Uruguay. Elecciones. El 25 de octubre votamos en blanco: Ponemos el SÍ para Anular la Ley de Impunidad

Anular la Ley de Impunidad es además de un imperativo ético y político – que responde a una conciencia democrática de la clase trabajadora – una pieza clave de una lucha estratégica por la transformación social y revolucionaria. Como es, la lucha por desmantelar todo el andamiaje represivo del Estado que, por la vía de las instituciones militares, policiales y judiciales, garantiza el régimen de dominación.

Declaración Políticadel Colectivo Militante

1. La ideología de los dominadores dice y machaca. Cualquier horizonte situado por fuera de la “democracia representativa” está condenado al fracaso. Rebelarse contra esta evidencia es algo que solo los muy “ultraizquierdistas” pueden hacer. Lo que tenemos como realidad, nos advierten desde arriba, podrá “mejorarse” (ya ni siquiera “reformarse”), pero nunca superarse. En todo caso, como graciosa concesión a nuestros “derechos cívicos”, podemos elegir “libremente”. Cada cuatro años.

El Frente Amplio propone “un país de primera”. El Partido Nacional ofrece el “rumbo seguro”. Ambos apelan al “sentido común” de los electores. De un lado tenemos a Mujica, “representante de los pobres”, del otro lado a Lacalle, “símbolo de la oligarquía”. La intoxicación mediática instala el escenario de la “polarización”: izquierda contra derecha. En realidad, unos y otros alimentan la resignación que rige la “convivencia ciudadana” en un Estado capitalista. A tal punto, que para muchos la disyuntiva será elegir entre lo “menos malo” y “lo peor”. Para “evitar el regreso neoliberal”. Es la máxima expresión de la desesperanza.

No obstante, el fondo de la cuestión es otro. La disputa electoral en curso es entre dos opciones situadas en el campo del orden capitalista. Dos opciones que, sustentándose en alianzas políticas y fuerzas socio-económicas distintas, defienden por igual el régimen burgués de dominación y, en consecuencia, su sistema de acumulación, explotación, opresión. Las dos opciones defienden los pilares básicos del sistema: la arquitectura institucional antidemocrática; la apropiación privada capitalista del trabajo social; la subordinación del país a las instituciones financieras de la mundialización imperialista. Hasta los politólogos más reaccionarios lo reconocen: no hay una contradicción infranqueable entre los “dos proyectos de país” que representan Mujica-Astori por un lado, y Lacalle-Larrañaga por otro lado.

Según distintos agentes del marketing, la campaña electoral es “aburrida, previsible y hasta decadente”, y “la creatividad brilla por su ausencia”. La chatura política e ideológica de la campaña electoral no es, por lo tanto, una casualidad. Dejando de lado los maquillajes y la retórica discursiva – que aparenta ser una confrontación entre clases sociales, entre ricos y pobres -, el grado de coincidencias en materia de “políticas de Estado” es amplio y convergente entre las fuerzas principales que compiten por la presidencia de la República. Como pruebas irrefutables, entre otras, allí están las coincidencias en poner «mano firme» a la “inseguridad”; en asegurarles a los capitalistas (extranjeros y locales) un buen clima de negocios; pagarles puntualmente a los acreedores internacionales; garantizar el secreto bancario; vender las mejores tierras a la producción sojera y forestaldel capital multinacional; y mantener las tropas uruguayas de ocupación en Haití y en el Congo.

2. Es verdad que los trabajadores, los desempleados, las capas sociales más pobres, nada tienen que esperar de aquellos que, como el Partido Nacional y el Partido Colorado, hundieron al país en la peor de las crisis económicas, generando una escandalosa caída del salario, un masivo desempleo y una espantosa miseria. De volver al poder, seguirán gobernando en función de los intereses del capital imperialista y de las clases propietarias locales. Con blancos y colorados en el gobierno habrá más “ajuste fiscal” (menos inversión pública, ataque a los salarios, etc.), políticas a favor de las corporaciones patronales (sobre todo en el terreno de las Consejos de Salarios y las relaciones laborales en general), “tolerancia cero” (contra los jóvenes y los más pobres), y, nuevamente, campearán el clientelismo y la corrupción.

