Uruguay. El avance del «populismo punitivo»

Un amplio estrato de la «sociedad civil» está «fastidiado» por los altos índices de «inseguridad» y «delincuencia». Si le hacemos caso a las encuestas, el 53% de los uruguayos consideran que es su «principal preocupación».[1] El porcentaje se eleva al 62% en las personas de «menores ingresos» y entre aquellos que habitan los barrios de «contexto social crítico». Esa «preocupación» es fácil de percibir en lo cotidiano.
Sin embargo, no son los trabajadores de salarios y empleos precarios, ni los desempleados, ni las capas sociales más empobrecidas -como se difunde maliciosamente- quienes más reclaman «mano dura». Un estudio reciente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República indica que el 50% de la población exige mayor rigor, cierto; importándole poco la legalidad o no de los métodos usados y aprobando como buenos los «procedimientos policiales por fuera de la ley».[2] El estudio ubica a este 50% de «ciudadanos con miedo» entre los que «mejoraron sus ingresos», lograron adquirir más bienes materiales y accedieron a mayores niveles de confort en los últimos años. Entre ellos predominan los que están «conformes» con su nivel de ingresos y los que opinan que la situación económica del país es «buena» o «muy buena». Es un estrato «educado» que se autodefine de «clase media» y detesta a los «pichis». Al no contar con los recursos ilimitados de las clases más ricas -que pueden pagarse guardias privadas y sofisticados sistemas de vigilancias-, se siente desprotegido. Exige al Estado que garantice su «estilo de vida». Como sea.
El progresismo toma debida nota. Sabiendo que en este estrato social se ubican los «nuevos uruguayos» que alimentan la «explosión del consumo». Y muchísimos de los que aseguraron con su voto las victorias del Frente Amplio en 2004 y 2009. También, decenas de miles de los que estamparon su firma para bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, sumándose a la iniciativa reaccionaria de los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional).[3] Se trata de un estrato socio-cultural influyente. Qué traza una nítida frontera entre los que respetan el «pacto de convivencia» y el malón de «inadaptados» que lo rompe. A esta «clase media» no se la puede abandonar, ni se la puede empujar hacia el redil de los partidos conservadores. Simboliza a esa «opinión pública» entronizada por operadores mediáticos y políticos. Hay que contemplar sus demandas.
Las cárceles están desbordas. Los presos se amontonan en «condiciones infrahumanas» según el informe de Manfred Nowak, relator especial de Naciones Unidas. El abogado Diego Camaño, miembro del IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales), denuncia que las cárceles uruguayas son «campos de concentración» donde a los presos «se les priva del derecho al agua potable y a una alimentación adecuadas».[4] Las enfermedades contagiosas se propagan y los muertos por incendios, ajustes de cuentas, venganzas policiales y otros «accidentes», suman decenas. Una prueba irrefutable que bajo el progresismo los «malvivientes» no tienen la vida fácil.
Al 31 de julio de 2012, 9.310 personas se encontraban «privadas de libertad» en 7.800 plazas. La cifra es elocuente: desde que el Frente Amplio llegó al gobierno el número de encarcelados creció en 2.300. Lo que equivale a 32% de la población recluida.[5] Como el «mundo del delito» continuará reproduciéndose -así lo indican todas las proyecciones- ya está encaminado un plan público-privado para contar con 1.500 nuevas celdas en «modernas» prisiones a construir. Los fondos presupuestales asignados y la  Ley de Emergencia Carcelaria van a permitir descongestionar la actual «superpoblación carcelaria» (hacinamiento crítico) y contar, por si acaso, con una mayor capacidad hotelera. 
El afán carcelero no es la única política, debe reconocerse. También hay planes para «rehabilitar» a los que «se estropearon la vida y perdieron la libertad». A eso apunta la «reinserción laboral» que contempla el proyecto «Empleo y formación en el sistema penitenciario». El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, considera que el trabajo es «un instrumento de rehabilitación fundamental» para los reclusos,[6] y dice contar con el apoyo de numerosos empresarios dispuestos a participar de «procesos de reinserción laboral». Siempre y cuando los mismos «sean rápidos y ágiles». Y baratos. Porque a los patrones les interesa esa reserva de fuerza de trabajo desvalorizada y sin plataforma reivindicativa.
