Una alternativa: la Apostasía

Con la apostasía hacemos valer dos derechos: manejar y ser dueños de nuestros datos personales (pues la Iglesia hace uso de ellos queramos o no, y más teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos los bautizos se producen cuando las personas son incapaces de tener una opinión formada) y rehusar oficialmente de nuestra pertenencia a una institución con cuyas prácticas, discursos o creencias no coincidimos (en el caso de que así sea). A través de la apostasía mostramos públicamente nuestro rechazo a la Iglesia, su doctrina y su política.
 
Al apóstata hay que diferenciarlo de otros como el hereje (que niega una parte de la doctrina católica y formula otra distinta) y el pagano (que nunca fue católico). En términos doctrinales el apóstata niega la doctrina católica al completo; pero más allá de una cuestión religiosa apostatar es un acto político que, partiendo de un reconocimiento del carácter mundano de la institución católica, rechaza conscientemente a la misma. En este sentido, una persona que se considere a sí misma cristiana, incluso habiendo sido educado en la doctrina católica, tiene la opción de apostatar para mostrar su repudio, por ejemplo, a la jerarquía de la Iglesia.
 
 

Algunas razones para apostatar

Para apostatar sobran las razones. Dejando a parte los crímenes históricos de la Iglesia (Inquisición, nacionalcatolicismo, apoyo a dictaduras varias…), en la actualidad puede afirmarse que las razones pueden ser de índole espiritual-religioso (haber cambiado de religión o haberlas abandonado todas, siendo ateo); de índole político (rechazo a la comunión de intereses Estado-Iglesia, Capital-Iglesia, Reacción-Iglesia) o una mezcla de ambos: cuando, siendo cristiano, duele la hipocresía de la Institución, que no predica precisamente con el ejemplo.
 
En los últimos años el desapego de gran parte de la sociedad frente a la jerarquía de la Iglesia católica ha ido haciéndose cada vez más patente. Este desapego afecta por igual a personas que se consideran ateas como a personas que se consideran religiosas y cristianas e incluso a muchas que se declaran católicas. En la curva del descontento quizá el punto más álgido llegó en 2010, año en el que salieron a la luz innumerables casos de pedofilia protagonizados por sacerdotes católicos. Más allá de la deplorable conducta individual de varios cientos de sacerdotes, lo que dejó en mal lugar a la institución fue el encubrimiento sistemático y organizado de estos casos como política instalada dentro de la Iglesia y que, además, tocaba a personalidades de la misma tales como el mismo papa Ratzinguer, Benedicto XVI.
 
 
apostatar es un acto político que, partiendo de un reconocimiento del carácter mundano de la institución católica, rechaza conscientemente a la misma.
 
 
La indignación popular contra la Iglesia, no obstante, no se limitaba a ser una consecuencia de estos casos. En las cuestiones de moral, hay abierto un abismo entre las declaraciones de la jerarquía católica y la sociedad. Así, el anatema a la experimentación con células madre, por ejemplo, que ya ha salvado más de una vida en Andalucía. La postura de la Iglesia contra el aborto, contra los preservativos y, sobre todo, contra los matrimonios homosexuales despierta igualmente incomprensión generalizada en una sociedad, incluyendo a sus mismos fieles, más abierta de lo que a los prelados y obispos les gustaría. Además, el uso por parte de la Iglesia de estos argumentos moralizantes como argucias para una descarada propaganda política en la que, a través de sus medios de comunicación, se hizo campaña a un partido político determinado tampoco ha dejado indiferente a nadie, por descarado.
 
Además de su influencia política, nada desdeñable, viene criticándose también su importantísimo capital, sobre todo inmobiliario, por lo contradictorio que resulta respecto a su pretendido mensaje de caridad; pero también por los privilegios que el Estado le otorga, desde la exención del pago del IBI, como por los diferentes concordatos. Lo cual, junto con el hecho de que sigue inmiscuida en la educación, ya sea porque se mantienen asignaturas de “religión” en las escuelas públicas ya sea porque los ayuntamientos les regalan suelo para edificar sus escuelas privadas y concertadas, distorsiona mucho la pretensión de que el Estado sea un Estado laico, y explica por qué, cuando se redactó la Constitución de 1978 se dejó en aconfesional, manifestando la naturaleza de dicha Constitución y de la Transición como un apaño entre los progresistas y eurocomunistas por un lado y las figuras del nacionalcatolicismo franquista y del OPUS DEI, por otro.
 
 
 

Un derecho legislado

La apostasía, aunque valga para poco, está recogida tanto en el derecho internacional como en el español.
En el Articulo 18 de la declaración universal de derechos humanos se expone:
<<Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia>>.
 