Pero tampoco habrá que esperar nada nuevo (o sustancialmente mejor) de un segundo gobierno del Frente Amplio. En su horizonte estratégico no se contemplan las transformaciones estructurales. Ni siquiera las reformas más o menos radicales. Su abdicación a la lógica de la economía capitalista de mercado es completa. El “progresismo” como corriente política gubernamental que ha dado continuidad social-liberal al programa neoconservador – utilizando sus vínculos históricos con la izquierda y el movimiento popular – entró, definitivamente, en declive. Aunque pueda volver a ganar las elecciones, es una de las probabilidades, ya no concita las movilizaciones plenas de esperanza del 2004. Ni los entusiasmos políticos, ni la militancia organizada. En todo caso, podrá beneficiarse de un resignado voto útil por lo “menos malo”.

El porcentaje de indecisos al día de hoy (entre 8 y 12%), no solamente abre una mayor incertidumbre sobre el resultado del 25 de octubre. Sin embargo, las tribulaciones de estos 250 o 300 mil votantes, no responden, únicamente, a que son personas “conservadoras” y “desinteresadas por la política”, para quienes ningún candidato transmite confiabilidad. También hay entre ellos muchísimos de los “votos prestados” al Frente Amplio en el 2004, y cantidad de frenteamplistas desencantados. Es que el balance social del “modelo progresista” no da para festejar.

Por un lado, las políticas compensatorias (Plan de Emergencia, de Equidad, Trabajo por Uruguay, etc.), contribuyeron a aliviar la pobreza y a reducir la indigencia. Pero al precio de la “contención social”, en sustitución de la integración ciudadana plena. Por el otro lado, la “redistribución de la riqueza”, como hemos analizado en otros trabajos, no fue tal. Los ricos se hicieron más ricos, y los pobres siguieron siendo pobres. Alcanzaría con registrar solo dos indicadores: 1) las capas sociales más ricas de la población – que tienen un ingreso 20 veces mayor que las capas más pobres – se apropiaron del 55% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre 2005-2008; 2) el Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas (IRPF) desde su implantación, recaudó U$S 671,2 millones, lo que se compuso de U$S 586,5 por “rentas de trabajo” y US$ 84,6 de “rentas de capital”.

Diversos estudios, incluidos algunos oficiales, hablan de que se mantieneuna extrema “rigidez social” en el país. Esto tiene una sola lectura: la movilidad social quedó congelada, es decir, que no ha habido una reducción de la desigualdad social. Solamente cuando la mayor homogeneidad salarial viene acompañada de una reducción de la participación del capital en la renta nacional y, por lo tanto, del aumento de la participación del trabajo en esa renta nacional, ocurre una reducción de la desigualdad social. Todo lo contrario a lo visto en el período 2005-2008, donde se verificó una caída del 33% de la participación de la masa salarial respecto al producto bruto por habitante. Esta pérdida de participación de los salarios y los ingresos tiene una explicación: el pronunciado aumento de la riqueza generada en el país ignoró a la inmensa mayoría de la clase trabajadora.

De esto se desprende una primera conclusión: la prometida “justicia social” ha sido, nuevamente, escamoteada, como lo muestra la tomografía de una crisis social, durable y profunda. La segunda conclusión atañe al proyecto de “desarrollo nacional”: la propuesta de “país productivo” se redujo a un simple cliché publicitario, a la vista del inaudito proceso de extranjerización de la economía. En cuanto al resumen, está claro: la gestión gubernamental del “progresismo no ha hecho otra cosa que demostrar lo ya sabido: que el capital es acumulativo y no distributivo.

3. Las elecciones se realizan en el cuadro de una crisis socio-económica profunda, que trasciende la coyuntura “favorable” de los números “macroeconómicos”. De persistencia de una masiva pobreza que golpea a 650.000 personas, en su mayoría jóvenes, mujeres y niños. De un 34% de trabajadores con “algún problema de empleo”, según el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT. De 400 mil trabajadores – cotizantes al Banco de Previsión Social – que ganan ¡hasta 5.600 pesos mensuales!. De contraste en los hábitos de consumo. De brecha en las prácticas socio-culturales. De violencia incrustada en amplios sectores de la sociedad. De miedo ante la “inseguridad”. De condiciones infrahumanas en un sistema carcelario que alberga a 8.000 presos, en su mayoría jóvenes y desempleados.

Es en esta geografía social fracturada, con luchas sociales defensivas -muchas de ellas aisladas o directamente boicoteadas por las direcciones sindicales burocráticas – y de marginalidad política de las propuestas anticapitalistas, que se decide el resultado electoral.