Habría que agregar, para completar el catálogo, que el gobierno ha resuelto implementar -obligado por una cierta presión social y por la ofensiva de la oposición de derecha en el parlamento-, una ley de «reparación» económica a las familias de personas fallecidas «en medio de rapiñas, copamientos o secuestros, sucedidos desde 2005».[7] El Estado pagará una póliza de 4.500 dólares y luego una pensión de 450 dólares durante cinco años. Según calculan el gobierno y la bancada del Frente Amplio, serían unas 50 familias por año las «beneficiarias de la reparación económica». En un primer momento, el ministerio de Economía propuso financiar este gasto creando un nuevo impuesto a salarios y jubilaciones (los patrones quedaban exonerados del aporte); ante el aluvión de críticas se cambió de modalidad: los dineros saldrán de «Rentas Generales», organismo que se nutre principalmente de la recaudación de impuestos.  
Pero no alcanza. Ni el castigo, ni la «reinserción» o la «reparación», consiguen satisfacer la sed justiciera de la «ciudadanía decente». Ni siquiera importa que los índices de violencia doméstica privada -contra mujeres y niños- superen largamente a los de otros delitos, desmintiendo así a las tesis que hablan de la «inseguridad» como un fenómeno esencialmente público. Hay que restablecer el principio de autoridad de cualquier forma. El gobierno acusa recibo y echa mano de las ofertas que le llegan. Hay que demostrar que el brazo penal del Estado funciona.
Recurriendo a los expertos
Unos meses atrás, el presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Luis Alberto Moreno, «recomendaba» al gobierno establecer políticas de seguridad y «barrio por barrio». Empezando por los más «complicados». Ya que allí se concentran las «necesidades básicas insatisfechas» y, por tanto, la mayor cantidad de «infractores a la ley». El BID y el Ministerio del Interior firmaron entonces un convenio  para establecer un plan piloto (financiado por el Banco) para Montevideo. El balance provisorio es alentador, afirman las autoridades. Por lo menos en dos «zonas calientes» las rapiñas se redujeron a la mitad: Borro y Casavalle.
No obstante, el diseño de una «estrategia integral de seguridad pública» implica avanzar mucho más allá del «barrio por barrio». Por razones evidentes: los invasivos mega-operativos y las mortificantes razzias en barrios pobres y «asentamientos irregulares», cumplen una función «disuasiva» pero suma casi nada. Apenas el encierro de unos pocos rateros ocasionales y «drogadictos» de segunda línea. Nada que debilite sustancialmente a la tropa delictiva. Que -como enseñan los manuales contrainsurgentes-, se reproduce en las periferias miserables.  
El gobierno observa con atención (y simpatía) otros modelos de «combate a la delincuencia». Aunque sus funcionarios prefieran un lenguaje menos belicista: «experiencias en fomento de la convivencia en ciudades latinoamericanas».[8] Porque viene a tono con su propuesta de enfrentar la «fractura social» y el «quiebre cultural» por medio de una nueva «acupuntura urbana».[9] Que, dicen, busca establecer «nuevos vínculos sociales basados en la tolerancia». Una patraña lisa y llana. Porque las políticas de seguridad pública no promueven la tolerancia en ningún momento, ni en ningún lugar. Mucho menos si «hay un ojo muy puesto» en Bogotá, Medellín y Río de Janeiro.[10] Es decir, en aquellos modelos de «fomento de la convivencia» que se basan en la segregación social, la criminalización del pobre, la ocupación militar de los barrios populares y, sobre todo, en una brutal «limpieza social» a manos de grupos para-policiales. Con miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, violadas, heridas y encarceladas.
Convocados por el gobierno, una serie de personajes con dudosas credenciales democráticas han desfilado por seminarios, «foros ciudadanos», comisiones del Parlamento, Intendencias y prensa progresista: Antanas Mockus (ex alcalde de Bogotá), Jorge Melguizo («pacificador» de Medellín), José Mariano Benincá (Secretario de Seguridad de Río de Janeiro), y Lawrence Sherman (criminólogo, asesor en seguridad del ex alcalde republicano de Nueva York, Rudy Guliani). Como expertos (así se les presenta), dan «consejos útiles» y hacen propuestas. Entre otras inmundicias, recomiendan acciones que permitan al Estado «incursionar en los territorios más pobres».
