Tribunal impide descriminalización irrestricta del aborto en República Dominicana

Por Adital

Después de la anulación de la reforma del Código Penal de la República Dominicana, el aborto continúa siendo delito en el país en todas las circunstancias.

El presidente Danilo Medina había promulgado el 19 de diciembre de 2014 la reforma integral del Código, alterando la tipificación del aborto como delito en tres casos –cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o salud de la mujer, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero o en caso de violación. Sin embargo, después de un recurso presentado por grupos de religiosos y conservadores, el Tribunal Constitucional consideró las reformas inconstitucionales.

La Ley 550-14, propuesta por el presidente Medina, establecía el Nuevo Código Penal de la República Dominicana, inicialmente datado el 20 de agosto de 1884. Las acciones fueron interpuestas por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Fundación Transparencia y Democracia y Fundación Matrimonio Feliz, en contra de los artículos 107, 108, 109 y 110, relacionados con la interrupción del embarazo.

Para Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, la decisión es un retroceso en los derechos humanos de las mujeres, en pleno siglo XXI. “Su impacto será catastrófico para las mujeres y niñas de República Dominicana, a las que se seguirá penalizando, estigmatizando y obligando a buscar abortos peligrosos porque se les niega el acceso a un tratamiento médico sin riesgos y legal.”

De acuerdo con datos de organizaciones de la salud, cada año, se realizan 85 mil abortos en el país, en forma clandestina, y cerca de 15 mil mujeres llegan en estado grave a los hospitales públicos, después de practicar un aborto ilegal. Según Amnistía, los números demuestran que la prohibición total del aborto no reduce la práctica, sino que aumenta el riesgo de la mujer de morir por abortos ilegales e inseguros. Para la Organización Mundial de Salud (OMS), la prohibición total del aborto crea un efecto “amedrentador” en la clase médica y afecta, sobre todo, a mujeres y niñas pobres y de las zonas rurales y aisladas.

Con informaciones de Amnistía Internacional.

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