Con carpetas repletas de hojas, los principales líderes de la oposición concurrieron al Juzgado de Crimen Organizado para presentar diez denuncias sobre diversos negocios de ANCAP. Dos años después de esa escena, en mayo de este año, la jueza de Crimen Organizado de 1er Turno, Beatriz Larrieu, procesó sin prisión al ex vicepresidente Raúl Sendic por reiterados delitos de peculado y abuso de funciones mientras estaba al frente de la petrolera estatal.

Si bien el vicepresidente evaluó dar por cerrado el capítulo de la causa de ANCAP luego de que trascendiera el fallo de la jueza, unos días después anunció que apelaría el dictamen. En paralelo, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, también tuvo diferencias con el fallo y también apeló el dictamen, ya que la magistrada resolvió absolver a los otros ex directores de la petrolera estatal. Según planteó el fiscal en el texto de la apelación, existieron “elementos de convicción suficientes” para impulsar un proceso penal contra los demás indagados.

Larrieu explicó en su fallo que el ex vicepresidente gastó con sus tarjetas corporativas 550.000 pesos y 38.000 dólares en hoteles, joyerías, librerías, freeshops, entre otros, pero tan sólo devolvió 138 dólares. De esta forma, señaló en su fallo, en su calidad de presidente de la petrolera, Sendic “hizo un uso indebido del dinero”, que destinó a “gastos personales”. La jueza además reconoció abuso de funciones de Sendic en el negocio con la empresa Exor, contratada para cancelar la deuda de la petrolera uruguaya con PDVSA. Sin embargo, la petrolera venezolana posteriormente optó por descartar a dicha empresa del negocio y solicitar que el banco Bandes fuera la institución que actuara como intermediaria. Según el dictamen de la jueza, no existió un procedimiento competitivo, y las gestiones del ex vicepresidente fueron “arbitrarias” porque en ningún momento dio cuenta al directorio ni consultó al departamento jurídico.

En consonancia con ese dictamen, el Tribunal de Apelaciones no encontró ningún argumento para modificarlo y, por lo tanto, ratificó lo dispuesto por el fallo en primera instancia. Los ministros entienden que los “administradores” tienen que ser “extraordinariamente cuidadosos en el manejo de dineros públicos”, y si bien se plantea que la actuación de los demás indagados fue “irregular”, sólo en el caso del ex vicepresidente se entiende que “constituye delito”.

También se pone en cuestión el accionar de Sendic en relación con el negocio con Exor: en el fallo se sostiene que “Sendic, prescindiendo de todo asesoramiento, en particular de la Jurídica de ANCAP, acordó con Exor y PDVSA una ingeniería financiera para cancelar las deudas”, señalan los ministros, y añaden que cuando “ya se había acordado todo y PDVSA incluso había desplazado de su participación en el contrato a Exor, buscó la ratificación de lo actuado por parte del Directorio”. Así, se concluye que su conducta fue “claramente arbitraria y abusiva”. y se agrega que es de “buen de administrador” evaluar las “condiciones de la oferta” y “rechazarlas si no son convenientes o adecuadas, o por lo menos someterlas a consideración del directorio”.

Se plantea, además, que Sendic se “extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones” y que está probado que “se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal”, en el caso del uso de las tarjetas corporativas. También se recuerda que existía una reglamentación sobre el uso de tarjetas corporativas –incluso se destaca que había sido “propuesta por el propio Sendic”– y que “los usuarios de las mismas cumplieron con la rendición de cuentas correspondiente”, salvo Sendic, que “sólo justificó un gasto por 138 dólares”.

Los pasos técnicos

Pacheco dijo a la diaria que cuando le notifiquen oficialmente la sentencia del Tribunal de Apelaciones tiene un plazo de 15 días para interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Tengo que estudiarlo”, dijo al respecto, porque la casación es un recurso que no se puede “aplicar en todos” los casos y “es bastante limitado”, por lo que “tengo que ver en qué puntos tendría elementos como para interponer el recurso”, explicó. De todas formas, recalcó que aún no definió si va a interponer o no el recurso y que, en primer lugar, estudiará el fallo “con calma”.

