Publicado en: 28 octubre, 2015

Uruguay. Perdiendo el norte

Por Eliana Gilet

Bella Unión tras el cierre de Greenfrozen.

El panorama desolador de la fábrica cerrada / Fotos: Alex Cappi

Greenfrozen, la empresa de Calagua, era una de las tres patas industriales que sostenían la economía de Bella Unión. El jueves pasado los trabajadores que la ocuparon durante ocho meses la entregaron a su antiguo patrón: un empresario argentino del que sólo se tienen pésimas referencias. La certeza de que se vienen tiempos difíciles resurge entre la gente.

Tiene que haber sido doloroso. “Triste”, fue la palabra que eligieron los trabajadores de “Grin” –así la nombran– para definir el último episodio de un proceso largo. Acordaron una salida negociada judicialmente para evitar un desalojo violento. Las únicas tres funcionarias de la empresa que siguen fieles a Jorge Rottemberg (el patrón), asumieron el cuidado de la maquinaria y de las 380 toneladas de comida que se conservan en las cámaras frigoríficas. A las diez de la mañana del jueves 15, la jueza de primer turno del juzgado de Bella Unión, Carla Gómez, junto a su actuario, abogados de las partes y una escribana, que pagaron en conjunto trabajadores y empresario, inventariaron la maquinaria existente, única garantía para el cobro del tendal de deudas que dejó la gestión de Rottemberg, quien declara no tener “liquidez”. “Habíamos iniciado un embargo genérico, pero ahora vamos a entablar uno detallado”, comentaron los ex ocupantes. “Labramos el acta y salimos todos. El episodio nos desconcertó, la gente lloraba.”

A fines de febrero de este año el grueso de los trabajadores, 138 de los 150 que empleaba Greenfrozen, entablaron una acción de amparo contra las instalaciones de la empresa tras recibir un telegrama en el que se los despedía sin más. Estaban en seguro de paro desde noviembre de 2014. Les adeudaban salarios y vacacional. Entonces decidieron ocupar. “Algunas parejas se mudaron a la planta y el resto veníamos a diario.” No imaginaron el periplo que estaban iniciando.

El negocio

La actividad de Calagua comenzó a fines de la década del 60. Los productores norteños de caña de azúcar crearon la Cooperativa Agraria Limitada de Agua para Riego (Calagua) en 1968. “El objetivo fue desarrollar un sistema de riego, que en 1976 alcanzó a cubrir unas 3.500 hectáreas, de las cuales 1.500 serían destinadas a la irrigación de caña de azúcar y el resto se destina a cultivos hortícolas para el mercado externo”.1 Tres plantas industriales se montaron para procesar distintos productos brindados por la tierra: Calagua (horticultura), Calvinor (vitivinicultura) y Calnu (caña de azúcar). Las empresas siempre estuvieron vinculadas entre sí y los trabajadores señalan que el capital fluía de una a otra. En su momento de auge, Calagua llegó a emplear a 600 personas.

Cuando en 2005 el primer gobierno del Frente Amplio decidió asumir la gestión de la industrialización de la caña de azúcar, estatizar el ingenio de Calnu y fundar Alur (Alcoholes del Uruguay), no incluyó a las otras dos puntas del triángulo. La suerte de Calagua cayó en manos del argentino Jorge Rottemberg.

Luego, con el conflicto ya avanzado y la planta bajo su cuidado, los trabajadores accedieron a los antecedentes de su patrón. Había sido acusado en 2013 –durante la investigación del Ministerio Público brasileño del caso llamado “Petrolão”– de ser el operador en un soborno para destrabar la compra (en favor de otro empresario, Cristóbal López) de la refinería San Lorenzo, en Santa Fe, y 360 estaciones de servicio en Argentina, que eran activos de Petrobras. Para entonces los trabajadores de “Grin” ya habían sufrido en carne propia el talante de su empleador. “La primera reu­nión de la Dinatra el 2 de marzo, al asumir el actual gobierno, fue dedicada a Greenfrozen. Hace muchos años que periódicamente la empresa entraba en conflicto. Desde que Rottemberg asumió la gestión de la empresa fue retaceando la producción y achicando la plantilla”, explicó a Brecha Juan Castillo (Partido Comunista) director de Trabajo del ministerio homónimo.

Calagua fue dividida en dos. El sistema de riego, que mantuvo el nombre original, se separó de la planta de industrialización hortícola, en adelante Greenfrozen, por medio de un acuerdo fechado el 2 de agosto de 2006, que está en poder de este semanario. El acuerdo está firmado por Rottemberg, “en calidad de futuro promitente comprador”, y Francisco Moraes Vázquez, presidente, y Wilson Ribeiro Núñez, secretario, como representantes de Calagua y Green­frozen. Ambas empresas están representadas por las mismas personas. En el documento tercian dos figuras del gobierno frenteamplista: “Ernesto Agassi (sic) y Jorge Lepra”, “en calidad de testigos presenciales interesados en la aproximación de las partes”, por los ministerios de Agricultura (Mgap) e Industria (Miem), respectivamente.

“Calagua y Greenfrozen SA prometen enajenar –libre de obligaciones, interdicciones, embargos, gravámenes y cualquier otro impedimento, salvo los que relacionarán– al señor Jorge Ro­ttemberg la propiedad del cien por ciento del paquete accionario de Greenfrozen SA, la propiedad y posesión del bien inmueble de cinco hectáreas en la localidad de Bella Unión, maquinarias, instalaciones y la marca Calagua.”

Dos detalles a considerar. Por un lado, el uso de condicionales en la verba del documento citado no es un hecho menor: el acuerdo es el compromiso de compraventa, no el contrato de venta definitivo. Por otro, en ese acto se reconoce a Rottemberg como presidente de la empresa. Los trabajadores organizados mencionaron que tras ese traspaso se desconoce quién asumió una deuda de 26 millones de dólares con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Opp) que tenía a la planta hipotecada. Consultada la repartición mencionada para la elaboración de este artículo, no atinaron a confirmar ni a desmentir la cifra de la deuda. Por su parte Castillo, a pesar de advertir no conocerla con certeza, reconoció que en los ámbitos del Ministerio de Trabajo se manejó un monto similar.

El acuerdo establece que Rottemberg “promete adquirir” el pasivo de la empresa hasta la suma de 520 mil dólares y “hasta la suma total de 480 mil dólares” de las deudas con el Estado y sus bancos, además de comprometerse a emplear al “personal de la planta industrial reconociéndole su antigüedad”. Este último es uno de los puntos que deberá ser dirimido en el juicio contra la empresa que entablaron los 138 trabajadores. La cifra por créditos laborales que éstos estiman ronda el millón de dólares. Sin embargo, Rottemberg ha declarado en los diversos ámbitos de negociación, establecidos en los meses de conflicto, que no está dispuesto a reconocer antigüedades, dice que se trata de “zafrales” (sin tener en cuenta que la mayoría son mujeres que superan los diez o veinte años al servicio de la empresa), y ha dejado clara su pretensión de deslindarse de la parte agrícola del sistema, argumentando que se trata de una empresa distinta, que funciona bajo el rótulo Frutos del Norte. Las 30 personas que trabajaban en la chacra fueron las primeras en ser enviadas al seguro de paro.

Cuando el pasado jueves 15 de octubre los trabajadores, peritos y abogados, accedieron a los documentos resguardados en las oficinas de la planta ocupada –que no habían sido tocados hasta entonces, durante los ocho meses de ocupación– encontraron la evidencia que prueba la unión de las empresas a pesar de la martingala de nombres: recibos y contratos a nombre de Frutos del Norte en los archivos de la planta. No encontraron, sin embargo, el contrato efectivo de compra entre Greenfrozen y Calagua. Recuérdese el detalle del condicional de las palabras usadas en el documento del acuerdo, que debían tomar forma definitiva en un contrato posterior. Ninguna de las múltiples fuentes políticas, judiciales y sindicales consultadas para la elaboración de este artículo vio jamás el documento de compra definitivo de la planta. Eso obliga a torcer la balanza en favor de la lectura que hacen los trabajadores: “ese contrato nunca se firmó, el contrato de compra no existe”.

Las variadas fuentes tampoco pudieron brindar una cifra siquiera aproximada del monto total de la deuda que dejó la administración Rottemberg al frente de los congelados que comercializaba con el nombre de Calagua. Sí se sabe que en 2013 el Mgap le ganó un juicio al empresario. Ganadería les prestó 750 mil dólares a los productores hortícolas locales que surtían de materia prima a la planta industrial. Al vender esa mercadería, la empresa debía derivar al ministerio el monto de las cuotas que correspondían a cada productor. No lo hizo. En 2014 le refinanciaron la deuda en 12 cuotas (una nueva quita fijó el monto total en 400 mil dólares) de las que sólo pagó cuatro.

Otra pista: el acuerdo citado (de promesa de compra) establece como condición para su rescisión que el Brou (Banco de la República de Uruguay) “no conceda o autorice al promitente adquiriente un préstamo por un monto no inferior al millón de dólares”. Hasta donde pudo saber este semanario, ese préstamo no le fue otorgado. Se sabe que, además de las deudas mencionadas, le debe al Bps (Banco de Previsión Social) , a República Afisa, a la Dgi (Dirección General Impositiva) y a la Ute (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctrica).

Siempre según el mismo documento, Calagua entregó a Rottemberg “la ocupación a título gratuito, facultándolo a realizar todos los actos de explotación, gerenciamiento y administración de la empresa”. En criollo, por todo esto el empresario no puso un peso.

¿Viabilidad?

Originalmente el esquema de negocios de Calagua incluía a los productores hortícolas de la zona como abastecedores. Las tres industrias de Bella Unión se diseñaron de manera que la distancia entre el lugar de producción y el de procesamiento fuese mínima. En la era Rottemberg ese abastecimiento se cortó y la empresa arrendó un campo para plantar y cosechar sus insumos. Los trabajadores advierten que en el último tiempo el empresario había empezado a sustituir productos locales por materia prima importada: las arvejas, por ejemplo. La cosecha de chaucha norteña perdió de emplear a 200 personas con esa decisión. También tercerizó (en favor de Maosol SA) el traslado de los productos congelados a Montevideo, desde donde abastecía únicamente al mercado interno uruguayo. No realizó ninguna inversión en la planta industrial de Bella Unión ni tramitó los certificados que le permitieran exportar la producción. El argumento que Rottemberg dio en las dos o tres veces que estuvo en la planta fue que “la empresa no era de él”. “Tenía siempre una persona de su confianza acá en Bella Unión, que le informaba. Así fue que cambió tres veces de presidente. Cada vez que mandaba a un tipo que nunca había visto la planta, tenía que arrancar de cero y cometía los mismos errores que había cometido el anterior. Eso trajo pérdidas a la empresa. Hubo una mala gestión.” También relatan los trabajadores que en junio de 2014 la última representante del empresario se retiró definitivamente de Bella Unión y volvió a Buenos Aires. ¿Quién se encargó de la planta desde entonces? “Nosotros.” La función de la secretaria de Rottemberg era llamar y preguntar cuánta plata había, e indicar a qué acreedores se les iba a pagar. “Seguíamos haciendo lo de siempre: producir y vender. Trabajamos con acelga, espinaca, zanahoria, brócoli, coliflor, cebollas, repollitos de Bruselas, chauchas, zapallitos de tronco y zapallos.” El récord de producción fue de 5 millones de quilos de productos congelados al año. Últimamente no llegaban a los 3 millones. Hasta 2014 la producción de la chacra venía aumentando año a año. “En la planta, el equipo de mantenimiento ataba con alambre lo que se rompía, sacaba de un lado para reparar otro, hacía malabares para mantenerla en funcionamiento, remendaba.”

Luego de la desaparición de los mandamases vino el envío masivo al seguro de paro, salvo por un mínimo grupo de administrativos y personal de mantenimiento de las cámaras, en donde restaba materia prima sin industrializar. “Había olor a vaciamiento, que iba a cerrar Bella Unión y a comercializar productos importados, manteniendo la marca Calagua. Lo probó con unas papas fritas que vinieron envasadas de Alemania, tal cual las hubiésemos hecho nosotros.”

El empresario ofreció trabajo para 15 personas que sacaran lo que estaba en las cámaras, pero la asamblea lo rechazó. Entonces vinieron los despidos, que no se pagaron. La fábrica estaba a la deriva cuando los trabajadores la ocuparon. Lo primero que lograron fue negociar con el sindicato de la Ute (Rottemberg dejó 6 millones de pesos de deuda) para que no les cortaran la luz. La materia prima era lo que había que resguardar, y fueron agenciándose los materiales que se necesitaban para un mantenimiento básico de las máquinas. Pasaron 15 días en silencio. Nadie se les acercó y ellos siguieron.

