Venezuela. Las «profecías autocumplidas» de Christopher Figuera

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Con el inicio del plan Guaidó, se sumó una nueva ronda de frustraciones y desengaños que se acumulan hasta el presente. Ahora parece perfirlarse con mayor claridad el cambio de agenda en la estrategia antichavista. Una serie de elementos evidencian ese giro.

Por ejemplo, la llegada de Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), a suelo estadounidense.

Recibido como un héroe, motivó inmediatamente su instrumentalización por parte de Washington. Su participación en el intento golpista del 30 de abril pasado orquestado principalmente por Leopoldo López, según el organigrama de la Operación Vuelvan Caras presentado por el gobierno, fue apenas la punta de lanza de su cooptación.

Su reaparición en el escenario mediático suministrando informaciones (por verificar) a funcionarios estadounidenses y The Washington Post (WaPo) luego de haber estado durante dos meses en Colombia bajo protección del gobierno de Iván Duque es una movida dentro de ese cambio estratégico.

En la entrevista con WaPo dice tener partes exclusivas de los «secretos de Maduro» que, en suma, constituyen nexos no probados que tendría el presidente venezolano con organizaciones relacionadas supuestamente al narcotráfico y el terrorismo.

Figuera relata incidentes que confirmarían estas relaciones criminales, narrativas coincidentes con las impuestas por las principales agencias de información que le han dado mayor preponderancia a estos elementos en las operaciones de propaganda contra Venezuela.

Tramas de corrupción, minería ilegal, lavados de dinero, guerrillas colombianas, injerencia cubana, narcotráfico y la familia presidencial venezolana son los condimentos de los «pitazos» expuesto en WaPo, que sirven de pretexto a las líneas argumentativas expuestas por el informe de Douglas Farrah, reseñado y analizado anteriormente en esta tribuna.

Por otro lado, en la versión de Figuera de los hechos vinculados a los preparativos del plan incluido en la Operación Vuelvan Caras, aporta datos irregulares de contacto con los conspiradores, entre ellos el empresario Raul Gorrín, que estaban en la tarea de «voltear a miembros leales de Maduro».

La figura del ex jefe del SEBIN ya es un factor más a considerar en Washington, donde influye cada vez más la estratagema de llevar a cabo una judicialización de facto tomando como elementos clave las «figuras desertoras» como testigos privilegiados, según la narrativa, de la «Empresa Criminal Conjunta Bolivariana».

UNIENDO LOS PUNTOS

Junto a la falta de pruebas concretas, que se posicionan como datos verificados, la entrevista se refuerza en hacer notar el pasado inmediato de la fuente con el chavismo y la cercanía al círculo más íntimo del presidente Maduro.

La operación informativa, en el fondo, toma como base el mencionado informe Farrah presentado ante el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS), que caracteriza al gobierno venezolano como una «Empresa Criminal Conjunta», tipificada en el derecho internacional y por lo tanto sirve como figura jurídica que direcciona la estrategia antichavista hacia los derroteros judiciales. Todos los caminos conducen al Departamento de Justicia norteamericano.

El documento fue presentado en Washington D.C., por sus autores Douglas Farah y Caitlyn Yates, ambos de IBI Consultants, una firma de inteligencia privada. Allí exponen que «la alianza de los Estados bolivarianos junto con las FARC se ha fusionado en lo que nosotros definimos como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana». Agrupa allí a representantes de movimientos que se enfrentan a los Estados Unidos en El Salvador, Nicaragua y Colombia (Frente Farabundo Martí, Frente Sandinista y las FARC) junto con Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El objeto central de IBI Consultants fue la de «designar al gobierno de Nicolás Maduro como ‘organización criminal transnacional’ o la inclusión del país en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo», un primer paso en la escalada judicial que comenzó hace unos años a través de las primeras denuncias ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, sin que haya sucedido más que el ruido mediático.

Nuevamente, existe una necesidad de conectar actos criminales no comprobados con relación a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y su relación con filiales en la región caribeña hasta lavado de dinero por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) con recursos obtenidos ilegalmente por las FARC y el ELN, en negocios de minería ilegal. Todo esto sustentado en reportes de prensa y casos inconclusos llevados por el sistema judicial estadounidense, una floja demostración de trabajo de inteligencia sólo por mencionar.

Con la entrada de Figuera, procuran perfilar una fuente «fiable» que sirva de soporte a la construcción de evidencia en el expediente que se viene armando contra los líderes políticos del Estado venezolano y el chavismo sobre los supuestos nexos que tienen con organizaciones relacionadas al narcotráfico y al terrorismo de manera supuesta.

El énfasis en las matrices preproducidas de la penetración de la organización político-militar libanés Hezbolá en territorio venezolano y el control fronterizo y minero por parte de la guerrilla colombiana, cimentan la edificación, en formato judicial, de una vía alterna de agresión.

UNA PEQUEÑA VUELTA DE TUERCA

En las esferas del poder político estadounidense existen fuertes cuestionamientos a los métodos implementados por su delfín Juan Guaidó, que lo llevan a resultados desastrosos políticamente, para ejecutar el cambio de régimen en Venezuela. Las señales más claras de las molestias se encuentran en las grabaciones filtradas por WaPo (again) de la reunión del Secretario de Estado Mike Pompeo con líderes sionistas en Nueva York a principios de junio, donde aseveró que «ha sido muy difícil mantener a la oposición unida».

Es posible que en Washington intenten calcular nuevas vías de concentración con Venezuela para motivar una movilización judicial en contra del Gobierno Bolivariano.

Con el pasar de las semanas se hace cada vez más evidente que la trama de corrupción recientemente develada por PanAm Post, protagonizada por los delegados de Guaidó para manejar los fondos de la campaña de «ayuda humanitaria» que se ejecutó en la frontera colombo-venezolana, pues los actores visibles de la Administración Trump han corrido la línea que los asocia con el último producto prefabricado de Voluntad Popular.

Los datos emitidos por Figuera y Farrah son parte de un control de daños por el fracaso en cámara lenta que hemos visto los venezolanos y sus enemigos durante los seis meses del golpe bajo el paraguas Guaidó.

Aun así, y de la mano con el ciclo de sanciones coercitivas, el bloqueo que en su más reciente ronda ha significado una precipitación en la caída de la producción petrolera venezolana y, en consecuencia, el agravamiento de la crisis económica que depende principalmente de la dinámica extractiva, no muestra efectividad en producir un quiebre dentro del Gobierno Bolivariano.

Al contrario, tienen un efecto contraproducente en la imagen internacional del gobierno de Estados Unidos que lo deja expuesto como agente desestabilizador de las condiciones sociales de la población venezolana. En palabras del ex diplomático William Brownfield: «Es necesario acelerar el colapso de Venezuela».

Los factores combinados influyen a la hora de decantarse por una solución orientada a incriminar a toda la estructura que compone al Estado venezolano, trascendiendo las imputaciones a figuras individuales y haciendo énfasis en la generalización del componente criminal en las conexiones expuestas por Figuera y Farrah, profecías autocumplidas que no son verificadas pero que, con el respaldo estadounidense, son insumos para la agresión.

misionverdad.com/La-Guerra-en-Venezuela/washington-cambia-de-agenda-con-relacion-a-venezuela-hacia-la-judicializacion

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