En La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa (B.O.E. de 24 de julio) en su artículo segundo, apartado 1, epígrafe a, se estipula: <<La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas>>
 
 
 

En misa y replicando

 

Hasta hace relativamente poco, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tenía competencias en relación a la apostasía. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el derecho de cancelación, o «derecho de oposición», se extendía a las bases de datos y registros de cualquier organismo, incluidas las religiones. Así, esta lectura de la legislación fue apoyada por una sentencia de la Audiencia Nacional del 23 de octubre de 2007. Sin embargo, el Tribunal Supremo en sentencia del 19 de septiembre de 2008 rechazó estos argumentos a instancias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y del Obispado de Valencia afirmando que los registros de la Iglesia Católica no constituyen bases de datos propiamente dicho sino archivos históricos, y que por lo tanto la legislación sobre protección de datos no les es aplicable. En Marzo de 2011, acogiéndose a defectos de forma, el Tribunal Constitucional ya había rechazado 8 recursos frente a la decisión del Tribunal Supremo, seis de particulares, uno de la fiscalía y otro de la AEPD. Habría que indicar que, en Alemania y EEUU, a los que el Estado español imita y secunda en tantos aspectos, la Apostasía no es controvertida, tratándose como una baja administrativa más.

Pero claro, aquí la Iglesia entra en una contradicción: si los libros bautismales no son un listado que pueda modificarse voluntariamente por los interesados para ajustarse a su realidad actual, sino sólo tienen carácter histórico, carecen de validez legal y no pueden ser invocados para justificar nada. Lo que resulta llamativo es que no se consideren ficheros y como consecuencia se pretenda impedir la apostasía, y que, al mismo tiempo, sí se consideren así para esgrimirlos como supuesta base social y de este modo conseguir privilegios y prebendas. Si según el Tribunal Supremo el interesado en apostatar, pese a tratarse de sus propios datos personales, no puede cancelarlos ni modificarlos por una consideración formal, tampoco deberían ser considerados como certificado de pertenencia a la Iglesia Católica. El bautismo, y su consiguiente registro en libros, no presupone, por tanto, ni la pertenencia a la Iglesia Católica ni ninguna profesión de fe. La Iglesia no debería apoyarse en ello para contabilizar el número de católicos ni invocar su supuesta mayoría entre las distintas creencias, religiosas o no. Sin embargo, la Iglesia lo hace, los medios de comunicación le dan cobertura y el Estado lo asume. Es por ello que la Apostasía es un acto político de primer orden, un acto de denuncia, un acto de autoafirmación y un acto de rebeldía necesario.
 
 
 
 

¿Cómo se apostata?

Teniendo en cuenta las trabas que la Iglesia y el Estado ponen para ello, apostatar no es sencillo. La Iglesia hace todo lo que está en su mano para impedirlo, lo cual da una idea de lo importante que es apostatar (de que no es un hecho menor, ya que una apostasía generalizada de todos los que están contra la institución le restaría argumentos y, por lo tanto, influencia). Esto, en sí mismo, es un argumento más: ¿Cómo es posible que se admita que alguien, sin uso de razón, sea apuntado de por vida por sus padres a una religión y que, sin embargo, se dificulte la libre determinación de una persona adulta sobre sus creencias, cuando además esta determinación está recogida como derecho en las leyes que el Estado dice defender?
El procedimiento en sí es sencillo y no requiere gasto alguno: se envía o entrega en persona un formulario por partida partida doble, uno a la parroquia donde el aspirante a apóstata fue bautizado y otro al obispado al que pertenece dicha parroquia. Lo ideal es enviarlos por carta certificada o burofax, para garantizar su recepción. Estos formularios deben ir acompañados por fotocopias del DNI. A partir de ahí sólo cabe esperar e insistir. Antes de la resolución del Tribunal Supremo de 2008, a los diez días, si no había respuesta, había que ponerlo en manos de la AEPD, que a partir de ahí, actuaba de oficio. Lo normal es que la institución eclesiástica responda, y lo haga admitiendo la solucitud, negándola o poniendo algún tipo de impedimento. Cualquiera de los impedimentos o excusas que esgrima es ilícito, amén de ilegítimo; habitualmente son los siguientes: piden la Partida de bautismo (con ello persiguen dos objetivos: promover una cita con algún sacerdote en la cuál intentarán convencerte de que no apostates y cobrarte por la copia de la partida de bautismo, la cual, uno, no es necesaria, dos, ya la tienen de modo que no tiene sentido que la pidan, tres, debería entregarse gratuitamente porque para eso es tú partida de bautismo); piden confirmación de la apostasía (con objeto de retrasarla). En caso de que denieguen la solicitud están violando el derecho nacional e internacional.

 

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