En algunas semanas arribará -invitado por el Ministerio del Interior- el más célebre de los expertos en guerra social: William «Bill» Bratton, ex Jefe de Policía de Nueva York en los años 1990, «inventor» del modelo de «tolerancia cero». Le contará de manera instructiva a los oficiales uruguayos lo simple de su fórmula: 1) aumentar 25% los «recursos humanos» de la Policía; 2) hacer visible (amenazador) el patrullaje en las calles; 3) aplicar una «respuesta enérgica» al delito mayor; 4) «disciplinar» a todos los que alteran el orden público. Empezando, obviamente, por los «parias» de la sociedad: indigentes sin techo, mendigos callejeros, traficantes al por menor, borrachos inofensivos y grafiteros de paredes.
Por las dudas, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, nos tranquiliza: las enseñanzas de Bratton serán «adaptadas» a nuestros tradicionales valores cívicos. Aunque en un arrebato de franqueza, confiese que la fuerza policial que comanda ya viene aplicando «los conceptos de Nueva York».[11] No solo porque emplea -a toda hora y en cualquier circunstancia- la técnica emblemática de la «tolerancia cero», el «stop and frisk» (detener y cachear), sino porque también apunta a las pequeñas transgresores: «Se detiene un proceso por lo bajo para llegar más rápido a lo grande. Eso se llamó tolerancia cero (.) Por eso proponemos la ley de faltas; frenamos todo lo que atente contra la convivencia.»[12]
La química entre Bratton y Bonomi no se limita a las modalidades operativas. Alcanza también a sus ideas «conceptuales». Para el ex policía neoyorkino, «la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales».[13] Para el ministro tupamaro, ese «mal comportamiento» se personifica en la figura del «lumpen-consumista» que no asalta los bienes ajenos por tener hambre, sino que roba, cada vez más, «en ese marco consumista».[14] O en aquel que en lugar de sacrificarse y trabajar «eligió delinquir porque es gratis».[15]
En el «combate a la delincuencia», la «lucha contra el narcotráfico» ocupa un lugar central. El consenso político, social y mediático es abrumador: la «inseguridad» está asociada a la propagación de una «cultura de la droga» y, en especial, al consumo de pasta base de cocaína (PBC) por los «jóvenes infractores». Como se trata de un asunto de «alarma pública» (una figura que los jueces aplican con mayor regularidad), las penas serán más graves y se reforzarán los operativos policiales.
Con este consenso de fondo y con los  acuerdos «conceptuales» en materia represiva, a nadie puede extrañar el regreso de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés). Después de una «ausencia» de 14 años la agencia norteamericana muda su oficina de Buenos Aires a Montevideo. Para la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, el objetivo es «apoyar» los «esfuerzos» del gobierno del Frente Amplio para consolidar «instituciones fuertes» que «prevengan» la aparición del crimen organizado y el narcotráfico: «La DEA llegó ayer. No viene, ya llegó. Tenemos meses trabajando con el gobierno uruguayo, en particular con el ministro del Interior, con el Ministerio, para apoyar sus esfuerzos acá. Ellos están haciendo un esfuerzo muy importante. Han tomado muy en serio el asunto de la prevención».[16] El trabajo de los agentes de la DEA ya empezó. Además de «brindar apoyo técnico» a la Brigada de Narcóticos, inició (24 de setiembre) un curso sobre» lavado de activos» dirigido a jueces y policías. La «colaboración» de Estados Unidos se extiende a otras áreas, por ejemplo,  la proyectada «reforma policial». Reynoso subrayó que su embajada está en diálogo permanente con el ministro Bonomi y con el subsecretario Jorge Vázquez: ellos buscan «instituciones con reglas modernas» y «aprender de lo que ha ocurrido dentro de la región».[17] 
