Venezuela: Yukpas quieren aplicar su propia justicia

Las comunidades indígenas yukpa, que protagonizaron refriegas por el sistema gubernamental de reparto de tierras en el extremo oeste de Venezuela, reclaman la libertad de sus dirigentes presos para poder juzgarlos según sus leyes ancestrales.
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«Tenemos nuestra cultura, nuestra justicia. Podemos juzgar y castigar a culpables de algún daño a la comunidad sin que nuestros caciques estén presos bajo la ley de los watía (criollos)», dijo a IPS el joven Sabino Romero Martínez, cacique segundo de la comunidad Chaktapa, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.

Un grupo de indígenas y activistas de derechos humanos reclamó el viernes al TSJ respuesta a una solicitud de amparo para que «se restablezca el derecho que tienen el pueblo yukpa y todos los pueblos indígenas de Venezuela (36 etnias con unas 600.000 personas) a ser juzgados por sus propias leyes, a partir de su cosmovisión, usos y costumbres».

El trasfondo del conflicto está en la lucha de los yukpas por la demarcación y posesión de sus tierras ancestrales, que comprenden planicies al oeste del lago de Maracaibo y áreas de la Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera con Colombia, un territorio a entre 600 y 700 kilómetros al occidente de Caracas.

Las mejores de esas tierras fueron ocupadas a lo largo del siglo XX por ganaderos criollos, y los 12.000 yukpas viven en pobreza en áreas de montaña deseadas por empresas mineras trasnacionales del carbón. El gobierno rechaza entregar a ese pueblo un territorio indivisible y propone en cambio asignar parcelas a las decenas de comunidades de esa etnia.

En ese marco, se produjo un incidente violento entre yukpas de las comunidades vecinas Chaktapa y Guamo Pamocha, el 13 de octubre de 2009. Un día antes, el gobierno había entregado miles de hectáreas a tres comunidades de la etnia que aceptaron los parámetros oficiales para las demarcaciones.

El cacique principal de Chaktapa, Sabino Romero Izarra, con algunos hombres, mujeres y niños de su comunidad, se dirigió a los predios de Olegario Romero, jefe en Guamo Pamocha, para reclamarle por supuestas difamación e implicaciones en delitos de la zona, principalmente robo de ganado en operaciones de invasión de haciendas.

Las comunidades indígenas más combativas invadieron hace dos años varias haciendas, para presionar por la restitución de lo que consideran sus territorios.

La discusión entre la gente de Chaktapa y la de Guamo Pamocha degeneró en violencia y hubo disparos de escopetas desde ambos lados, que terminaron con la muerte de Eber García, yerno de Sabino Romero Izarra, y de Mireya Romero, hermana de Olegario; otros tres indígenas fueron heridos con disparos, y algunos más con golpes.

Están presos y comenzaron a ser juzgados por el incidente Olegario e Israel Romero (menor de edad) y Alexander Fernández, quien pertenece a la vecina etnia wayúu, además del cacique Romero Izarra, quien tras ser atendido en un hospital quedó prisionero en el Fuerte Macoa, un cuartel del ejército en la región.

La jueza del caso, Judith Rojas, negó la petición de la defensa para que entregase el caso a la jurisdicción indígena. La apoyó la sala de apelaciones de la región, en la ciudad de Maracaibo, capital del petrolero y occidental estado de Zulia.

«Es lamentable que se obvie la Constitución en este caso donde se daban los tres parámetros para entregarlo a la jurisdicción indígena: ocurrió en un área indígena, fue entre indígenas y rigen normas y pautas de control social propias del pueblo yukpa», opinó el abogado defensor Ricardo Colmenares.

El artículo 260 de la carta magna establece que «las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución, a la ley y al orden público».

Romero Martínez, hijo del líder preso, narró que «ya habíamos acordado juzgar lo que pasó entre representantes de las 64 comunidades yukpa, y que quien tenga que pagar lo hiciera con una compensación en años de trabajo o de servicio a la comunidad».

Le acompañaban el viernes su madre Lucía Martínez, y la de Alexander, Carmen Fernández, mientras unos chiquillos yukpa correteaban en la explanada del TSJ.

Pero «según la jueza, la jurisdicción indígena sólo vale para cuestiones menores, como un robo de gallinas, pero no para hechos como los que se ventilan», observó a IPS el antropólogo Lusbi Portillo, de la no gubernamental Sociedad Homo et Natura, con sede en Maracaibo y que acompaña las reivindicaciones indígenas desde hace 25 años.

«Se ignora que los pueblos indígenas, el yukpa en este caso, aplican justicia en sus comunidades según su cosmovisión desde siglos antes de que llegasen a América los españoles. Y en el fondo está el juego cerrado contra el dirigente Sabino Romero, que reclama el derecho a la demarcación y no entrega sus banderas», dijo Portillo.

Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea, dijo a IPS que «además de la jurisprudencia internacional a favor de la jurisdicción indígena, debe destacarse una situación desproporcionada, pues Sabino es un civil y se le tiene preso en un fuerte militar, en condiciones casi infrahumanas y con visitas muy restringidas».

«Es evidente que no se quiere ceder en la aplicación de la ley nacional, para reforzar el poder del Estado y para criminalizar protestas y actitudes como las de Sabino, y así sentar precedentes que desmoralicen la lucha indígena», dijo Alvarado.

Tomás Sánchez, diputado a la Asamblea Nacional por el Frente Humanista, un grupo disidente de la mayoría oficialista, dijo a IPS que denunciará el caso en el parlamento «no sólo por la casi incomunicación en que se tiene a Sabino, sino por la aberración de que se le recluya en un fuerte militar cuando se trata de un civil».

Tanto Sánchez como Portillo insistieron en que el Estado venezolano desarrolla una política de contención de los indígenas en el occidente porque la devolución de vastos territorios colocaría un candado a las aspiraciones de las trasnacionales del carbón.

Ambos flancos de la Sierra de Perijá, al este los estados venezolanos de Zulia y Táchira, y al oeste los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, constituyen una gran cuenca carbonífera con presencia de compañías transnacionales.

En el caso de los yukpas, «se les arrincona a parcelas en una franja que les privaría a la vez de tierras planas en manos de ganaderos a quienes el Estado no quiere indemnizar, y de la franja fronteriza con Colombia, que se reservan los militares», dijo Portillo.

El indígena Romero Martínez advirtió que «no nos cruzaremos de brazos. Si los meses pasan y nuestros caciques siguen presos, con riesgo para sus vidas y la fuerza de nuestras comunidades, entonces ocuparemos otras ocho o 10 haciendas. Hasta hemos pensado en tomar el Fuerte Macoa», concluyó.

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