Venezuela. Mínima antología de la demonización y ataques contra el chavismo

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Desde la activación en enero del golpe asistido internacionalmente por Estados Unidos, han venido emergiendo nuevas denuncias sobre incitaciones a linchamientos contra la población venezolana identificada con el chavismo.

Así lo declaró recientemente el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa al recibir una comisión integrada por víctimas de crímenes de odio y miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

William Saab recibió en su despacho a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, y una comisión de familiares de víctimas del odio quienes exhortaron al Ministerio Público a hacer cumplir la Ley Contra el Odio aprobada en noviembre de 2018.

El fiscal general expresó que ha visto con preocupación la escalada progresiva de estos crímenes, luego de haberse aprobado en noviembre de 2017 la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia como respuesta a la serie de persecuciones, agresiones y asesinatos que ocurrieron durante el periodo de violencia desatada por grupos armados durante la revolución de colores promovida por Washington y el antichavismo local de abril a julio de ese mismo año.

CASOS ACTUALES DE VIOLENCIA POLÍTICA Y ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL

«Nos reunimos con víctimas de violencia y con la representación de la ANC. Ellos nos hicieron el exhorto de que se cumpla la Ley contra el Odio. Nosotros ya hemos venido trabajando en eso y haciendo labores de inteligencia. Preparamos órdenes de captura contra los promotores de este tipo de delitos», expresó Tarek sobre los casos presentados.

La periodista de la Radio del Sur, Vanessa Gutiérrez, denunció las lesiones físicas que sufrió su padre el pasado 14 de marzo debido al ataque que recibió de vecinos que lo persiguieron por su posición política vinculada al chavismo.

El agresor de Luis Manuel Gutiérrez Moreno, que en un primer momento fue liberado por un tribunal, está siendo procesado por delitos de crímenes de odio, según lo anunció el fiscal general Saab.

Otro caso del cual el Ministerio Público (MP) está tomando acciones, fue el incendio de la vivienda donde se encontraba la alcaldesa del municipio San Judas Tadeo del estado Táchira, Betzabeth Gandica, junto con sus hijos.

El hecho ocurrió en horas de la noche del 9 de marzo y fue denunciado en su momento por el protector de Táchira, Freddy Bernal. Un grupo de manifestantes violentos que habían tomado la plaza Bolívar de la zona, se trasladaron hasta la residencia de Gandica, golpearon a su madre, ingresaron en la vivienda y la incendiaron poniendo en riesgo su vida y la de siete niños.

Los involucrados en este acto de intimidación pública fueron detenidos más tarde por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Además de estas violaciones directas, el MP está investigando en coordinación con el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) las acciones de instigación al odio que se han desatado en redes sociales.

La constituyentista, Tania Díaz, mostró pruebas en su intervención de individuos con cierto alcance en Twitter, que están utilizando sus perfiles para instigar al público a cometer crímenes de odio, como bien lo hicieron anteriormente en 2017, oxigenando el levantamiento de fuerzas irregulares que cometieron linchamientos a decenas de personas.

Salta a la vista el caso de la periodista Madeleine García, quien en su cuenta de Twitter advirtió sobre las amenazas contra su vida hechas por usuarios de esa red que incluso revelaron datos privados como la dirección de su vivienda.

Estos ataques ocurren en medio de la labor periodística que desempeñó recientemente en el puente Simón Bolívar, conexión fronteriza entre Venezuela y Colombia, que fue uno de los puntos de conflicto en la agenda de «ayuda humanitaria» que se desplegó el mes pasado.

García fue una de las primeras personas que mostró en el sitio de los hechos las evidencias que desmontaban el falso positivo mostrando que los camiones que pretendían ingresar llevaban dentro guayas, clavos, pitos y otros materiales que nada tenían que ver con insumos para la salud.

Recientemente informó que, en el estado Yaracuy, militantes del chavismo fueron objeto de mensajes extremistas. Asediaron las viviendas de dirigentes políticos locales, grabando imágenes que claramente buscan atemorizar a los bloques del chavismo.

ANTECEDENTES INMEDIATOS: EL RECURSO DEL ODIO PARA QUEMAR CHAVISTAS

Apenas unos meses separan a los venezolanos del centenar de víctimas que dejó la operación de golpe suave en 2017, con la movilización de una parte de la sociedad civil en la asignación de sumir en el colapso general al país y proyectar una imagen de ingobernabilidad.