Alguien -muy ingenuo- podría pensar que la publicitada «legalización» de la marihuana (medida que por sí habría que apoyar si se tratara verdaderamente de una ampliación de los derechos individuales y democráticos), impediría la «colaboración» entre un «gobierno de izquierda» y el gendarme del mundo. Porque la «legalización» chocaría de frente con las «estrategias prohibicionistas» de la DEA y la administración Obama. Pero no. La medida «antiimperialista» (como la definen algunos fanáticos oficialistas) no les mueve un pelo. Como narcotraficantes expertos están plenamente informados del terreno que pisan. Saben que la retórica liberalizadora terminará siendo, en la mejor de las hipótesis, una «regulación» tutelada por el Estado a través de sus corporaciones judiciales, policiales y médicas. Sin consecuencias en los negocios del narco-mercado que manejan las mafias. Tal cual lo denuncian diversos colectivos de consumidores.[18]
Atrás quedaron los prejuicios ideológicos. Para una izquierda reduccionista -hegemonizada por el estalinismo-, las drogas eran -como la religión y el fútbol- «el opio del pueblo». Un «instrumento del capitalismo» y sus «servicios de inteligencia» para mantener enajenada a la juventud. Los años pasaron y el mundo fue cambiando. El mal llamado «socialismo real» se derrumbó piedra sobre piedra. La «retaguardia estratégica» desapareció del mapa, sin nada digno de legar. La moral superior del «hombre nuevo» quedó reducida a lo que siempre fue: un mito. Los izquierdistas de entonces despertaron de la pesadilla. Reciclándose en el progresismo. Reivindican la vía socialdemócrata. Defienden los «valores democráticos» del liberalismo y custodian el «Estado de derecho». Ahora son oficialistas. Gobiernan el orden del capital con el permiso de las clases propietarias. Y reprimen -con el apoyo del «enemigo imperialista» a los que perdieron su alma en el vicio de las «drogas ilícitas».
Empobrecimiento social
El nuevo «Código de faltas» ya está listo. El gobierno lo envió al Parlamento (17 de setiembre) para su aprobación. Se castigan -con trabajo comunitario o prisión- todas las «faltas»; incluidas aquellas que en la jerga judicial se califican de «delitos enanos», «mini-delitos» o «delitos en miniatura». También será sancionada la «mendicidad abusiva», es decir, los que «abusan» de su condición social miserable. El Código prohíbe a titulo expreso: limpieza de parabrisas, petición de dinero, cuidar autos sin autorización municipal, y toda actividad que «provoque con ello molestias e inconvenientes».[19] En otras palabras: casi todas las variantes de «empleo informal» que practican -para sobrevivir- los borrados del «mercado laboral».
Es la «mano dura». Que sustituye a la «mano justa» del «policía de cercanía» que no hace tanto pregonaba el gobierno. Termina cediendo a las demandas de aquellos estratos de la sociedad -llámense asalariados públicos o privados, cuentapropistas o profesionales, pequeños (y no tan pequeños) empresarios-, de ingreso «medio y medio-alto». La prédica represiva que las clases dominantes y sus «comunicadores» difunden, obtiene dividendos.
Para el sociólogo Rafael Paternain, el modelo progresista de seguridad pública avanza en el sentido que reclaman los sectores más conservadores: «A la línea de larga duración de desestructuración social le subyace otra: la rearticulación del Estado en términos de reivindicación constante de un populismo punitivo que vive de la creación de nuevos delitos, del agravamiento de las penas, de la rebaja de la edad de imputabilidad, del crecimiento del aparato policial, de las invenciones tecnológicas para el control situacional y del encierro como estrategia de de neutralización de ‘los peligrosos’. En cada coyuntura crítica se insiste sobre la necesidad de estos dispositivos. Frente a cada ‘ola delictiva’, se reconoce que éstos no son todavía lo suficientemente radicales para concretar la anhelada ofensiva final.»[20]
Las víctimas de este «populismo punitivo» se saben quiénes son. Las capas sociales «vulnerables», «despolitizadas», «desorganizadas». Carentes de cualquier refugio sindical. Aunque con un incalculable potencial de generar «desorden social». 
