Una ofensiva brutal frente a unos trabajadores desarmados

En el momento de mayor impacto de la recesión imperialista en las trabajadoras y los trabajadores de todo el Estado español, con 4.326.500 parados oficialmente reconocidos a finales de 2009 (18.8%) y la destrucción de más de 1,2 millones de puestos de trabajo en doce meses, la Seguridad Social fue la única administración con superávit, alcanzando los 8.502 millones de euros (un 0,81% del PIB), lo que lleva al Fondo de Reserva a superar los 62.000 millones de euros.

Este superávit se produce a pesar de que la Seguridad Social española asume gastos que no le corresponden, como el pago de las pensiones no contributivas, que se cargan sobre las espaldas de los asalariados, en una extraña concepción de “solidaridad” entre los más pobres, en vez de ser asumidas por los presupuestos generales del Estado. De la caja de la Seguridad Social se ha tirado hasta para hacer subir el volumen de las inversiones en bolsa, con compra de acciones de las grandes corporaciones que luego han visto caer su valor en picado. Por no hablar de que más de la mitad de ese superávit se destina a Tesorería y no al Fondo de Reserva.

Pese a la campaña previa del gobierno y de la oligarquía española en los medios de comunicación capitalistas, no hay ni un solo dato objetivo que permita presuponer una quiebra del sistema de la Seguridad Social española. En cualquier caso, si se quiere aumentar el volumen de cotizaciones, el camino no es otro que incrementar el número de cotizantes, esto es, el de trabajadores con empleo, y, a la vez, el importe de las cotizaciones a través de sueldos más altos y empleos estables.

Por lo tanto, no hay razones intrínsecas para el proyecto del gobierno del PSOE de aumentar de los 65 a los 67 años la edad de jubilación, ni para aumentar la base de cálculo de las pensiones, que ahora ya está en 15 años (precisamente por las sucesivas contrarreformas de los gobiernos del PSOE) para reducir su importe, ni para los anunciados recortes en la pensión de viudedad y en las prejubilaciones.

Este ataque a las conquistas históricas de los trabajadores, el peor desde la dictadura fascista, no responde sino a la necesidad del gobierno metropolitano de demostrar a los inversores extranjeros que España “es un país serio y cumplidor” –como dijo Zapatero en Davos– frente al acoso de las agencias imperialistas como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias de calificación de la deuda pública, que amenazan con rebajar la calificación de la deuda española (obligando así al Estado a pagar cada vez mayores intereses por ella).

Este acoso se produce a raíz del brutal aumento del déficit público del Estado español, provocado por los cientos de miles de millones de euros que el gobierno ha desviado a las arcas de las grandes corporaciones financieras y bancarias españolas. Déficit público que llegó al 11,4% del PIB al finalizar 2009. Esto significa que el sector público español se gastó el año pasado unos 110.000 millones de euros más de lo que ingresó.

Por eso el gobierno Zapatero ha acordado una severa mutilación del gasto público. Por lo pronto, suma al recorte de gasto de 8.000 millones que ya preveían los presupuestos de 2010, otros 5.000 millones de los que los ministerios no podrán disponer pese a estar presupuestados. Además se anuncian medidas de disminución del gasto en personal, funcionamiento, inversiones y transferencias hasta los 40.000 millones.

Especialmente grave es la reducción de las inversiones en infraestructuras y del empleo público, que van a tener una severa repercusión en la calidad de los servicios que presta el Estado, y que van en la dirección contraria al estímulo del consumo y la creación de empleo.

De hecho, la ampliación de la edad de jubilación traerá consecuencias perversas que agravarán aún más la recesión imperialista. De una parte, bloquea el acceso de muchas trabajadoras y trabajadores a un puesto de trabajo, reduciendo así el dinero disponible para el consumo. Sin mencionar el hecho de que ampliar la edad de jubilación choca con la dinámica de las empresas, que prefieren rotaciones más rápidas para abaratar los costes. De otra parte, va a significar mayores costes sanitarios para el Estado, al agravar la salud de los trabajadores que se verán obligados a trabajar dos años más.

Salir de la recesión capitalista –que es, esencialmente, una crisis de consumo– requiere, justamente, medidas en sentido contrario: adelantar la edad de jubilación, reducir la jornada laboral y aumentar los salarios. Y, desde luego, incrementar la inversión pública, para cuya financiación se hace imprescindible la nacionalización de la banca.

Pero el gobierno del PSOE ya da por perdidas las próximas elecciones y sólo trata de congraciarse con sus financiadores, banqueros y dueños de las grandes corporaciones capitalistas, para futuras ocasiones. Y para servir a esa minoría oligárquica, a la que ha destinado ingentes cantidades de dinero público, está dispuesto a robar dos años más de vida a las asalariadas y los asalariados.

Lo peor del caso es que puede hacerlo con total impunidad, porque los trabajadores del Estado estamos totalmente inermes y desarmados.

Desarmados ideológicamente, porque prevalece la visión catastrofista sobre la recesión económica imperialista, percibida como un desastre natural frente al que no hay solución. Y que, tarde o temprano, remitirá de forma espontánea e inefable. Toda la propaganda capitalista y gubernamental va en esa dirección: la de hacernos creer que se trata sólo de un bache, de que pronto volverán los “buenos viejos tiempos” y de que hay que resignarse hasta que escampe.

Y desarmados políticamente, sin organizaciones comunistas fuertes y unidas –o, al menos, coordinadas–, sin una influencia social significativa. Y con unos sindicatos totalmente vendidos, gubernamentalizados y entregados, cuyo papel principal es el de impedir, a toda costa, la rebelión de la clase obrera.

Pero nosotros no nos resignamos. Y llamamos a las trabajadoras y trabajadores canarios, que soportamos el mayor sufrimiento, con el mayor paro, los peores salarios y la jornada más larga del Estado, a no resignarse. Nos dirigimos especialmente a la inmensa mayoría de los afiliados a los sindicatos a deshacerse de las cúpulas burocráticas que los engañan, los maniatan y los traicionan.

Y apelamos a la responsabilidad revolucionaria de nuestros camaradas de otras organizaciones comunistas para unirnos en lo principal, para converger en la lucha, para actuar juntos como vanguardia y puño de hierro de la clase trabajadora.

¡Ni un paso atrás en las conquistas de la clase obrera!

¡La Unidad es la Revolución!

¡A luchar, a movilizarnos, a conquistar el futuro!



Canarias, 1 de febrero de 2010

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