Tres ONG denuncian que inmigrantes «sinpapeles» han tenido problemas de acceso a la sanidad en Andalucía

Según publica andalucesdiario.es, tres ONG andaluzas fuertemente implicadas en la ayuda a los inmigrantes han elaborado un informe que cifra en cuatro de cada diez los irregulares que han tenido esos problemas.

La noticia recogida por el diario digital andaluz, publicada por el periodista David Berlanga, continúa así:

Carlos Arce, responsable del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una de las ONG más activas en este tema, lo explica así: “Desde septiembre, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno, le dijimos a la Junta que a pesar de que públicamente se aseguró que en Andalucía no iba a tener efectos, si no se aprobaba una norma que lo refrendara, habría problemas. Y así ha sido”. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? “Pues desde la denegación rotunda de asistencia, hasta remitirlos a una oficina de la Seguridad Social, o incluso preguntarles si había un convenio en materia sanitaria con el país de origen”, responde Arce.

Las ONG ponen cifras: “Nosotros, junto a otras entidades, Andalucía Acoge y Médicos del Mundo, hemos realizado un estudio que dice que el 40% de los inmigrantes sin permiso de residencia que han solicitado atención sanitaria desde septiembre han tenido esas dificultades”, explica el responsable de inmigración de APDH-A.

El estudio, que las organizaciones han remitido a la Consejería de Salud, ha sido realizado a partir de casos de extranjeros indocumentados que han recibido atención directa en las oficinas de Médicos del Mundo y Andalucía Acoge. Partiendo de un caso tipo, el de una mujer con hijos menores a su cargo, las ONG han comprobado que en cuatro de cada diez casos los funcionarios del SAS, sobre todo de centros de salud, han dado respuestas contradictorias con el carácter universal que el Gobierno andaluz quiere para la sanidad pública. “En algunos casos, por ejemplo, al solicitar la tarjeta sanitaria se les ha remitido a una oficina de la Seguridad Social. Una vez allí, se les ha señalado el contenido del Real Decreto Ley del Gobierno y que según este no tienen derecho a ella”, afirma Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge. “Ha habido algún caso incluso en el que se ha intentado cobrar la asistencia sanitaria”, añade Valentín Márquez, responsable del programa de inclusión de Médicos del Mundo Andalucía.

Desde Médicos del Mundo, Andalucía Acoge y Pro Derechos Humanos se insiste en que finalmente las incidencias registradas se han ido solucionando con la intervención inmediata de la Consejería de Salud. Es decir, finalmente el inmigrante irregular al que se le había denegado atención sanitaria en un primer momento ha acabado recibiéndola de forma gratuita. Por tanto, el problema no habría sido falta de voluntad política de la Junta (las ONG reconocen la fluida interlocución con la Administración), sino la desorientación del propio personal del Servicio Andaluz de Salud por la falta de una norma autonómica que deje sin efectos dicho aparatado del Real Decreto Ley. “Pensamos que si hay voluntad política de no dejar sin atención médica a este colectivo, hay que seguir adelante con ello hasta las últimas consecuencias, independientemente de que luego el Gobierno central ponga problemas. Evidentemente, como nos decían en la Junta, el riesgo de un recurso ante el Constitucional existe”, considera Carlos Arce.

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