales selectivamente criminalizados que protestaron reclamando sus derechos laborales, rechazando las privatizaciones y defendiendo los derechos humanos, los miles de desaparecidos que también fueron secuestrados por organismos militares o por sus grupos de exterminio paramilitar y que hoy tal vez no tengan la esperanza de ser devueltos con vida o al menos sus cuerpos mutilados. Como pueden ver no es menos doloroso el padecimiento de las víctimas de crímenes de estado, pero el gobierno, los medios de comunicación, la iglesia, la cúpula del congreso y demás instituciones de poder del estado son indiferentes, señalan y estigmatizan la iniciativa de encuentros y marchas del movimiento de victimas, pretenden limitarlo en la convocatoria, no hay publicidad de los medios de comunicación privada para promover estas acciones humanitarias de calle. La diferencia entre la marcha del 4 de febrero y la convocada por el pueblo para el 6 de marzo es inocultable. La acción de calle ha sido un instrumento de expresión social del pueblo que pretende arrebatar la oligarquía para legitimar su política deshumanizada, minimizar la verdadera protesta social y ocultar la verdad de sus políticas atroces.

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Las Organizaciones Sociales de Arauca, estamos en el movimiento de victimas contra crímenes de estado y a si debe ser la convocatoria. Vivimos hasta la saciedad el horror de los crímenes de estado, está el caso del bombardeo aéreo contra la población del humilde caserío de Santo Domingo de diciembre 13 de 1998, La masacre del puente de la Cabuya en el mismo año, la masacre de los tres sindicalistas en Caño Seco en el 2004 y más de un centenar de casos denunciados, mas los más de setecientos crímenes de los narco paramilitares en abierta complicidad de las fuerzas militares durante lo que va corrido del gobierno de Uribe. Es tenebroso el cinismo del gobierno para negar esta verdad, es vergonzoso que el ministro de defensa, uno de los Santos aliados incondicionales de Uribe, tenga el valor de decir que no hay crímenes de estado como política del gobierno que representa. La mentira y la injusticia merece el repudio del país, de la comunidad internacional y de los medios de comunicación realmente democráticos. Participaremos decididamente en el gran encuentro de victimas contra crímenes de estado y de la marcha convocada para el 6 de marzo como un esfuerzo de continuar luchando por verdad, justicia y reparación, y exigiendo una solución política que resuelva el conflicto social, político y armado que sufrimos, como también para la búsqueda de un acuerdo humanitario que vaya más allá del simple intercambio de prisioneros; que busque la humanización del conflicto y el respeto de la población civil.

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ROMPIENDO LA MORDAZA, POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO OPINEMOS NO CALLEMOS

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