Los de abajo, nuestra gente, pondrán en la balanza cuestiones muy concretas: las que hacen a sus condiciones reales de vida en términos de salario, empleo, salud, educación, vivienda, políticas asistenciales, etc. Cualquiera sea la opinión que nosotros tengamos de las “reformas” y las políticas del gobierno en esas áreas. Ante el sólo anuncio de Lacalle que pasara la “motosierra al gasto” (es decir, a la inversión social), y de que el Plan de Emergencia sólo sirvió para pagarle a “80 mil atorrantes”, el “sentido común” de las clases populares puede más que cualquier propaganda televisiva, análisis o caracterización.

Sabemos que cientos de miles de trabajadores, desempleados, jubilados, estudiantes, jóvenes, mujeres jefas de hogar, profesionales, y muchos más, tienen decidido el voto por el Frente Amplio. En su imaginario, esta decisión representa la única opción valida para “detener a la derecha neoliberal” representada por blancos y colorados.

En nuestro caso, la decisión de votar en blanco, tanto el 25 de octubre como en noviembre (si hay ballotage), ya ha sido fundamentada por las razones que hemos venido desarrollando a lo largo de esta declaración y por los distintos pronunciamientos y acciones que, junto a otras fuerzas anticapitalistas y socialistas revolucionarias, hicimos durante estos años de gobierno “progresista”. Es una decisión compartida por otros muchos compañeros del espacio radical, por luchadores populares y militantes de la izquierda revolucionaria, probados en mil batallas de la lucha de clases.

Es sabido que otros grupos y compañeros, incluso militantes nuestros, contemplan válido acompañar con el voto a Asamblea Popular.Consideran que es una opción electoral a la izquierda del Frente Amplio. Respetamos tal opinión, aunque no la compartamos. Por tres razones principales: 1) porque no es la expresión de una práctica común de las fuerzas revolucionarias y clasistas en las luchas cotidianas del movimiento sindical y popular; 2) porque no apunta a la acumulación programática y organizativa de la izquierda anticapitalista, esto es, no está dirigido hacia la unidad de los revolucionarios, hasta por el hecho de pretender identificar el proyecto de Asamblea Popular con “la verdadera izquierda”; 3) porque se inscribe, esencialmente, en una perspectiva institucional, al priorizar como centro de su accionar político la obtención de una “representación parlamentaria”.

Asumimos, claro está, nuestra cuota de responsabilidad en la ausencia de una propuesta antiimperialista y anticapitalista con apoyo de contingentes significativos de trabajadores y luchadores populares. Esta ausencia de una expresión unitaria de las fuerzas clasistas y socialistas revolucionarias, incluso en el plano electoral, hacen más evidente la dispersión en el espacio radical, la precaria implantación social y la orfandad estratégica que atraviesa a todas estas fuerzas. Indicando, a su vez, un grave retroceso político y un balance extremadamente crítico de nuestro accionar durante estos años de gobierno “progresista”.

No obstante, subyace en sectores de la izquierda revolucionaria y el sindicalismo clasista, un debate respecto a la unidad para enfrentar el escenario político en tiempos de crisis. Para el Colectivo Militante, la cuestión de esa unidad debe ser pautada, fundamentalmente, en el movimiento de masas y en las luchas sociales, presentando alternativas inmediatas desde los intereses de la clase trabajadora, con una perspectiva de modificar las relaciones de fuerza entre trabajo y capital. En tiempos de crisis, de ataques al salario, de ofensiva patronal contra los derechos laborales, de fragmentación de las fuerzas socialistas revolucionarias, es imperioso presentar de forma unitaria una propuesta, capaz de construir una resistencia amplia que responda a las necesidades inmediatas de los asalariados y demás sectores sociales explotados, y que tenga claramente un perfil anticapitalista.

Este desafío político se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra actividad. Es decir: como mejor contribuir a la construcción de un polo anticapitalista consistente en términos de apoyos sociales, de unidad en la acción, de plataformas y demandas comunes. En resumen, de cómo avanzar en un reagrupamiento de la izquierda revolucionaria que prepare la intervención en el escenario de las luchas sociales, y en la inevitable etapa pos-progresista. Un reagrupamiento que, trascendiendo los calendarios electorales y la institucionalidad burguesa, actúe como herramienta de organización y de resistencia. Para la acción política y reivindicativa, en el apoyo y el impulso de las luchas sindicales y populares de todos los días. Para que, en definitiva,las consecuencias de la crisis capitalista no la paguen, otra vez, los trabajadores y las capas sociales más empobrecidas.

