Venezuela. Qué es la Ley Verdad del Congreso de EEUU y cómo debemos interpretarla

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El proyecto de ley Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistence and Development Act, o Ley VERDAD, por sus siglas en inglés, fue aprobada este lunes 16 de diciembre por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y este 19 de diciembre, por el pleno del Senado.

Los senadores estadounidenses Marco Rubio (republicano) y Bob Menéndez (demócrata), principales articuladores del asedio a Venezuela desde el Congreso estadounidense, son las caras visibles de esta iniciativa, que también vincula a representantes demócratas por la Florida, como Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell.

Este proyecto de ley es una iniciativa bipartidista y bicameral, lo que representa una maniobra del Estado profundo norteamericano para blindar y perpetuar legalmente la estrategia de cerco y asfixia contra la República Bolivariana de Venezuela.

La Ley VERDAD busca agudizar las medidas coercitivas unilaterales contra el país mediante modalidades de escalamiento. Aunque supuestamente su ámbito de aplicación recae en la capa dirigente del Gobierno Bolivariano, apuntan en realidad a fortalecer medidas de asfixia económica y bloqueo integral contra la economía venezolana.

También prevé la ampliación de la cuota de recursos destinados para el cacareado «restablecimiento de la democracia en Venezuela». Traducción: intentan fortalecer por la vía del Congreso la asignación de recursos para la desestabilización del país.

DINERO Y ANTECEDENTES

En junio de 2018, el Senado aprobó 20 millones de dólares y la Cámara de Representantes aprobó 15 millones de dólares adicionales para esos fines.

A este conjunto de recursos se deben sumar 400 millones de dólares que serán destinados a los golpistas venezolanos liderados por Voluntad Popular (VP) bajo la Ley VERDAD, empleando la tradicional cobertura de proveer supuesta «ayuda humanitaria», por lo que se indexa dicha erogación de dinero al Presupuesto Fiscal del año 2020.

Y aún quedan periodistas, analistas y demás personalidades de redes sociales que preguntan de dónde saca Juan Guaidó & Cía la camada de recursos para viajes en el exterior y lujos expuestos, aparte de las tramas de corrupción ya sonadas.

Por sus similitudes, por ser de iniciativa bipartidista, por ser de patrocinio bicameral, por asignar recursos para la desestabilización, por crear un falso marco legal para aplicar un bloqueo económico, la Ley VERDAD es similar a la Ley Helms-Burton aplicada contra Cuba desde 1995.

La Ley VERDAD también guarda similitudes con una aprobada en 2015 por el Congreso estadounidense, bajo la cual se autorizó la guerra contra el Estado Islámico en Siria. En dicho proyecto se refirieron a las supuestas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Bashar al-Assad para ejecutar una guerra en dos frentes y destinar recursos para «el restablecimiento de la democracia» en el país árabe.

Es decir, la semejanza entre ambos decretos también yace en filtrar recursos a una oposición que tantea la vía armada y la insurrección como método de combate político.

Con relación a Venezuela, dicha ley obliga al Departamento de Estado a trabajar coordinadamente con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), medios de comunicación «independientes» y la Asamblea Nacional (de mayoría antichavista), con el objetivo de socavar políticamente al chavismo y al Gobierno Bolivariano.

Dichos recursos serán destinados a estos brazos e instrumentos «civiles» del intervencionismo estadounidense en aras de nutrir el expediente que señala al gobierno de Nicolás Maduro como una instancia que comete «violaciones a los derechos humanos» y «crímenes de lesa humanidad».

La estrategia de Estados Unidos consiste en financiar la construcción de un caso hecho a la medida para satanizar al liderazgo chavista, con el propósito de judicializarlo en instancias internacionales en el mediano plazo, como la Corte Penal Internacional en La Haya (Países Bajos).

UN CONTROL DE DAÑOS INSTITUCIONAL

La Ley VERDAD sería la primera del Congreso estadounidense que sancionaría una criptomoneda, en este caso el Petro, lanzado por el Estado venezolano en 2018 para apuntalar la recuperación económica del país tras el estrangulamiento de las sanciones financieras de Washington.

Se trata de una «novedad» en términos legales y políticos dentro de la política exterior estadounidense, convirtiendo con ello al Petro venezolano en una vía para vehiculizar restricciones a un nuevo orden financiero internacional en ascenso, basado en las criptomonedas y en la impugnación del control punitivo de la banca corporativa estadounidense.

  • Asimismo, autoriza investigaciones financieras especiales para restringir, controlar e incautar «activos venezolanos» que supuestamente han sido cooptados por la «corrupción del régimen de Maduro». De esta forma, se blinda legalmente el saqueo de activos nacionales de Venezuela amparándose en el falso interinato del diputado Juan Guaidó.
  • Además, establece que las sanciones individuales serán retiradas a todos aquellos funcionarios gubernamentales que retiren su apoyo al gobierno legítimo de Venezuela, ofreciendo así un incentivo para la fractura de la institucionalidad venezolana.