Los funcionarios del gobierno no encuentran datos que justifiquen la «ola delictiva». Porque las condiciones socio-económicas «mejoraron». Los planes asistenciales permitieron disminuir la cantidad de pobres e indigentes. El desempleo cayó a un 5,5%. Los salarios «recuperaron» su poder de compra. ¿Ilusión óptica?. Parece evidente.  Un informe del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT a quién nadie puede clasificar de opositor -y mucho menos de ultraizquierdista- aporta algunos datos sobre la situación real: «el flagelo de las bajas remuneraciones afecta al conjunto de los trabajadores uruguayos», en particular a los más jóvenes y a las mujeres de todas las edades.[21] La precariedad laboral alcanza a 450.000 personas (23% de los que trabajan). El desempleo juvenil llega a casi el 30%. El informe concluye con una diagnóstico tajante: «Los importantes aumentos salariales y los niveles de creación de empleo logrados en los últimos años, no han podido impedir que el peso de la masa salarial en el ingreso total de la economía uruguaya sea inferior al nivel que tenía en 1998, previo a la última recesión del país (.) En 1998 la masa salarial total representaba un 34% del producto, mientras que en 2011 alcanzó al 32,3%».[22] Una conclusión que prueba lo sabido: la «redistribución de la riqueza» que el progresismo prometió hace siete años y medio, ni siquiera empezó. La mayoría de los asalariados no superan los $14.000 mensuales. El 50% gana menos de 11.000. Mientras la canasta básica familiar se ubicaba en mayo de 2012 en los $46.500.
Para las capas sociales más pobres el paisaje es más sombrío. Sobre todo para las «nuevas generaciones» que habitan las «zonas rojas»: el 62% de los que viven en los barrios más pobres (urbanos y rurales) y en los «asentamientos irregulares», tiene menos de 25 años de edad.[23] Nacen y crecen en medio de la miseria. Sin ningún tipo de servicios a su alcance. En el 40% de los casos sin siquiera agua potable, como lo afirma un reciente informe de Catarina de Alburquerque, relatora especial de Naciones Unidas.[24] Muchas de las 200 madres (entre 21 y 25 años) que con sus hijos se encuentran en «situación de calle» en Montevideo, y que fueron censadas por el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), emigraron de esa realidad desprovista de toda esperanza.
Buena parte de los «jóvenes infractores» que la sociedad estigmatiza se reproduce en ese territorio de «marginalidad urbana». Son los hijos de la «exclusión». Algunos ya son «irrecuperables» para el sistema, dice Jorge Ferrando, vicepresidente del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay). Aunque se trate de pocos en relación a los 230.000 adolescentes (entre 13 y 18 años) que hay en el país. Porque la «minoridad infractora» son «como mucho 1.500». Menos de 50 han cometido homicidios u otros delitos de gravedad similar.[25] «Ser joven no es delito», reza una persistente campaña del INJU (Instituto Nacional de la Juventud). No parece ser lo que entienden el Ministerio del Interior y el Poder Judicial: cerca del 70% de los encarcelados en todo el país tiene menos de 30 años.
Un nuevo «peligro público» revela el mapa de empobrecimiento social. «La sífilis volvió al país y se instaló en los sectores más pobres y urbanos». Pasó a convertirse «en un serio problema» que «se manifiesta como un indicador de las inequidades sociales del país».[26] Se concentra entre las embarazadas más jóvenes de los cinturones de pobreza. El MSP (Ministerio de Salud Pública) decretó que la sífilis congénita «es un riesgo para la salud colectiva y por tanto constituye un peligro público», y resolvió la «obligatoriedad del tratamiento de la mujer infectada y de su pareja sexual».[27] El gobierno instruyó a la Policía para que actúe en caso de ser necesario. Si la mujer o su pareja se niegan a concurrir por su voluntad a un centro de salud, la autoridad puede detenerlos  y conducirlos.