4. El 25 de octubre no solo “se vota presidente”. También hay Plebiscito. Para Anular esa infame Ley de Impunidad que pretendió “dar vuelta la página” sobre el terrorismo de Estado. Más de 340 mil firmas fueron recogidas por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Es una primera victoria. Que tiene su razón en la prolongada lucha democrática de quienes no se resignaron, denunciaron, escracharon. De Madres y Familiares de detenidos-desaparecidos, de Serpaj, de la Plenaria Memoria y Justicia, de las organizaciones sindicales y estudiantiles, de Fucvam y los movimientos barriales como la Coordinaciónde Vecinos del Cerro.

No obstante, el escenario es desfavorable para la papeleta rosada del SI. Los grandes medios han impuesto una operación mordaza sobre el tema. No está en la agenda de discusión. No aparece en ninguna propaganda electoral. Ni por asomo en la campaña de la fórmula Mujica-Astori. Por el contrario, el candidato del Frente Amplio, se declaró favorable a “conmutar las penas” a aquellos torturadores y asesinos que dijeran “la verdad”. De hecho, la campaña por el SI está siendo saboteada.

No puede sorprender a nadie. Blancos y colorados solo quieren mantener, como bajo sus anteriores gobiernos, la impunidad más absoluta. En la dirigencia del Frente Amplio – más allá de la firma para la foto – se dan por satisfechos con la aplicación “estricta” del artículo 4º de la ley, que permitió llevar a la cárcel a las figuras más emblemáticas y despreciables de la dictadura (aunque sus condiciones de detención disten mucho de las que sufren los “delincuentes comunes” en las “peores cárceles del mundo”, según el relator de Naciones Unidas). Para el presidente Tabaré Váquez alcanzó. Por eso se negó a derogar la ley pese a contar con las mayorías parlamentarias necesarias.

Otra vez, el combate por Memoria, Verdad y Justicia, por el Juicio y Castigo a los Culpables, queda en manos de los luchadores sociales del movimiento obrero y popular. De allí la importancia decisiva por concientizar, movilizar, organizar, el voto por el SÍ. Colocando el tema como parte fundamental del escenario político-electoral.

El procesamiento de algunos personajes de la dictadura, con ser un paso, no alcanza. Tampoco admite una lectura artificial sobre el Poder Judicial como “órgano independiente del Estado”. Como en toda sociedad dividida en clases antagónicas (explotados y explotadores), la judicatura vigente desempeña, por sobre cualquier apariencia de “interés ciudadano”, la función de aplicar las leyes que aseguran, ante todo, la defensa de la propiedad privada y los pilares de la reproducción capitalista en un “Estado de derecho”. Esta “justicia independiente” actúa, en palabras de Marx, como mecanismo de la “compulsión silenciosa de las relaciones económicas”. Alcanzaría con ver, entre otras, las sentencias judiciales contra los trabajadores de Naussa, Dancotex, Henil-Coltirey y Coprograf, para comprobar la naturaleza de esta (in)justicia.

En efecto, Anular la Ley de Impunidad es además de un imperativo ético y político – que responde a una conciencia democrática de la clase trabajadora – una pieza clave de una lucha estratégica por la transformación social y revolucionaria. Como es, la lucha por desmantelar todo el andamiaje represivo del Estado que, por la vía de las instituciones militares, policiales y judiciales, garantiza el régimen de dominación. Porque es esta “mano de hierro” la que permite a la “mano invisible” del mercado la reproducción capitalista.

Anular la Ley de Impunidad, es un paso ineludible para comenzar a desmontar la trinchera más visible de una “cultura de la impunidad” que abarca a múltiples acontecimientos de la vida política nacional. Desde el Pacto del Club Naval a la transición tutelada. Desde la masacre del Filtro, al enjuiciamiento de los manifestantes de la Ciudad Vieja y al encarcelamiento de Fernando Masseilot. Desde la corrupción institucional hasta el infierno de las cárceles en todo el país. Desde la mentira mediática a la criminalización de la protesta social.

Poner la papeleta rosada del SÍ en la urna el 25 de octubre es, en definitiva, votar por la lucha contra la impunidad en todas sus manifestaciones, incluido cualquier intento de punto final.

Montevideo, octubre 2009.

Agenda Radical – Colectivo Militante

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