Venezuela: El expediente Rosales

Manuel Rosales es investigado por la Contraloría General de la República desde el año 2002 al 2004. Con los elementos de esa investigación, el ministerio público venezolano encontró suficientes pruebas para inculparlo. Las pruebas presentadas por la fiscalía indican que Rosales, aprovechando su condición de gobernante municipal y regional desvió los fondos de la nación a favor propio, de sus familiares y amigos.

Se le acusa de adquirir bienes inmuebles a lo largo de las gestiones en los diferentes cargos de elección popular que desempeñó en la entidad, tanto él directamente, como familiares testaferros

Durante la verificación efectuada por la Contraloría General de la República , Rosales no logró justificar la totalidad de los recursos administrados, durante el período evaluado, determinándose un incremento en el patrimonio no justificado, por lo que se le sigue un proceso por enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones presentadas ante la justicia venezolana.

Enriquecimiento Ilícito

El delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa a Rosales, está previsto en el artículo 73 en concordancia con el artículo 46, ambos de la Ley Contra la Corrupción.

De acuerdo con el artículo 73: El funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituya otro delito, será sancionado con prisión de tres (3) a diez (10) años. Con la misma pena será sancionada la persona interpuesta (testaferro) para disimular el incremento patrimonial no justificado. Asimismo, el artículo 46 de la misma Ley especifica que incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado en relación con sus ingresos, que no pudiere justificar.

Este artículo 46 señala que para la determinación del enriquecimiento ilícito, se tomarán en cuenta: 1) La situación patrimonial del investigado. 2) La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios. 3) La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento. 4) Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes indicados en el artículo 4 de esta Ley (patrimonio público).

Por ello, en virtud del contenido de la declaración jurada de patrimonio presentada por Rosales Guerrero y la verificación de la veracidad de la misma, llevada a cabo por la Contraloría General de la República , el Ministerio Público decidió acusarlo.

El presunto enriquecimiento ilícito habría sido cometido entre el 2002 y 2004, durante su gestión como gobernador del estado de Zulia.

Rosales es dueño de siete viviendas, un centro comercial y participa en 13 empresas ubicadas en el estado de Florida, entre ellas la Agropecuaria La Milagrosa. También es dueño de RT International Group. Aparentemente tiene testaferros para propiedades con un valor de más de 3 millones de dólares, formada por sus hijos, hermanos y cuñados.

Cronología del caso

La investigación se inició el 13 de septiembre de 2004, por la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de Zulia, en virtud de la denuncia formulada el 2 de agosto de 2004, por el ciudadano José Luis Pirela, quien se desempeñaba como secretario general del partido Patria Para Todos, PPT, en el Zulia.

Pirela indicó que Rosales adquirió una serie de bienes inmuebles a lo largo de las gestiones en los diferentes cargos de elección popular que desempeñó en la entidad, tanto directamente, como a través de familiares o testaferros, así como la constitución de la Sociedad Mercantil Inversiones Agropecuarias La Milagrosa , C.A., de la que es gerente, empresa a través de cual adquirió fundos y haciendas.

Durante el lapso de la verificación efectuada por la Contraloría General de la República , Rosales no logró justificar la totalidad de los recursos administrados, durante el período evaluado, determinándose un incremento en el patrimonio no justificado por la cantidad de 147 millones 389 mil 966 bolívares.

Como consecuencia de ello, y de otros elementos, el Ministerio Público imputó el 11 de diciembre de 2008 a Rosales Guerrero, en la sede la Fiscalía Undécima a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra la Corrupción , Bancos, Seguros y Mercados de Capitales.

La investigación en este caso es parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, el cual fue remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007. Mediante el mismo se concluyó que el actual alcalde de Maracaibo registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.

El Ministerio Público acusó el jueves 19 de marzo de 2009 a Rosales por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Correspondió, por distribución, al Tribunal 6º de Control del Zulia conocer de la acusación contra el ex gobernador. El Ministerio Público solicitó la medida de privación de libertad, en el escrito que fue consignado ante la Oficina Distribuidora de Expedientes del estado de Zulia.

El expediente que instruyó el Ministerio Público en este caso de Rosales, cuenta con 26 piezas judiciales, 12 de ellas correspondientes a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y 14 procedentes de los actos investigativos de la Contraloría General.

El 20 de marzo, el Ministerio Público solicitó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la radicación de la causa seguida a Manuel Rosales, a fin de evitar que se altere este proceso judicial en el estado Zulia. La fiscal Katiuska Plaza presentó formalmente el escrito de solicitud de traslado del proceso a Caracas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal.

Para el 20 de abril estaba fijada la audiencia preliminar en el caso del alcalde de Maracaibo, en el Tribunal 19º de Control de Caracas, que debía resolver si es pertinente o no la acusación interpuesta por la fiscal 11 con competencia Nacional, Katiuska Plaza, el pasado 19 de marzo. La audiencia no se realizó porque Rosales fugó del país.

Otras perlas del “asilado”

Entre las acusaciones consignadas ante el Ministerio Público contra Rosales se encuentran: caso Lotería del Zulia; compra de mansiones en La Virginia , Maracaibo, y en Miami, Estados Unidos, por un millón y medio de dólares, 799 mil dólares y 306 mil dólares; registro de 13 empresas; depósito ilegal de divisas en cuentas internacionales; compra de 400 reses y donación fraudulenta de unos 200 vehículos (camionetas y motos) de la Gobernación del Zulia.

El 2 de abril, una nueva acusación, por el delito de intento de homicidio en grado de frustración, fue introducida contra Manuel Rosales, ante la sede del Ministerio Público en el Zulia. La denuncia fue presentada por el inspector estadal del trabajo, William Portillo, quien estuvo acompañado por seis trabajadores que resultaron lesionados el día anterior durante una manifestación frente a la sede municipal, en la cual exigían su reincorporación.

En su programa ‘’ La Hojilla ’’, Mario Silva denunció recientemente que unas 42 “empleados fantasmas” de Un Nuevo Tiempo, partido de Rosales, cobran sueldos de la Gobernación del Zulia. Anteriormente, se habían divulgado grabaciones en la plenaria de la Asamblea Nacional , en las cuales se habla de la distribución de 400 millones de bolívares fuertes, por parte de Rosales, para el periodista Gustavo Azócar (ex precandidato de UNT a la gobernación de Táchira), el ex diputado Enrique Márquez, además del ex candidato a la Alcaldía de Caracas por UNT, Stalin González; César Márquez y alguien con el apodo ‘’Bola de fuego’’.

En enero pasado, el diputado Julio Moreno, de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional , anunció que fue aprobado el informe concerniente a la denuncia contra Rosales y el director de la Policía del Zulia, comisario Jesús Alberto Cubillán, por irregularidades en donaciones de cientos de vehículos pertenecientes a la Gobernación de ese estado.

En diciembre de 2008, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Mario Isea, presentó ante la Fiscalía General de la República evidencias relacionadas con el caso de la compañía Siemens que presuntamente involucran a Manuel Rosales, registrado cuando este era alcalde de Maracaibo. Isea informó que la compañía Siemens pagó comisiones a funcionarios para concretar el contrato de la línea uno del transporte subterráneo

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