Tres noticias sobre vivienda que muestran el estado de desecho en el que se ha convertido España

1 Amnistía denuncia que España tiene el 30% de viviendas vacías de Europa

España tiene una de las políticas de vivienda social «más endebles de Europa», ya que solo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia. Además, hay más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente un 30% de las que hay en Europa.

Estos datos se recogen en el primer informe de Amnistía Internacional sobre la vivienda ‘Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España’, en el que denuncia que cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla en ejecuciones hipotecarias, debido al desempleo y al sobreendeudamiento, desde que comenzó la crisis en el 2008.

Durante la presentación del estudio, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha señalado que «el derecho a la vivienda corre peligro en España» y que «las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho».

Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica, ha afirmado.

Negociaciones obligatorias

Amnistía reclama que se paralicen todos los desahucios hipotecarios en España hasta que no se adopten garantías de protección, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso la razonabilidad y la proporcionalidad de un desalojo, y un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquéllas que el desalojo sea la última alternativa.

Amnistía Internacional sostiene que las autoridades han «invisibilizado» la gravedad de la situación al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el de género.

«El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizacionesï¿¿, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, quien añadió que «mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación».

Reducción del gasto público en vivienda

Por otro lado, Amnistía Internacional señala que, en un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, las autoridades han adoptado medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción del gasto público en vivienda en más del 50% entre 2008 y 2015.

España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE (1,1%), sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). De hecho, Amnistía subraya que, en lugar de hace frente a esta alarmante cifra, las autoridades de dos de las comunidades autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, como Cataluña y, sobre todo, la Comunidad de Madrid, han vendido vivienda social obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.

Agencias

2 Cinco señales de alarma que explican cómo España incumple mandatos internacionales sobre vivienda

Varias medidas contradicen las recomendaciones sobre el derecho a la vivienda efectuadas por organismos internacionales, según un informe de Amnistía Internacional

«El programa de austeridad ha socavado drásticamente este derecho, pese a las numerosos pisos vacíos disponibles», denuncia la relatora sobre vivienda de la ONU

Según calcula la organización, un 30% de todas las viviendas vacías en Europa se encuentran en España

Las medidas puestas en marcha en los últimos años en materia de vivienda no se ajustan a las normas internacionales sobre derechos humanos adoptadas por España. Es la conclusión principal que se extrae del informe Derechos Desalojados: el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, que este martes ha lanzado Amnistía Internacional. En él, se pone de manifiesto cómo, tanto el gobierno central como los autonómicos (sobre todo Madrid y Catauluña), han implementado políticas públicas alejadas del propósito de garantizar el derecho a la vivienda.

Según el Consejo General del Poder Judicial, en España se han iniciado medio millón de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. Los desahucios siguen siendo un goteo constante. Sin embargo, los poderes públicos no se han adaptado al marco internacional sobre el derecho a la vivienda, a pesar de que España ratificó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En su  artículo 11.1 reconoce el derecho a la vivienda y señala que «los Estados Partes tomarán las medidas adecuadas para asegurar la efectividad de este derecho».

La ONG ha identificado cinco señales de alarma que demuestran que «las autoridades públicas han adoptado, de manera injustificada y deliberada, medidas regresivas que son contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos» y califica la normativa dirigida a suspender el desalojo de «colectivos especialmente vulnerables» como «insuficiente». Eso a pesar de que la crisis económica es un «momento en el que urgía adoptar medidas para realizar el derecho a la vivienda de quienes lo necesitaban».

1. Recortes del gasto público en vivienda

El gasto público en vivienda se redujo en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 un 26% con respecto al año anterior y, según Eurostat, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 euros por persona en 2008 a 27,79 en 2012. Eso a pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el cumplimiento del PIDESC, ha insistido en que «los recortes del gasto en vivienda deben ser provisionales, necesarios y proporcionales (…) y deben mitigar las desigualdades».

Por otro lado, el parque de vivienda pública en España es uno de los más reducidos de la Unión Europea, solo por detrás de Chipre, Estonia, Grecia y Letonia. En nuestro país la cifra se sitúa entre el 1% y el 2% del total de viviendas, mientras que en Países Bajos, Austria o Reino Unido alcanza el 32%, 23% y 18% respectivamente. En 2012 el mismo organismo recomendó al Ejecutivo «trabajar en coordinación con las CCAA para invertir más recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que permita cubrir la demanda».