La Ley VERDAD también obliga al Departamento de Estado a trabajar estrechamente con los aliados gubernamentales de Estados Unidos (Unión Europea y los países latinoamericanos nucleados en el fantasmagórico Grupo de Lima) para ampliar las sanciones contra Venezuela.

En esta misma línea, también puede verse como un recurso de poder para presionar a China y Rusia, con el objetivo de que en el mediano plazo retiren su apoyo al gobierno de Maduro.

Con la Ley VERDAD se reduce el apetito de una intervención militar por vías convencionales a Venezuela en el corto y mediano plazo, ya que viene a sustituir la vía del hard power por la del soft power, utilizando a las ONG, las sanciones, los medios de comunicación y la Asamblea Nacional como recursos de combate político, económico e institucional diseñados a la medida de una guerra no convencional.

Todo esto no hace sino confirmar el fracaso del plan de los halcones de la Casa Blanca y del establishment de seguridad nacional de Washington contra Venezuela.

Visto así, la Ley VERDAD es un ejercicio de control de daños que en la esfera institucional desarrolla el Partido de la Guerra (la sumatoria guerrerista entre demócratas y republicanos) para salvar la credibilidad del Imperio estadounidense frente a la resistencia venezolana.

VENEZUELA EN LA ENCRUCIJADA ESTADOUNIDENSE

La caída del chavismo fue ofrecida por estos actores (Rubio, Menéndez) como un «trofeo de guerra» que daría como resultado inmediato la elección de Donald Trump en el estratégico estado de Florida, donde reside la diáspora cubano-venezolana que exige una guerra fraticida contra Venezuela.

Aprovechando la atención de Trump al proceso de impeachment, el Partido Demócrata busca apoderarse de la política exterior hacia Venezuela desde el Congreso utilizando las sanciones y la presión económica como mecanismos de soft power para cristalizar el golpe de Estado bajo la narrativa de perseguir una «negociación pacífica y diplomática».

En términos de la política doméstica, los demócratas de Florida buscan socavar el monopolio que los republicanos han ejercido sobre la política exterior hacia Venezuela desde el ascenso de Trump, ofreciendo con la Ley VERDAD una vía «más efectiva» que la del presidente republicano, en un intento por traducir dicha maniobra en votos duros contra el inquilino actual de la Casa Blanca de cara a las elecciones de 2020.

En consecuencia, Venezuela podría reconfirmar su papel como el centro político de la diatriba continental, en una etapa de escalamiento y presiones que estarán enmarcadas en la disputa presidencial norteamericana.

Esto supone que 2020 será un año de incremento de presiones, donde el Congreso y la guerra institucional del Partido Demócrata contra Trump serán aspectos definitorios.

Para efectos de la política interna venezolana, el Congreso estadounidense intenta recalibrar el fracaso de los factores de la oposición venezolana.

Divididos, envueltos en innumerables casos de corrupción, deslegitimados y sin capacidad de haber cristalizado el golpe de Estado, ahora el Congreso estadounidense acude «al rescate», impulsando estos mecanismos para reanimar presiones y acentuar recursos para la desestabilización, respaldando la figura de Juan Guaidó.

Aunque la Ley VERDAD se intenta proyectar como un triunfo bipartidista y de los factores del golpe contra Venezuela, los problemas internos entre facciones estadounidenses sugieren lo contrario.

Este mismo año el proyecto de Ley de Estatus de Protección Temporal , la Ley de Restricción de Armas a Venezuela, la Ley de Asistencia Humanitaria para el Pueblo Venezolano y la Ley de Mitigación de la Amenaza Rusia-Venezuela, no han prosperado debido al control que los republicanos ejercen en el Senado.

La Ley VERDAD es el último proyecto que puede cristalizarse luego de haber fracasado con los cuatro anteriores.

El problema a largo plazo de la llamada Ley VERDAD será el de imposibilitar mecanismos de acuerdos políticos y acciones discrecionales del Poder Ejecutivo estadounidense, sea por parte de la Administración Trump u otra, para degradar o derogar las acciones de bloqueo contra Venezuela. Los inconvenientes que tuvo la gestión de Barack Obama y su manejo de la distención con Cuba derivaron a través de la Helms-Burton, por resaltar el mejor ejemplo a mano.

De esta manera se evidencia cómo el Congreso estadounidense usa su poder para regular, bloquear y reorientar las acciones de la presidencia de Trump y las venideras, dando un sentido definitorio en lo jurídico a la cruzada antichavista.

Reviste para Venezuela un gran problema político, dada la prolongación y perpetuidad de los factores del Estado profundo norteamericano como elementos esenciales que mueven los hilos de acción y discurso del establishment estadounidense, protegiendo sus proyectos de guerra geopolítica frente a cualquier cambio de dirección en la Casa Blanca.

misionverdad.com/La-Guerra-En-Venezuela/ley-verdad

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