De este saldo, al menos 30 personas fueron asesinadas por grupos violentos que recibieron el beneplácito de la dirigencia opositora y de seguidores fanatizados. El grado de aberración en los actos cometidos incluyó la quema de personas, el linchamiento a muerte y el apedreamiento a cadáveres incinerados.

Precisamente, es ejemplo oscuro de la línea que cruzó esa radicalización la muerte de Orlando Figuera quemado, apuñalado y golpeado por miembros de «La Resistencia» en la ciudad de Caracas, identificado con el chavismo únicamente por su color de piel. A su fallecimiento le siguió el testimonio de otras 20 personas quemadas que sobrevivieron a los ataques de estos escuadrones de la muerte.

Semejante a las acciones del Estado Islámico y de los grupos fascistas ucranianos, ocurrió el asesinato de Héctor Anuel a quien, al caer de su moto en una barricada ubicada en la ciudad de Lecherías (Anzoátegui), incendiaron vivo y luego grabaron cuando apedreaban los restos de su cuerpo en cenizas para difundirlo en las redes a modo de advertencia contra los «colectivos», concepto tergiversado de los movimientos políticos del chavismo que trabajaba por la desarticulación de la violencia en las calles.

Otros casos de asesinatos políticos, entre ellos el linchamiento del guardia nacional bolivariano, Danny Subero, (asesinado en el estado Lara cuando pasaba por el sepelio de una víctima de la violencia callejera) y la muerte de la enfermera, Almelina Carrillo, (impactada por una botella de agua congelada lanzada desde un edificio en Caracas) fueron los motivos que dieron origen a la Ley Contra el Odio, tipificando este tipo de agresiones como crímenes incitados por la intolerancia política.

Tarek William Saab, hizo alusión a estos crímenes señalando que en algunos casos se han adelantado investigaciones con labores de inteligencia, identificando a los responsables de dirigir las turbas violentas para ser procesados judicialmente. Denunció que uno de los que actuaron en el asesinato de Figuera se encuentra fugitivo en Colombia.

A veintidós meses del periodo más violento de la historia contemporánea venezolana, se activa el instrumento legal por la convivencia y la tolerancia para erradicar a tiempo una nueva escalada.

LA VIOLENCIA EXTREMISTA EN EL MARCO DEL PLAN GOLPISTA EN CURSO

Las crecientes amenazas de muerte por móviles de odio que ahora están siendo denunciadas, se encuadran en los acontecimientos detonados por los golpes de Estado de la Casa Blanca, a saber: el montaje de ingreso de ayuda humanitaria el 23 de febrero para violar la frontera venezolana y el ciberataque generado a la central hidroeléctrica del Gurí, que dejó sin servicios básicos al país por varios días seguidos.

El saldo negativo de los eventos, en el caso del 23 de febrero la puesta en escena de camiones quemados con supuesto cargamento de medicamentos e insumos para la salud y en el del apagón las falsas cifras de muertos por falta de energía eléctrica en hospitales; se suman a las circunstancias económicas que atraviesa la sociedad venezolana producto del bloqueo liderado por el Departamento del Tesoro estadounidense, redirigiendo mediáticamente la responsabilidad al Ejecutivo Nacional.

Las molestias del antichavismo son fuerza latente para impulsar conductas extremistas de sabotajes y alteración del orden público que afecte directamente la integridad física de los que se desvinculen de la agenda violenta.

https://twitter.com/Psicovivir/status/1113149136856059914?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1113149136856059914&ref_url=http%3A%2F%2Fmisionverdad.com%2Fentrevistas%2520%2Fcrimenes-de-odio-una-mirada-detras-de-la-operacion-libertad

Así, pequeños conatos de violencia como los presenciados durante los días del apagón, son rápidamente capitalizados por el autoproclamado, no bastando su reconocimiento y apoyo para que se regularicen en todo el país.

No es la primera vez que los líderes de la oposición legitiman las posiciones extremistas, ni tampoco es coincidencia que resurjan en un momento donde la propaganda bélica es constante y sonante en la política exterior estadounidense para disuadir de defender la soberanía nacional, entre otros sectores, a funcionarios de la institución militar venezolana.

De todos modos hay que recordar que la Asamblea Nacional en desacato fabricó una supuesta ley de amnistía que promete impunidad a todo aquel individuo que se someta al plan de desestabilización en el país, resarciendo las culpas de crímenes aún no cometidos.

