Valtonyc y Arco: medios, galeristas y políticos de todo el mundo cuestionan la democracia española
La censura de la obra ‘Presos políticos’, del artista Santiago Sierra en la feria Arco de Madrid ha acabado teniendo el efecto contrario: la difusión de la obra y del caso en todo el mundo, con noticias publicadas en los diarios más prestigiosos. Por ejemplo, el New York Times, que empieza de este modo tan contundente: ‘Mediante la ley o la intimidación, España se ha convertido un país donde el riesgo para la libertad de expresión ha ido creciendo estos últimos años.’ Además, galeristas internacionales que este año exponen en Arco han criticado la censura con dureza.
‘Es jurásico y medieval, solamente lo hemos visto en países árabes donde lo ordenaba un jeque’, ha dicho León Tovar, galerista colombiano establecido en Nueva York, pocos minutos después de haber recibido la visita de los reyes españoles en su estand. ‘Si el artista no puede hacer su trabajo, qué es la creatividad (reflexiones y cuestionamientos)… mal vamos’, ha dicho el galerista francés Lyle Ashton Harris.
La galerista chilena Isabel Aninat, con un estand rebosante de obras que precisamente hablan de la censura, ha dicho que era ‘una ingenuidad’ la decisión de la dirección de Ifema. ‘Una obra de arte censurada inmediatamente adquiere valor’, ha añadido.
Impacto en la prensa internacional
El diario New York Times ha sido de los primeros en hablar del caso de censura en Arco y ha cuestionado la libertad de expresión en España. Menciona el caso de los titiriteros encarcelados por ‘enaltecimiento del terrorismo’; el de una joven procesada bajo la acusación de haber publicado amenazas a políticos a Twitter, ‘igual que músicos y poetas’. Destaca que ‘la decisión llega cuando hay artistas que han tenido problemas legales por obras que ‘insultan’ al establishment político y monárquico, o que se ha considerado que exaltaban el terrorismo u otras formas de violencia’. Y habla de la condena a tres años y medio de prisión del cantante Valtonyc, de quien explica que recurrirá al Tribunal de Estrasburgo y que es un preso político, ‘un concepto –dice el diario– que no es fácilmente desestimable en un país cuya historia incluye una dictadura fascista’.
También señala que durante el gobierno de Mariano Rajoy ‘se ha aprobado una ley muy criticada sobre la seguridad pública que pretendía controlar la proliferación de protestas durante la crisis financiera’.
El diario británico The Guardian destaca que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha ido a la inauguración de Arco ‘por la polémica sobre la libertad de expresión y la libertad artística en España’. Dice el diario que el motivo, la censura de la obra de Sierra, incluye las fotografías de Junqueras y de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Y añade: ‘La polémica llega después de la sentencia a tres años y medio de prisión de un cantante de rap’ y de ‘la orden de un juez de secuestrar las copias del libro Fariña, sobre el tráfico de drogas en Galicia, a raíz de una denuncia presentada por un ex-alcalde contra el autor.’
Además, se hace eco del informe anual de Amnistía Internacional, presentado hoy en todo el mundo, en que se critica ‘que España utilice la ley para minar la libertad de expresión’ y ‘la incriminación de gente que ha expresado opiniones que no constituyen una incitación al terrorismo y que entran dentro de las formas permitidas por la legislación internacional en materia de derechos humanos’. Más concretamente, de los casos de los titiriteros encarcelados y el de Cassandra Vera, la joven que fue procesada por bromear sobre el asesinato de Carrero Blanco. Dice también, citando el informe de Amnistía Internacional: ‘Los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica de los independentistas catalanes fueron reprimidos desproporcionadamente y la policía española usó una fuerza excesiva contra los manifestantes pacíficos que querían participar en el referéndum unilateral de octubre.’ Y añade: ‘Amnistía pidió recientemente la liberación de Sànchez.’
La cadena británica BBC empieza diciendo: ‘Una feria de arte en España ha retirado una obra de arte que incluye fotografías de políticos catalanes encarcelados.’ Y recoge las declaraciones de Sierra diciendo: ‘La retirada malogra la reputación internacional de la feria de arte y del estado español.’
La prensa francesa también se ha hecho eco. El diario Libération explica los hechos y los detalles de la exposición, y destaca que ha intentado hablar con el director de Arco pero que no lo ha logrado. También habla el diario Le Figaro, que recuerda: ‘En España ha habido hace poco debates sobre la libertad de expresión.’
La condena de eurodiputados
La condena a Valtonyc y la censura de Arco han hecho reaccionar a una treintena de eurodiputados. En una pregunta parlamentaria con el título ‘la libertad de expresión, bajo amenaza en España’, los diputados han informado por escrito el ejecutivo comunitario de esta situación y de otras, como por ejemplo el secuestro del libro ‘Fariña’. En la pregunta también se han referido a Pablo Hasel, que espera la sentencia que lo podría enviar a la prisión después de ser juzgado por calumnias contra el rey español. Los eurodiputados han expresado dudas sobre el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos por parte del estado español. Los impulsores de la iniciativa han sido Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé (ERC), que han contado con el apoyo de Ernest Urtasun(ICV), Ramon Tremosa (PDECat) y una treinta eurodiputados más de los Verdes y de la Izquierda Unitaria.
‘¿La Comisión Europea considera que la ley española de seguridad ciudadana [la llamada ‘ley mordaza’] y el código penal español se corresponden plenamente con los artículos 11 y 12 consagrados a la carta?’, han pedido a la institución. El artículo 11 establece que ‘toda persona tiene derecho en la libertad de expresión’ y la 12 recoge el ‘derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación a todos los niveles’.
En el escrito también han recordado que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se ha pronunciado contra el artículo 490 del código penal español, que ofrece protección a ciertas instituciones contra el delito público y prevé penas por calumnias o injurias al rey español. Los diputados han denunciado que este artículo había sido ‘la base legal para resoluciones recientes’ y que, a pesar de la opinión de Estrasburgo, ‘no ha tenido ningún cambio’.