Una ONG vinculada a los jesuitas documenta más de 16.500 crímenes de paramilitares en Colombia

Los casos se corresponden con los registros del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), reunidos en un estudio presentado recientemente en la capital colombiana.

El director de la o­nG, el sacerdote Gabriel Giraldo, ha explicado que el documento fue elaborado a partir de una revisión de los registros propios de la institución, que en 1988 creó una base de datos para reseñar los crímenes relacionados con el conflicto armado interno.

El estudio recoge 11.161 casos de personas ejecutadas, 1.869 desaparecidas y 164 torturadas. El resto de los casos corresponde a situaciones en las que las víctimas fueron torturadas y a su vez ejecutadas y desaparecidas, o torturadas y ejecutadas, o sometidas a otra combinación de esos crímenes.

«La gran mayoría de esos crímenes están en la impunidad, y tienen víctimas con rostros, con nombres concretos; no son crímenes abstractos, no son números», ha señalado el jesuita, para indicar que «allí están los nombres de las víctimas, las fechas en las que fueron perpetrados, los sitios, las circunstancias».

En su opinión, son «prácticas sistemáticas que han durado muchos años, que son de una extrema crueldad, que el blanco han sido justamente los movimientos sociales, desde las juntas de acción comunal, hasta los partidos políticos de izquierda».

Responsabilidad de EEUU

«La responsabilidad de los Estados Unidos en la configuración de la estrategia paramilitar del Estado colombiano no es pequeña», ha advertido el CINEP, que ha documentado la implicación de Washington desde 1962, cuando aun no habían surgido los grupos guerrilleros del país.

Un documento elaborado entonces por la dirección de Investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (EEUU), tras una visita al país, recomendó a la fuerza pública de Colombia «impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo», sewgún la o­nG.

Giraldo ha subrayado que el volumen es una aportación al debate nacional e internacional sobre la impunidad paramilitar que se ha abierto con el avance del proceso de diálogo del Gobierno de Alvaro Uribe con las AUC, que incluye la gestión parlamentaria de una normativa jurídica para los irregulares que se desmovilicen.

«Lo que hemos querido es que se tenga un instrumento de conocimiento de, por lo menos, una parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares», ha precisado el director del CINEP.

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