Por otro lado, el abogado de Sendic, Ignacio Durán, dijo ayer a El País que “jurídicamente no corresponde” llevar el caso a la SCJ y, por tanto, la defensa del ex vicepresidente no interpondrá ningún recurso. Además, señaló que si bien a Sendic “no le gustó” la resolución del Tribunal de Apelaciones, “decidió acatarla”.

Otro de los aspectos que estuvieron en cuestión cuando se difundió el dictamen de la jueza fue si Sendic estaba habilitado para ser candidato en las próximas elecciones. Desde la Corte Electoral informaron a la diariaque en el momento en que sea notificado el fallo en segunda instancia el organismo aplicará el artículo 125 de la Ley de Registro Cívico Nacional, que establece que es causa de exclusión “permanente o transitoria” el procesamiento con prisión, por lo que Sendic, en principio, continuaría en carrera para integrar una lista.

Los coletazos políticos

Mientras los distintos sectores del Frente Amplio (FA) buscan una sanción “consensuada” de cara al Plenario Nacional –que tendrá lugar el sábado–, en el que se adoptarán resoluciones en torno a los 17 dictámenes del Tribunal de Conducta Política, el fallo en segunda instancia tensó las cuerdas y el diputado Pablo González, de la Lista 711, dejó entrever su malestar: “Cuatro días antes del Plenario Nacional del FA, el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Sendic. Se lo esperaba para abril, pero se ve que trabajaron a destajo para que llegue ahora. Háblame de operación”, escribió ayer en Twitter.

El senador frenteamplista Juan Castillo (Partido Comunista del Uruguay) dijo a la diaria que no cree que el fallo “repercuta” en la decisión del Plenario Nacional, tanto sobre el caso de Sendic como el del senador Leonardo de León, también de la Lista 711 y en tela de juicio por el uso de las tarjetas corporativas en Alcoholes del Uruguay, luego de que el Tribunal de Conducta Política del FA cuestionara su accionar. Aclaró que el FA viene evaluando sus propios elementos, independientemente de la Justicia, en relación con “los códigos éticos internos”. Sobre los dichos de González y su acusación de una “operación” contra su sector, Castillo respondió: “Cada cual se haga cargo [de lo que dice], mi preocupación es la unidad del FA, y el objetivo de todos es conducirlo a un cuarto gobierno. Soy optimista en apostar que vamos a encontrar los caminos”.

El diputado Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio (FA), dijo a Radio Uruguay que el oficialismo va a acatar la decisión de la Justicia y luego analizarán “cómo impacta toda esta situación” en la resolución del Plenario Nacional. En tanto, el senador nacionalista Álvaro Delgado (Todos) comentó a Radio Uruguay que están evaluando ampliar la causa judicial sobre el caso ANCAP. Según dijo, tienen “nuevos elementos” sobre temas “mucho más grandes” que los denunciados en primera instancia, vinculados a “los errores y horrores” de la gestión de la petrolera estatal. Agregó que los “datos nuevos” son provenientes de “acá y del exterior”, y contemplan la gestión de ANCAP entre 2005 y 2015, por lo que se incluye la gestión del precandidato e intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que fue presidente de la petrolera y, posteriormente, ministro de Industria, Energía y Minería. Se investigó, agregó Delgado, a “todos los que estuvieron, por acción u omisión”.

También dijo que este fallo en segunda instancia confirma “gran parte” de la conclusión de la comisión de la investigadora por ANCAP que, en su momento, “lamentablemente”, el FA no quiso investigar y, cuando “ya no se pudo tapar el sol con una mano”, habilitó el trabajo de la investigadora que derivó en la denuncia penal y posterior procesamiento sin prisión de Sendic.

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https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/12/tribunal-de-apelaciones-confirmo-procesamiento-de-sendic-planteo-que-se-extralimito-arbitrariamente-de-sus-funciones/