Uruguay. Se despenaliza el aborto, pero con las mujeres bajo tutela

«Nosotras consideramos que esta ley es mínima, no es la que  esperábamos», dijo a IPS la portavoz de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Martha  Aguñín.

«Deja muchos vacíos y no conforma a nadie», añadió la dirigente  de MYSU, una organización no gubernamental feminista que lidera la «Campaña  Aborto Legal – Uruguay. ¡Son tus derechos, hacelos valer!».

La norma  despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas  de gravidez, pero no deroga el delito del aborto, sino que suspende su  aplicación cuando la mujer cumpla con ciertos requisitos.

Además del  plazo establecido, el texto que la Cámara de Senadores transformó en ley este  miércoles establece que la mujer deberá presentarse ante un médico y exponerle  las situaciones «de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su  criterio le impiden continuar con el embarazo».

El médico dispondrá de  inmediato la consulta con un equipo interdisciplinario, integrado por al menos  tres profesionales, uno de ellos médico ginecólogo, otro especializado en salud  psíquica y el restante en el área social.

Este grupo la asesorará sobre  el contenido de la ley, los riesgos de la intervención y las alternativas a la  interrupción del embarazo, y le dará cinco días para reflexionar. Si la mujer  mantiene su decisión, podrá acceder a un aborto sin más trámites en una  institución del sistema integrado de salud.

Aguñín criticó ese sistema,  pues entiende que en los hechos el comité cumplirá funciones de «tribunal».

«Cuando las mujeres tomamos una decisión de este tipo, no necesitamos  que nos manden a reflexionar, pues lo hacemos de forma consciente, adulta y  responsable», señaló.
«Tenemos el derecho de resolver cuándo, cómo y qué  cantidad de hijos tenemos, sin tener que pasar por un tribunal que nos mande a  reflexionar cinco días», agregó.

Fuera de estas circunstancias, la ley  establece que la interrupción del embarazo solo podrá practicarse cuando peligre  la vida o salud de la madre, cuando el feto tenga malformaciones que lo hagan  inviable o cuando la gravidez sea producto de una violación sexual.

La  activista explicó que la flamante Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no  fue la deseada, sino «la posible», resultado de negociaciones y concesiones que  debió hacer la mayoría del Frente Amplio, la coalición izquierdista que gobierna  Uruguay desde 2005, luego de que fracasara un intento similar en 2008.

Ese año, el parlamento aprobó la ley 18.426 de Defensa de la Salud  Sexual y Reproductiva, pero el entonces presidente y líder de esa fuerza  política, Tabaré Vázquez (2005-2010), vetó los artículos específicos que  legalizaban la interrupción voluntaria del embarazo.

Vázquez, un  destacado médico oncólogo, arguyó entonces que el aborto era «un mal social que  hay que evitar», y señaló que la normativa no podía desconocer «la realidad de  la existencia humana en su estado de gestación». Esta vez, el presidente José  Mujica aseguró que no interferirá y promulgará la ley.

Tras un debate  que duró más de 10 horas, el proyecto fue aprobado con los votos de 16 senadores  frenteamplistas y uno del centroderechista Partido Nacional, en un cuerpo  conformado por 31 integrantes. La Cámara de Diputados ya había sancionado este  texto que deja a Uruguay, Cuba y Ciudad de México como los únicos lugares de la  región en permitir el aborto.

MYSU también expresó dudas sobre la  implementación de la nueva ley, ante las carencias que presenta el sistema de  salud uruguayo.

«Hemos constatado que mujeres que viven en algunos  lugares del interior, como en Río Branco (una pequeña localidad del noreste del  país), no cuentan con servicios ni equipos de referencia en materia de salud  sexual y reproductiva. Tienen que viajar 80 kilómetros para ser atendidas y  aconsejadas» en una ciudad más grande, señaló Aguñín.
«El sistema no  ofrece condiciones para que, en esos plazos perentorios, la mujer pueda  concretar el aborto en condiciones de seguridad», agregó.

Pero Ana  Labandera, presidenta de la organización Iniciativas Sanitarias, integrada por  profesionales de la salud que apoyan la ley, se mostró más optimista.

«Es una ley perfectible. Tiene algunos problemas en sí misma, pero de  todas maneras es un gran paso para garantizar los derechos de las mujeres y para  que puedan completar el proceso de su decisión sobre la interrupción del  embarazo en forma segura y dentro del sistema nacional integrado de salud», dijo  a IPS.

Sobre su implementación, Labandera aseguró que en distintas  partes del país ya existen profesionales capacitados, gracias a disposiciones  sobre salud sexual y reproductiva de la ley de 2008 que no fueron vetadas por  Vázquez.

«Esos servicios están empezando a funcionar o ya lo están  haciendo, y evidentemente esto va a permitir que los profesionales se califiquen  para el cuidado de todo el proceso de la interrupción del embarazo», señaló.

«La plataforma, la infraestructura, ya está creada como para que esta  ley sea una parte complementaria del servicio que se brindaba», agregó.

La organización humanitaria internacional Médicos del Mundo celebró la  aprobación de la ley en Uruguay, destacándola como un «antecedente positivo»  para toda América Latina.

Se trata de «un avance para la salud de las  mujeres desde la perspectiva regional», subrayó en un comunicado, y se  comprometió a seguir de cerca su implementación.

El aborto había sido  legalizado en Uruguay en 1934, bajo el influjo de nuevas ideas liberales, pero  ese cambio generó tal polémica que en 1938 la práctica fue introducida como  delito en el Código Penal. Desde entonces hubo ocho intentos de reformas, el  último en 2008.

Se estima que se realizan más de 30.000 abortos al año  en este país sudamericano con 3,3 millones de habitantes. De cada 10 embarazos,  alrededor de tres o cuatro son interrumpidos, indicó Labandera.

Según  información aportada por MYSU, las tasas más altas de aborto en el mundo se  encuentran en América Latina y en África, donde también está altamente  restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres tienen embarazos  no planeados.

Hasta ahora, Cuba era el único país latinoamericano con  una legislación nacional que permite el aborto sin restricciones a solicitud de  las mujeres. En el hemisferio, se suman Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. En  2007, la asamblea legislativa de Ciudad de México aprobó una ley similar.

En una encuesta realizada en junio por la consultora uruguaya Radar, 51  por ciento de las personas entrevistadas se manifestaron a favor de despenalizar  la interrupción del embarazo, mientras 42 por ciento opinaron en contra y el  resto no se expidieron.

El Ministerio de Salud Pública informó que entre  2007 y 2011 no se produjeron muertes por abortos clandestinos, aunque  organizaciones de la sociedad civil ponen esta afirmación en duda.

En lo  que va de 2012 murieron dos mujeres, de 28 y 32 años, en sanatorios públicos,  por complicaciones tras haber interrumpido su embarazo utilizando misoprostol,  fármaco para tratamiento de úlceras y hemorragias que facilita la expulsión del  feto.


 

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101741

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS