Vanesa Sánchez y trabajadores de Yegen exigen sus derechos en Granada
Dos juicios que se celebran el próximo 10 de febrero en Granada -y en los que el SAT denuncia abusos y transgresiones de la legislación laboral – nos sirven como piedra de toque para describir cuál es la realidad del calvario que deben sufrir los que demandan justicia en la Jurisdicción Social de nuestra provincia y cuáles son las condiciones laborales imperantes. El SAT ha realizado un llamamiento a concentrarse ante los Juzgados de La Caleta en Granada.
El próximo miércoles 10 de febrero, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) afronta en Granada dos juicios que nos vienen a aportar una valiosa información sobre las penalidades que sufren los trabajadores a manos de sus empleadores y el tortuoso camino que deben recorrer si se ven abocados a solucionar sus conflictos por la vía judicial.
Ambas demandas han sido señaladas el mismo día en el Juzgado de lo Social nº1 de Granada: la primera la de Vanesa Sánchez, delegada sindical del SAT en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía y que prestaba sus servicios en una empresa concesionaria del servicio de Limpieza, RYDALCA, cuyos propietarios son conocidos morosos y defraudadores, pese a ello, vueltos a contratar por una administración pública. La segunda corresponde a un grupo de trabajadores migrantes – en su gran mayoría marroquíes y colombianos- casi todos ellos sin permiso de trabajo en el momento de producirse los hechos denunciados y que fueron perpetrados por otro personaje siniestro: Simón Sabio.
Vanesa Sánchez y la lucha permanente por sus derechos.
Vanesa, junto al SAT, la asamblea interprofesional y numerosas organizaciones sociales, partidos y otras de la izquierda granadina ha protagonizado durante 15 meses una campaña permanente de denuncia y solidaridad hacia su causa que ha traspasado notoriamente las lindes de Andalucía para extenderse a todo el Estado Español e, incluso, para trascender por Europa y otros lugares más remotos.
Vanesa, a la sazón delegada de la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) en RYDALCA SELECCIÓN S.L. – concesionaria entonces del servicio de limpieza en la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada – llevaba once años trabajando en el mismo centro para diversas empresas contratadas por la administración autonómica cuando el Trifachito andaluz se aupó al poder en las últimas elecciones andaluzas y aprovechó un cambio de ubicación de la sede de la delegación, para quitarse de en medio a una sindicalista y luchadora bien conocida por no someterse a las prácticas mafiosas de las empresas de Limpieza. En un sector precarizado, altamente feminizado y presa del filibusterismo empresarial, Vanesa Sánchez padeció su irregular despido a manos de Gustavo A, Rodríguez, delegado de Turismo en Granada, el cual aplicó a pies juntillas el manual del defraudador en el Sector de la Limpieza, dejando en la calle a una trabajadora ejemplar.
Desde entonces, Vanesa Sánchez y el SAT han interpuesto tres denuncias: por despido, vulneración de derechos fundamentales y cesión ilegal de trabajadores contra las empresas de limpieza afectadas y la propia Junta de Andalucía que han sido acompañadas con más de 50 concentraciones, dos manifestaciones y otros actos públicos. Aunque en algunos momentos de este prolongado conflicto se mantuvieron entrevistas y negociaciones con la Junta, finalmente no se pudo llegar aun acuerdo que repusiera los derechos, a Vanesa en su puesto de trabajo y las cantidades adeudadas a la compañera.
Tras el despido de Vanesa trascienden las deplorables condiciones de trabajo en el sector, el incumplimiento permanente de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y un aplazamiento de su juicio previsto inicialmente para el 8 de junio del 2020.
Trabajadores migrantes estafados por un profesional del timo.
La segunda demanda que debe resolverse el 10 de febrero es la interpuesta contra Simón Sabio, un empresario originario de La Rábita (Granada) que ya se las había tenido que ver con el SAT en el Levante de Almería por haber protagonizado allí diversas estafas. A la denuncia en la jurisdicción social, el sindicato suma otra por la vía penal contra este personaje por considerar que cometió un delito contra los derechos de los trabajadores.
Simón Sabio estafó a un grupo de cerca de 40 trabajadores a los que tuvo trabajando durante meses – entre abril y agosto del 2019 – en dos fincas agrícolas de La Alpujarra, concretamente en Yegen, y a los que nunca dio de alta en la Seguridad Social ni pagó sus salarios. Un día desapareció, dejando también impagado el arriendo de las fincas, numerosos pertrechos, materiales para el trabajo y el alquiler de dos viviendas en la localidad. Los trabajadores, algunos con hijos y en su mayor parte sin permiso de trabajo, se vieron sin un euro y abandonados a su suerte y ante su llamada de socorro, compañeros del SAT de Granada y la Costa acudieron en su ayuda. Tras informar a los trabajadores de sus derechos y de la posibilidad de denunciar los hechos, la solidaridad de clase por parte del sindicato se hizo efectiva mediante varias entregas de alimentos, productos de limpieza e higiene, así como en la ayuda prestada para que pudieran abandonar la localidad y buscar trabajo en otros lugares. A partir de entonces, se ha desarrollado una persecución jurídica del empresario, una coordinación complicada de este grupo de trabajadores – ahora disperso por una decena de localidades de Andalucía y fuera de ella – y las demandas ante la inspección de Trabajo y la fiscalía provincial que han aportado pruebas determinantes para las denuncias interpuestas.