2. Venta de vivienda a sociedades de inversión

Lejos de cumplir esta recomendación, Madrid ha sido protagonista por vender miles de viviendas de protección oficial a los llamados fondos buitre. El Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió 3.000 pisos al fondo de inversión Goldman Sahchs-Azora y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de la capital hizo lo mismo con 1.860 pisos. Esta vez el comprador fue Magic Real Estate Blackstone. Ambas acciones han sido denunciadas por presunta prevaricación por los socialistas madrileños.

Este último ejemplo lleva a Amnistía Internacional a recordar que «el Estado debe garantizar que la privatización no da lugar a un retroceso injustificado en el disfrute del derecho a la vivienda, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». Y es que a pesar de que la entonces alcaldesa Ana Botella subrayó que se mantendrían las condiciones, los inquilinos que quieran continuar viviendo en su casa deberán  abordar un incremento del 40% del precio de alquiler por el simple hecho de que el recibo ya no sea de la EMVS, sino del «nuevo propietario», según documentó eldiario.es hace unas semanas.

3. Millones de casas vacías

En 2011 había en España 3,44 millones de casas vacías, según el censo oficial de población y vivienda elaborado por el INE. La cifra había aumentado un 10,8% en los diez últimos años y, según calcula Amnistía Internacional, más del 30% de todas las viviendas deshabitadas en Europa se sitúan en nuestro país. Estos datos demuestran, en opinión de la organización, que «existe un recurso al que las autoridades podrían recurrir para conseguir de manera progresiva la plena realización del derecho a la vivienda».

La infrautilización de las viviendas vacías contradice uno de los mandatos que en noviembre de 2013 hicieron varios relatores de Naciones Unidas, entre ellos Raquel Ronik, la relatora sobre vivienda, que  en una carta de denuncia al gobierno español avisaba de que «el programa de austeridad, con consecuencias especialmente graves para las personas que viven en la pobreza, ha socavado drásticamente el derecho a una vivienda adecuada, pese a las numerosas viviendas vacías materialmente disponibles en España».

4. Reducción del periodo de calificación

Las viviendas de protección oficial suelen permanecer en el sector público un periodo determinado de tiempo en la mayoría de comunidades. Es decir, su carácter social tiene una duración limitada. Según recoge Amnistía Internacional, el periodo de calificación se ha reducido en Cataluña desde el inicio de la crisis y ha pasado de 90 años (establecidos por el Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007) a entre 10 y 30 años, según el plan 2013-2016.

El periodo de calificación establecido por la Comunidad de Madrid no ha variado, pero se sitúa entre 10 y 15 años, dependiendo de si es para alquiler o para venta. Cuando finaliza el periodo de calificación de la vivienda, ésta es cedida al sector privado. Una transferencia a la que el relator sobre vivienda de Naciones Unidas se refirió en 2007 (entonces era Miloon Kothari) tras una visita de investigación a España: «a pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende», sostenía en su informe.

5. Menos prestaciones sociales

Por último, Amnistía Internacional identifica como quinta señal de alarma los recortes en prestaciones sociales. Se centra para ello en la Renta Mínima de Insercción (RMI), de la que afirma que «son cantidades bajas en general (la media se sitúa en 330 euros mensuales) y el Comité Europeo de Derechos Sociales las considera insuficientes, excepto en País Vasco y Navarra». Además, sostiene que en comunidades como Cataluña y Madrid «han experimentado un claro retroceso».

Por ello, sostiene que «teniendo en cuenta el reducido número de vivienda pública en España, prestaciones sociales como ésta podrían ser el último recurso para acceder a vivienda asequible en el sector privado» y recuerda que este tipo de ayudas «constituyen un sistema de protección social garantizado como parte del derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales«.

http://www.eldiario.es/sociedad/vivienda-Espana-incumple-mandatos-internacionales_0_401410779.html

3 El gasto público en vivienda se ha recortado en más de un 50% desde que comenzó la crisis

Amnistía Internacional publica un nuevo informe en el que denuncia que el derecho a la vivienda corre peligro en España y denuncia que la partida de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a este derecho ha caído a la mitad.

