Una deshonrosa corona

Un doble homicidio, la mano cercenada del jefe guerrillero Iván Ríos
y una recompensa tormentosa de $2.500 millones; la súbita e
inexplicable confesión de una ex congresista condenada por feriar su
voto a la reelección, que terminó enredada en un secuestro.
las cenagosas andanzas del hermano del Ministro del Interior en
Antioquia con narcos del Urabá; la desfachatez de un hombre que
ordenó secuestrar y asesinar a su bebé mientras posaba ante las
cámaras, compungido, exigiendo castigos ejemplares; y un «genio» de
cola larga, con tercero de bachillerato, que logró en menos de dos
meses lo que no pudieron en seis años la oposición ni los
escándalos: poner a tambalear al presidente Uribe Vélez. Son los
antipersonajes de 2008.


Su selección, sin embargo, no fue nada sencilla, en un país judicial
como éste. Abundan los malos en las noticias, suele decir el lugar
común. La barbarie campea. A diario se registran asesinatos. Se
cuentan historias tristes. La gente llora. El dolor circula. Lo
asombroso de este inventario infame es que la notoriedad llegue por
el tamaño del desafío a la ley. Fue este el rasero, precisamente,
que le otorgó al desmovilizado guerrillero Pedro Pablo Montoya,
alias Rojas, la condenada (y avezada modelo de Soho) Yidis Medina,
el ex director de fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia
Cossio, el cincuentón homicida de Orlando Pelayo y al destronado rey
Midas David Murcia Guzmán el deshonroso título de antipersonajes de
El Espectador.


No acababa el país de celebrar la muerte de Raúl Reyes cuando se supo
que un segundo miembro del Secretariado de las Farc había fallecido.
Esta vez, en manos de su propio jefe de seguridad, un hombre de
bigote espeso y temperamento helado al que apodaban Rojas, natural
de San Roque (Antioquia), con 33 años y segundo de primaria. Ocurrió
el 3 de marzo. Rojas se escabulló hasta el cambuche de Ríos y dos
tiros de gracia bastaron para eliminarlo junto con su compañera.
Luego, simuló un combate y se perdió en la selva, no sin antes
amputar la mano derecha del guerrillero como prueba para
entregársela al Ejército. Un episodio insólito en 44 años de guerra
contra las Farc.


Después vinieron la rueda de prensa en Bogotá, las fotos que
certificaban el crimen, los anuncios de una millonaria recompensa y
la promesa de no procesarlo. El Gobierno festejó con bombos y
platillos la noticia. Sus opositores criticaron ácidamente que se le
pagara con dineros del Estado a un matón que públicamente había
reconocido serlo.
El Ejecutivo ripostó diciendo que se pagó por información y no por
muerte alguna. La controversia nunca se zanjó y lo último que se supo
fue que Rojas denunció que no le pagaron la recompensa prometida, que
se ha salvado de dos atentados de las Farc, que está aislado en una
celda de La Picota, investigado por innumerables delitos, y que su
familia corre peligro. Es el epílogo del Judas contemporáneo.


El caso Rojas fue sepultado por un nuevo escándalo con nombre y
apellido: Yidis Medina Padilla. El 30 de marzo anticipó un libro con
los secretos de la reelección. Dos semanas más tarde la Corte abrió
una investigación en su contra. Para el 25 de abril, estaba detenida.
Y dos meses después, condenada. En un acto de contrición suicida,
Yidis reveló que vendió su voto a cambio de puestos, que el Gobierno
fue ingrato y mal pago, que fue un desengaño la burocracia que nunca
llegó y que le prometieron regentar y que por eso habló y salpicó y
puso en aprietos a la guardia pretoriana de Uribe. El Gobierno la
tildó entonces de loca, de psicópata, de extorsionista y de corrupta.
Y se conocieron expedientes que la relacionaban con una presunta
estafa y un secuestro en Barrancabermeja.


Yidis dijo que el Gobierno quiso aplastarla y que lo hizo. El
Presidente se vio obligado a dar explicaciones a la Comisión de
Acusación. Otros tuvieron que hacerlo en la Fiscalía. Fue el
escándalo de la yidispolítica y lo provocó una mujer vanidosa, que
tuvo una «palomita» de tres meses en el Congreso en 2004, pero que
antes se ganó la vida como aseadora, vendedora de helados o
repartiendo tintos en el Concejo de Barrancabermeja. Nadie sabe aún si lo ha confesado
todo, pero todos le caen por lo que ha confesado.


En agosto, salió al baile Guillermo León Valencia. La Fiscalía lo
acusó de hacer parte del narcoimperio que erigió en el Urabá Daniel
Rendón Herrera, alias Don Mario, de recibir dineros de la mafia, de
entregarle información reservada al narcotráfico y de destruir
pruebas que lo incriminaban. En esencia, un prontuario de unos
quilates que van en contravía con el hombre encargado de administrar
justicia en Medellín y, como si fuera poco, hermano del ministro de
Justicia, Fabio Valencia Cossio. Pese a la contundencia de las
grabaciones en poder de la Fiscalía, Guillermo defendió su inocencia
y el Ministro no renunció.

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