Derechos Humanos
        
En mayo, la Asamblea General aprobó (sin los votos del Partido Colorado) la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.[28] Asumió en junio.[29] El Instituto tendrá amplias potestades para investigar y deberá presentar un informe anual con recomendaciones, propuestas, estudios y relatorías que a su juicio sean «reveladores de la situación de los derechos humanos en Uruguay». Y de las medidas que se tomaron o que se deberían tomar. Su presidenta, Mariana González Guyer, explicó a diversos medios de prensa que el Instituto es «una institución autónoma», que no depende del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial y que tiene tres cometidos: «defender, proteger y promover los derechos humanos». Para lograr sus cometidos el Instituto puede recibir denuncias tanto de individuos como de organizaciones sociales y de colectivos de la sociedad. [30] González Guyer puso énfasis en que «el respeto por los derechos humanos debe ser una causa nacional».[31] Al ser consultada sobre los temas en agenda, dijo que se tienen muchos por delante: «No es que sea un tema menor ni para restarle importancia, pero me parece que como primera manifestación de la institución de Derechos Humanos del país, correspondería comenzar a atender algunas situaciones que están viviendo ciudadanos y ciudadanas acá en el territorio».[32] 
        
No sabemos si esas «situaciones» a las que se refiere la presidenta están vinculadas a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen, hoy, desde el Estado. Se desconoce el contenido de la agenda, si es que la hay. El balance de entidades similares en otros países obligan a la cautela. Sobre todo, porque en ningún caso lograron mantener una «autonomía» respecto a los poderes del Estado. Esto es lo clave. Porque si el nuevo Instituto no garantiza esa «autonomía» respecto del Estado -y de los partidos que, con su voto, aprobaron la integración del Consejo Directivo- la independencia para valorar y proponer estará condicionada. Tanto como para denunciar las políticas que afectan (y conculcan) fundamentales derechos políticos, sociales y económicos de los «ciudadanos y ciudadanas». Si el Instituto se somete a lógica de «división del trabajo», donde el gobierno es el que, finalmente, hace y deshace, desde ya podemos afirmar que su actividad será intrascendente. A lo sumo, podrá «recomendar», presentar «relatorías», y hasta llegado el caso corregirle la plana en algún tema o asunto colateral. Ninguno decisivo para el ejercicio pleno de los derechos humanos. 
        
El vice presidente Danilo Astori, en nombre del gobierno, celebró la puesta en funciones del Consejo Directivo (es una buena carta para presentar ante los organismos de la «comunidad internacional» que, por lo general, fomentan este tipo de institutos), y la definió como «el comienzo de una etapa muy importante para el país». Porque se trata no solamente de un tema de «altísima sensibilidad», sino porque resalta «valores superiores e indiscutibles» como «libertad, paz y justicia» que rigen en él país.[33] Se olvidó de otro «valor» que también rige: la Ley de Caducidad que cobija la impunidad del terrorismo de Estado. Pero a quién le importa un detalle tan menor que no figura en ninguna encuesta sobre la «principal preocupación» de los uruguayos.
Alguien podrá argumentar, finalmente, que el Instituto recién se instala. Que ni siquiera cuenta con infraestructura propia. Ni sabe a ciencia cierta con que presupuesto dispone para funcionar. Sin embargo, y considerando la dimensión que asume el «populismo punitivo» que practica el gobierno, el Consejo Directivo (que ha recibido el respaldo de organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas y de derechos humanos, algunas de las cuales propusieron a los/as finalmente electos/as), debería poner en agenda, de forma urgente, las «situaciones» (consecuencias) que provoca. Sería una decisión acorde con el objetivo de «defender, proteger y promover los derechos humanos». Porque la estrategia de seguridad pública del progresismo -como «política de Estado»- significa un indudable avance autoritario. Incompatible, por tanto, con el respeto a los derechos humanos básicos y elementales.
El estigma social, la segregación espacial, y la violencia policial que incursionan en la vida de las clases más explotadas y empobrecidas, van estableciendo «zonas de no derecho». En estos territorios de privación -donde la indigencia material pasa a ser sinónimo de delito-, se refuerza un inaudito proceso de desposesión socio-económica que viola los derechos humanos de las personas «que la pasan mal», como alguna vez las definió el hipócrita de Mujica. A estas personas no se las amenaza con decretarle la «esencialidad de los servicios», ni se las invita  -como a los burócratas sindicales- a la chacra presidencial de Rincón del Cerro para romper las huelgas. El trato con ellas es menos coloquial. Más brutal. Hasta se las encarcela por «abusar» de su miseria, como al limpia-vidrios de Rivera y Bulevar Artigas, o se les secuestran carros y caballos, como a los «hurgadores de basura». Para este subproletariado la «tolerancia cero» es implacable.