MADRID.- Los desahucios han sido el mejor ejemplo de cómo la crisis económica se ha cebado, desde su inicio en 2008, con las clases medias y bajas del país. Sólo entre 2012 y junio de 2014 se han llevado a cabo un total de 97.557 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales en España. Si se abre la horquilla y se elimina la condición de vivienda principal, los procesos de ejecución hipotecaria ascienden a 598.747 entre 2008 y el primer trimestre de 2015.

Un drama como el descrito debería llevar aparejado un esfuerzo extra desde las Administraciones Públicas para paliar las consecuencias de una crisis que ha elevado la tasa de pobreza entre los residentes en España al 22,2%. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero y, sobre todo, el de Mariano Rajoy, en su concepción suicida del término austeridad han recortado el gasto público en vivienda en los Presupuestos Generales del Estado en más de un50% desde 2008.

De hecho, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 euros por persona en 2008 a 27,79 euros en 2012. La reducción es más insultante si se compara el gasto público en vivienda con la media de los países de la Unión Europa: 134,65 euros por persona en 2012 frente a los 27,29 euros de España en el mismo año.

Así lo pone de manifiesto el informe de Amnistía Internacional Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, que la ONG ha hecho público este martes para denunciar que «el derecho a la vivienda corre peligro» en el Estado español dejando negro sobre blanco que el insuficiente esfuerzo del Gobierno de Mariano Rajoy y de algunas comunidades autónomas, como Madrid y Catalunya, en la lucha contra el drama de los desahucios.

Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación», denuncia AI.

«El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Mientras la vivienda se siga considerando como unbien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación», ha señalado el director de de Amnistía Internacional España Esteban Beltrán.

Recortes y ventas incomprensibles

Los recortes en materia de vivienda del Gobierno del Partido Popular se hacen más incomprensibles si se tiene en cuenta que España afrontó la crisis con el segundo parque de viviendas públicas más pequeño de Europa.

Amnistía Internacional calcula que el parque de viviendas sociales en España representa el 1-2% de todas las viviendas, un porcentaje obsceno si se compara con el 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Solamente Grecia en la UE tiene un parque de viviendas públicas más pequeño que España.

A pesar de ello, y de afrontar la crisis con un famélico parque de viviendas, las administraciones públicas no han tratado de ampliarlo y sí han llevado a cabo medidas de expolio y venta de vivienda social a fondos buitre para obtener financiación rápida.

España afrontó la crisis con el segundo parque de viviendas públicas más pequeño de Europa.

El mejor ejemplo de esta política de expolio de lo público ha sido ejecutada por el Partido Popular en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, vendiendo un total de 4.825 viviendas sociales a fondos buitre y provocando nuevas olas de desahucios entre las capas de población que más están sufriendo las consecuencias de la crisis.

El 30% de las viviendas vacías de la UE, en España

Pero España no está entre los países de la cola en todo. El Estado español se encuentra entre los líderes de la UE en cuanto a viviendas vacías. Según el censo de 2011, España tiene 3,44 millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa.

«A pesar de ello, tanto el Gobierno central y las gobiernos de Madrid y Catalunya no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada», denuncia Amnistía, que recuerda que la Sareb o banco malo tiene en su propiedad 80.000 viviendas.

Según el censo de 2011, España tiene 3,44 millones de viviendas vacías

Por último, Amnistía Internacional también denuncia que el escaso período de calificación social de la vivienda en Madrid, la reducción del mismo en Catalunya y las medidas para reducir y dificultar el acceso a las prestaciones sociales han generado «desprotección en las personas».

El derecho, en peligro de extinción

Amnistía Internacional alerta de esta manera que el «derecho a la vivienda corre peligro en España» y denuncia que «las autoridades españolas no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo este derecho». «Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis», denuncia el informe.

La ONG considera que «deben habilitarse mecanismos jurídico y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios».

Asimismo, argumenta que los jueces deben disponer de los medios jurídicos necesarios para evaluar cada caso y solicita el establecimiento de un mecanismo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar «que el desalojo es realmente el último recurso una vez examinadas todas las alternativas posibles».

http://www.publico.es/politica/gobierno-recortado-mas-del-50.html

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