Este grupo de trabajadores también ha sufrido varios aplazamientos en sus demandas judiciales hasta poder llegar a donde estamos ahora.
Pero estos abusos aludidos y cometidos en Yegen, no son una excepción y se ven repetidos en el tiempo en las zonas agrícolas de Granada. Impagos de salarios y/o pago por debajo del convenio, falta de alta en la Seguridad Social, amenazas y racismo, conforman el pan nuestro de cada día para decenas de miles de peones agrícolas que viven en condiciones de pobreza sonrojantes mientras que multitud de empresarios de quienes dependen obtienen, en muchos casos, beneficios millonarios o viven bien holgadamente de lo que roban a sus empleados.
Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza.
Hace más de 500 años, en el canto III de la Divina Comedia su autor Dante Alighieri, situaba esta frase lapidaria en la puerta de entrada al Infierno. Si Dante la reescribiese hoy, podría situarla en la puerta de las explotaciones agrícolas, en la de las de las empresas del Sector de Limpieza y, principalmente, en la de los Juzgados de lo Social y otros organismos a los que hay que acudir antes de presentar la definitiva demanda.
El sistema de relaciones laborales instituido por el Régimen del 78 está podrido y presenta unas carencias tales que causa ira y vergüenza. Juzgados de lo Social, CMAC, SERCLA, etc forman parte del itinerario que deben recorrer los trabajadores y trabajadoras antes de ver presentada su demanda cuando mediante la acción sindical no puede solucionarse su conflicto.
En primer lugar podemos apreciar una nula política de prevención del fraude empresarial por parte de las administraciones públicas y, muy al contrario, se subvenciona o contrata mediante licitaciones públicas a auténticos estafadores profesionales que multiplican por diez sus beneficios gracias al saqueo y el expolio de los derechos de los trabajadores .Y entre los diversos anillos del infierno que deben traspasar en su camino los que suman el valor suficiente para interponer una denuncia, serán muchas las tachuelas que deberán superar.
Hoy en día los centros de mediación y arbitraje (CMAC) de Granada están cerrados y no atienden ni de manera telemática en cuestiones relacionadas con despidos, reclamaciones de cantidad, y otras demandas. Sí atiende – por vía telemática e incluso presencialmente – el SERCLA (servicio extrajudicial de resolución de conflictos), chiringuito corporativo que nos han colado a todos los trabajadores y trabajadoras y que es un auténtico cementerio de elefantes donde se buscan muy bien la vida antiguos responsables de CCOO-UGT y miembros de las organizaciones patronales los cuales cobran un verdadero pastizal a cargo del erario público por prestar un servicio que, de manera profesional y con un carácter cien por cien público, prestaban los funcionarios del CMAC. También deberán pasar, según el caso, por una Inspección de Trabajo infradotada económicamente, necesitada de muchos más inspectores y subinspectores y de la se anuncia que parte de sus labores van a ser externalizadas por el “Gobierno más progresista de la historia”.
Y, finamente, el que no haya tirado la toalla, llegará al Juzgado de lo Social. Según se nos dice, la jurisdicción social incluye el conjunto de órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo y cumple una función de garantía de los derechos del trabajador, operando con unos principios propios y distintos del proceso civil, en tanto que se compensa la desigualdad sustancial social y económica en que el trabajador se encuentra frente al empleador o empresario. Pero en, la práctica, todo es muy distinto: constantes retrasos y aplazamientos, lentitud exasperante, juicios señalados a dos y tres años vista será, en el mejor delos casos, lo que se encuentre quien allí acuda.
Conscientes como somos desde el SAT de que, cada día y gobierno que pasa, nada mejora nuestras condiciones laborales y que nuestros derechos siguen siendo pisoteados, hemos convocado a una concentración de apoyo este miércoles 10 de febrero desde las 9’ 30 horas para acompañar a nuestras compañeras y compañeros. Confiamos plenamente en el trabajo previo realizado desde el sindicato y hacemos extensiva esa confianza a la labor de nuestros abogados, pero necesitamos gritar alto y claro que, en tiempos de pandemia, para exigir nuestros derechos y nuestros salarios no nos vamos a quedar en casa.