Notas

[1] Empresa Cifra, setiembre 2012: http://www.cifra.com.uy/

[2] El estudio fue elaborado por los sociólogos Fernando Borraz, Cecilia Chouhy y Máximo Rossi. Citado por El Observador, Montevideo, 23-9-2012.
[3] La Corte Electoral validó 259.826 firmas de las más de 300.000 presentadas por los impulsores de la campaña para bajar la edad de imputabilidad. Por tanto, en octubre de 2014, en ocasión de las elecciones nacionales, se realizará un Plebiscito.
[4] Ponencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), citado en el suplemento Qué Pasa, El País, Montevideo, 29-9-2012. 
[5] Informe del Comisionado Parlamentario Alvaro Garcé, El País, Montevideo, 7-9-2012.
[6] Citado por Uypress, Montevideo, 28-9-2012.
[7] Nota en El Observador, Montevideo, 23-9-2012.
[8] Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior en el área de convivencia urbana. El País, Montevideo, 26-8-2012.
[9] «Estrategia por la Vida y la Convivencia», documento del Poder Ejecutivo que traza los nuevos lineamientos en términos de políticas de seguridad, agosto 2012.
[10] Gustavo Leal, ibídem.
[11] Eduardo Bonomi, entrevista en La República, Montevideo, 9-9-2012.
[12] Bonomi, ibídem.
[13] Citado por Loïc Wacquant en «Las cárceles de la miseria», Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2000.
[14] Entrevista en el semanario Búsqueda, citada por Rafael Paternain en «Megaoperativos y pensamiento salvaje», Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2011, Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
[15] Citado por El País, Montevideo, 28-9-2012.
[16] Entrevista con el periodista Aldo Silva en el programa radial «Provocando el pensamiento», citada por el semanario Búsqueda, Montevideo, 27-9-2012.
[17] Ibídem.
[18] A propósito del tema hay un buen trabajo de investigación en el libro de Guillermo Garat, «Marihuana y otras yerbas. Prohibición, regulación y uso de drogas en Uruguay», Debate/Sudamericana, Montevideo, 2012.
[19] Nota en El País, Montevideo, 15-9-2012
[20] Extraído del libro «Uruguay: inseguridad, delito y Estado», Trilce, Montevideo, 2012.
[21] Informe de Coyuntura, Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, 2012.
[22] Ibídem.
[23] «Pobreza infantil en Uruguay: evolución reciente, características y su vínculo con los procesos de segregación residencial y exclusión social», Gustavo de Armas, Unicef, 2012.
[24] «Derechos básicos, no para todos», nota de Andrés López Reilly, El País, Montevideo, 1-10-2012
[25] Entrevista en El País, Montevideo, 16-9-2012.
[26] «Sífilis: problema de Salud Pública en Uruguay», Mariana Contreras, semanario Brecha, Montevideo, 7-9-2012.
[27] Nota en El País, Montevideo, 22-9-2012.
[28] Creado por ley (diciembre de 2008) durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
[29] Está integrado por la Mariana González Guyer (socióloga, consultora en temas de género, ocupa la primera presidencia del Instituto); Mirtha Guianze (ex fiscal del Poder Judicial); Juan Faroppa (ex subsecretario del Ministerio del Interior y consultor de diversos organismos de derechos humanos); Juan Raúl Ferreira (ex senador del Partido Nacional y ex embajador uruguayo en Argentina); Ariela Peralta (abogada, integró el Servicio Paz y Justicia-América Latina, y fue subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional con sede en Washington).
[30] Emisora Océano FM, Montevideo, 25-6-2012.
[31] La República, Montevideo, 23-9-2012.
[32] Emisora Océnao FM, Montevideo, 25-6-2012.
[33] La República, Montevideo, 23-6-2012.
Colectivo Militante
Montevideo, 3 de octubre de 2012


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