“Apuntamos a Ganadería, que fue donde siempre negoció la empresa. ‘Hay que esperar qué dice el dueño, no tenemos que ver, es entre privados’, nos dijeron. Mantuvimos una reu­nión con Tabaré Aguerre, el ministro, que nos habló durante dos horas del despilfarro de Calagua y la plata dulce del comienzo de Greenfrozen. Pero le falta un período donde los trabajadores nos pusimos la empresa al hombro, que él no conoce, y tampoco deja que le cuentes: una triste empleada no va a ir a discutir con un súper ministro.” Aguerre les comunicó que el proyecto era “inviable”. ¿Por qué no era viable? “Porque no sirve plantar nada acá en Bella Unión, la tierra no está apta, el suelo no tiene drenaje, pero el ministro tiene arroz y caña acá, pero para las hortalizas no da. Subsidiame el agua y la energía y vas a ver cómo da”, retrucan los trabajadores.

Brecha se comunicó con Enzo Benech, subsecretario del Ministerio de Ganadería, para conocer la versión oficial del asunto. “¿Desde el Estado qué podemos hacer? Podremos apoyar, yo fui a Bella Unión y hablé con los trabajadores, pero este es un tema entre privados. Es una empresa que se fundió y no es la única en el país. Nosotros no somos responsables de hacer proyectos para salvar empresas. Tratamos, dentro del marco que tenemos, de apoyar o estudiar, pero hasta ahí llegamos.” Brecha consultó al jerarca acerca de los detalles del estudio o informe en que el ministerio fundó la inviabilidad del emprendimiento: “Por supuesto que cuando emitimos opinión es porque hemos estudiado el tema. Era una empresa fundida, la asumió un empresario y la volvió a fundir. Haciendo más de lo mismo esto no funciona. Las cosas no pasan por casualidad. Por algo se fundió. El ministerio tiene algunos trabajos hechos, conocemos la zona y los rubros, con los elementos que tenemos y el trabajo que estaban haciendo, esto no tiene viabilidad. Pero al estudio completo no se puede acceder.” ¿Qué elementos manejaron? “Elementos técnicos de equipos técnicos. Hasta ahí puedo llegar, es una situación complicada, debo ser muy respetuoso porque aquí hay gente que ha perdido su trabajo y no ha cobrado. Hablé con ellos varias veces. A ellos se los di, a ti no tengo más elementos para darte.” Sin embargo, los trabajadores niegan haber recibido informe alguno.

“Tras esas primeras reuniones, al no ver avances de parte del gobierno, nos empezamos a meter en un proyecto de autogestión”, contaron.

La economista Andreína Moreira fue una de las técnicas del Instituto Cuesta-Duarte del Pit-Cnt que en marzo comenzó a trabajar junto a ellos, a pedido del sindicato. “Brindamos asesoramiento técnico a los trabajadores cuando lo solicitan. La autogestión siempre surge como primera salida ante la desaparición del empresario. En este caso los asesoramos tanto en el fortalecimiento de la organización sindical y cooperativa como en el estudio de una propuesta general para el emprendimiento”, relató a Brecha. “Para eso la clave es contestar algunas preguntas: qué se va a hacer, cómo, pero sobre todo dónde.” La economista no duda en señalar que la maraña jurídica y la indefinición en cuanto a la propiedad de la planta industrial que custodiaron los trabajadores eran los principales escollos a la hora de construir un proyecto viable. Y agrega una lectura interesante: “La viabilidad no es una sentencia, una cosa absoluta, es algo que se logra construir. Para eso hay que detectar los problemas y las herramientas y capacidades que se tienen a mano para resolverlos”.

Los trabajadores relatan que estaban analizando la vía para formar una cooperativa, a la que bautizaron “Del Huerto”, y que venían trabajando en el análisis del proceso productivo, que demandó mucha información y la experiencia de trabajo y gestión. Pero reconocen que “un proyecto sin infraestructura estaba en el aire y que tampoco servía de nada si Greenfrozen no tenía tierra. Lo que nosotros pedíamos era que hicieran la ejecución del empresario”.

Esta pregunta se le traslada al director de Trabajo, que responde: “Ese es un recurso que pueden interponer los acreedores y que se podría haber iniciado incluso hace 15 años. El problema es que cuando se acciona un mecanismo como ese, trae aparejado el cierre de la producción. Todo este problema supone un desafío. Desde abril o mayo funciona una comisión a nivel del Consejo de Ministros, integrado por Ganadería, Industria y Trabajo, a la que se sumó también la Opp, que busca alternativas para Bella Unión y salidas para la situación de Greenfrozen”.