Por eso tiene sentido que coincida la reactivación de propagandas de odio con la creación de células paramilitares reclutadas y formadas en el exterior para ingresar en el país y realizar actos terroristas que incluyen los asesinatos selectivos y el magnicidio del presidente Nicolás Maduro.

El desmantelamiento de la «Operación Libertad», empujada por el jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, y que contemplaba el financiamiento de entre ocho a diez equipos de sicarios centroamericanos deja también expuestos a los que preparan las operaciones psicológicas en la población civil, nublando el razonamiento de las mentes débiles que ante el arrebato de odio, están incapacitados para oponerse al terrorismo descarnado.

Entendiendo que la instauración de un gobierno paralelo en Venezuela no se va a concretar solo por el reconocimiento de algunos gobiernos satélites de Estados Unidos y previendo su agotamiento político, se preparan operaciones de propaganda que estimulan a la reserva de fanáticos de la oposición venezolana, sobre todo vía redes sociales e internet, a normalizar en el resto de la población el respaldo hacia la células terroristas que aterricen las amenazas de guerra tantas veces vociferadas por Bolton e inviables con el enfrentamiento directo de las fuerzas del ejército regular estadounidense.

Pero la memoria colectiva venezolana carece de fragilidad y los grupos extremistas han sido reducidos desde el 2017. Los nombres de los caídos por crímenes de odio están grabados en piedra y difícilmente pueda sostenerse un escenario parecido.

RECICLAJE DE LOS COLECTIVOS COMO PROPAGANDA DE MIEDO

El 1 de abril, John Bolton se dirigió al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para desencadenar el falso positivo de que los colectivos están disparando y reprimiendo a las protestas del sector opositor.

Los reportajes de medios como CNN, justifican estas acusaciones, difundiendo imágenes donde grupos motorizados impiden que las personas obstaculicen las vías de tránsito montando barricadas.

El efecto viral en las redes hace que aparezcan otros tantos alegatos de «colectivos» arremetiendo contra la «sociedad civil». Los videos muestran a personas agredidas con armas de fuego o golpeadas además de otras supuestamente asociadas al chavismo que serían los agresores, sin tener evidencias contundentes que conecten los casos.

Justamente el fin de semana anterior a la mención de los colectivos, grupos violentos trataron de impedir el abastecimiento de agua en la ciudad capital, que por los apagones continuos ha presentado dificultades para reactivar el suministro. La Guardia Nacional Bolivariana coordinada con líderes comunales de cada sector, se han encargado de trazar rutas para abastecer a la población y, en conjunto, proteger estas iniciativas de sabotajes externos.

El tuit de Bolton movilizó el discurso mediático transnacional, como en ocasiones anteriores, hacia un concepto deformado de los movimientos políticos del chavismo que operan en el país para, de esa forma, aplacar los pasos del Estado en conjunto con las comunidades organizadas en búsqueda de solucionar los problemas derivados del ataque al sistema eléctrico nacional, especialmente la distribución de agua potable en zonas urbanas.

El impulso sirvió para que la Asamblea Nacional en desacato concertara el término de «terrorismo de Estado» a estas acciones y el de «paramilitares» a las fuerzas organizadas del chavismo, legitimando la satanización internacional de los colectivos.

En un sentido más amplio, esto también corresponde a las preparaciones de la «Operación Libertad», anunciada para el 6 de abril y donde el aspecto central es «la movilización de todo el país para ejercer la presión necesaria para que cese la usurpación».

Para oxigenar los crímenes de odio que despedacen el temple apaciguado con que la nación ha encarado los ataques recientes, el discurso de Washington recurre al recurso fabricado de los «colectivos» como grupos armados que atacan y diezman a la población que no milita en el chavismo. Esta construcción proyectada en el exterior blanquearía los episodios siguientes de violencia política en el país que ya vienen perfilándose como amenazas.

CIERRE

La operación de cambio de régimen en Venezuela se complementa con el exterminio del chavismo, por lo que el brazo paramilitar de la intervención estadounidense viene a cumplir con ese objetivo, con el asentimiento del antichavismo global intoxicado por el odio.

En el supuesto de haber concretado el plan, deben tener garantizada la erradicación de esta fuerza no solo en el país, sino también en la región latinoamericana, para evitar cualquier posibilidad de resurgimiento que afecte los pujos por reconquistar el control político en lo que consideran su patio trasero. La insistencia de la muerte física del chavismo nace de allí.

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