Ultraderecha uribista hace Lawfare (guerra jurídica) a las pensiones de 3 millones de colombianos

Lawfare es la guerra jurídica que ha hecho desde el 2022 la ultraderecha fascista al gobierno del presidente Gustavo Petro y a su Plataforma programática de transformaciones estructurales para alcanzar la paz, la justicia social y ambiental.

Ahora el turno es para la Ley 2381 del 2024 (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=246356 ) Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones.

En efecto esta nueva legislación inspirada en la movilización popular y en la base programática del gobierno popular establece un conjunto de normas que favorecen los derechos de la población adulta, en particular a más de 3 millones de ciudadanos mayores que se encuentran en absoluta desprotección, pobreza y abandono social, a quienes se entregará mensualmente una asignación de 224 mil pesos (55 dólares).

Una vez fue aprobada esta ley, con los trámites correspondientes, colocada bajo control constitucional de la Corte Constitucional se desató, desde el campo de la ultraderecha neofascista, una cascada de demandas e impugnaciones orquestadas por una de las más reconocidas fichas del uribismo, la señora Paloma Valencia, quien con argucias y leguleyadas se ha empeñado en destruir todos los derechos consagrados en esta importante pieza legal del derecho social, mientras los de su conglomerado social oligárquico son depositarios de insultantes privilegios pensionales y prestacionales, precisamente en Colpensiones, la institución pública que atiende tales prerrogativas.

Demandas que han tenido el correspondiente acompañamiento de la guerra sucia en los grandes medios de comunicación financiados por los fondos privados de pensiones que quieren destruir a Colpensiones.

En esos términos, un magistrado de la caverna reaccionaria, el señor Jorge Ibáñez, de las corrientes más oscurantistas de los medios jurídicos de las altas cortes colombianas, ha proyectado el 18 de febrero del 2025, una ponencia para que la Corte Constitucional en pleno declare inexequible la ley 2381 anulando los avances sociales alcanzados por el gobierno nacional y la movilización popular.

El pronunciamiento tiene un claro filo político y antisocial que debe ser rechazado por las mayorías populares del país.

En ese sentido la principal alternativa para defender la ley es la movilización social y popular frente a la Corte Constitucional en el Palacio de Justicia.

No hay que dar más tiempo a la dilación y la maniobra de la ultraderecha que se quiere cobrar una victoria contra los derechos populares anulando este gran salto social representado en la ley que estamos defendiendo con ahínco y compromisos.

Que los jóvenes, las mujeres y toda la potencia de la multitud constituyente hagan sentir su repudio frente a esta andanada de las elites plutocráticas cargadas de odio contra las personas en condiciones de vulnerabilidad social.

 

* Imagen:  El Proyecto de Decreto que reglamenta aspectos claves de la Ley 2381 de 2024. Ministerio del Trabajo Colombia