El trabajo

Hubo un momento en que creyeron que podían, que estaban ganando el conflicto. Fue el jueves 24 de setiembre cuando la justicia, a pesar de haber designado a los trabajadores como guardianes de las instalaciones, había mandado a cumplir el desalojo de la planta. La fuerza de choque esperaba a distancia prudencial, los gurises corrían entre los adultos que iban y venían acalorados. En la entrada, varios trabajadores se encadenaron al portón. Adentro se negociaba. Estaban rodeados de apoyo. Había representantes nacionales, algún edil, el alcalde, los sindicatos, los peludos de Utaa (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas), los vecinos. Varios trabajadores se aprestaban a iniciar una huelga de hambre, los chequeos médicos estaban prontos, los ánimos también. El desalojo no pudo cumplirse. Sin embargo, a la semana siguiente, en un movimiento algo inexplicable, los trabajadores negociaron la salida y la entrega de la planta al patrón.

Castillo reconoce que su situación empeora al haber dejado la planta, y relata que la opción de desocupar, hacer “un inventario” de los bienes y acceder a los documentos de la empresa había sido diseñada meses atrás por la Dirección de Trabajo y rechazada por los trabajadores. “Nunca pensamos que la justicia fuese a fallar a favor del empresario”, explica Castillo. Las dos causas abiertas (la demanda de los trabajadores y el proceso de desalojo iniciado por Rottemberg) fueron unificadas en una sola, que se tramita como una deuda común y corriente. “Es la primera vez que nos pasa en Bella Unión de tener dos derechos enfrentados”, relató uno de los actuarios judiciales del conflicto. Cabe destacar un hecho curioso. Fuentes judiciales relataron a Brecha que el asesor legal de los trabajadores, el abogado Osorio Fernández, que había trabajado para la empresa y que lo hace gratis para ellos, cometió un error al no apelar el fallo judicial que habilitó el desalojo de los trabajadores de la fábrica. “La apelación hubiera permitido que la discusión sobre la propiedad del lugar se diera con mayor profundidad en otros ámbitos”, alertaron.

En el pueblo nadie se atreve a cuestionar a Alur, la única fuente de trabajo que les resta. Aunque reconocen que el desarrollo ha sido desigual, que hay una especie de “clase media” que integran quienes trabajan en la planta, mientras el resto sobrevive en los vaivenes de la zafra. “Todas esas motos y televisores que se compran mientras hay plata los terminan vendiendo al llegar a diciembre, para poder tener algo para la cena a fin de año”, analiza un avezado trabajador agrícola para este semanario.

Por su parte, la tercera pata del triángulo productivo de antaño, Calvinor, atravesó su propio proceso de quiebra y, según dijo el síndico designado por la justicia a este semanario, la planta industrial va a ser desguazada y rematada a fin de año. Sus trabajadores fundaron una cooperativa con la que hicieron una zafra de vid en 2014. El préstamo del Fondes (Fondo para el Desarrollo) que habían pedido no les fue otorgado, clausurando su posibilidad de volver a producir.

El fin de la zafra de caña es un momento crítico que se viene ya, en cuestión de semanas, y el ocio que trae aparejado se va a ver reforzado por la falta de empleo en las dos plantas industriales que ya no son. “Nos vamos a andar chocando entre nosotros en Bella Unión en los meses que vienen”, se lamenta un veterano.

Los trabajadores de Greenfrozen se sienten solos. Para los ocupantes más jóvenes la sensación es de “bronca, mucha bronca”. ¿Están conformes con la salida elegida para el conflicto? “No”, responde con firmeza una de ellas. Un seguro de paro que ronda los 4 mil pesos, que se termina en diciembre y puede que se extienda algún mes más es todo lo que tienen. ¿Cómo te imaginás los próximos meses? “Voy a empezar a vender quiniela a ver si con eso complemento un poco. No hay trabajo en Bella Unión, está todo muy difícil.”

Tomando en cuenta que Rottemberg accedió a la planta mediante una promesa de compra y que nadie ha podido certificar la existencia de un contrato efectivo, considerando las millonarias deudas que mantiene con distintas reparticiones del Estado, que los trabajadores han mantenido la fábrica en condiciones durante los últimos ocho meses (y la hicieron funcionar prácticamente solos el año anterior), la pregunta que nadie, ni siquiera la justicia, ha respondido aún es ¿de quién es la planta?, ¿quién tiene el derecho de reclamarla como propia?

Nota

1) Wettstein y otros, citado por Álvaro Moraes Obregón, en http://biblioteca.fagro.edu.uy/iah/textostesis/2012/3810mor.pdf

 

Eliana Gilet

Brecha, Montevideo, 24-10-2016

http://brecha.com.uy/

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