Tres jóvenes neonazis se sientan en el banquillo de los acusados por el asesinato del antifascista bretón Clément Méric
Cosima Ouhioun, abogada de la familia Méric, declaró antes del inicio de la primera sesión que «los padres y las hermanas de Clément esperan de este juicio que se diga la verdad y que la memoria de Clément sea respetada». Esta voluntad se explica por el relato articulado por diversos medios de comunicación franceses, que han tendido a despolitizar la agresión y contextualizar la muerte del joven de 18 años dentro de una pelea callejera entre skinheads y redskins .
Pocas semanas después de los hechos se filtraron a los medios imágenes manipuladas de la escena del crimen según las cuales sería Méric quien habría iniciado la agresión. La policía judicial desmintió la autenticidad de las imágenes dado que la única cámara de videovigilancia que captó los hechos no permite clarificar este extremo. Aun así, los principales medios de comunicación -como RTLo France 2- las siguieron difundiendo como veraces. France 2 fue aún más allá y elaboró una infografía que se hizo viral. En esta simulación, se mostraba un Clément agresivo dirigiéndose hacia un pasivo Esteban Morillo que se encontraba de espaldas y que, ante el ataque, se habría defendido con los puñetazos que acabarían provocando la muerte del joven antifascista. Con todo, esta operación de desinformación contribuyó a la aceptación de un relato que -en el mejor de los casos- se refería a los hechos como una simple pelea entre grupos violentos y en el peor dañaba la figura Méric y de sus compañeros antifascistas, legitimando la versión de los jóvenes neonazis y convirtiendo así los agresores en agredidos.
Cinco años más tarde y ante un rompecabezas lleno de testigos y de piezas contradictorias, hay un elemento clave que determinará la sentencia final del juicio: la utilización o no de un puño americano. A Esteban Morillo y Samuel Dufour, principales imputados por la muerte de Méric, se les acusa de «violencias voluntarias habiendo provocado la muerte sin intención de causarla», en reunión y con arma. Si se demuestra que utilizaron el puño americano deberán enfrentarse a una condena de 20 años de prisión; si se desmiente, la pena se reduciría a 15 años. El tercer acusado, Alexandre Eyraud, haría frente a una pena de cinco años por «violencias en reunión» hacia los compañeros de Méric.
Hoy por hoy, Morillo ha aceptado haber inflingido dos de los puñetazos que le causaron la muerte, pero niega haberles dado con un puño americano. Dufour, por su parte, admite que llevaba anillos pero niega rotundamente haberse confrontado directamente con Méric, así como haber utilizado un puño americano. Aunque la investigación descubrió un SMS de Dufour enviado tras el enfrentamiento donde presumía de haber hecho uso para apalear al joven, las historias contradictorias de los testigos han impedido hasta ahora poderlo probar o desmentir. En el ámbito médico, la autopsia había descartado la utilización de un arma por falta de fractura. Sin embargo, durante el juicio una contra-experta ha probado una fractura en la nariz que sería compatible tanto con puñetazos desnudos como armados.
Otro factor clave será la dimensión política que se le dé a la agresión. En 2013 e inmediatamente después de los hechos, Manuel Valls -ministro del Interior en la época- se refirió a la agresión como «asesinato», en un contexto donde los temores por la escalada de la extrema derecha estaban resurgiendo. Sin embargo, los jueces de instrucción desestimaron intencionalidad de provocar la muerte al joven. Los abogados de los dos acusados principales insisten en rechazar el carácter político de la muerte de Méric: «No es una expedición punitiva, por lo tanto no es una acción de naturaleza política» afirma Patrick Maisonneuve, abogado de Morillo.
Por el contrario, tanto la familia como los colectivos donde militaba Méric reivindican el carácter político de la muerte de su compañero. La agresión se debe resituar en el contexto político de la primavera de 2013, cuando surgió un fuerte movimiento conservador de oposición a la legalización del matrimonio homosexual. La mani pour tous(Manifestación por todos) movilizó todas las derechas e incrementó la presencia de grupos neonazis en la calle, lo que llevó a una proliferación de las violencias homófobas y racistas. Como manifiesta el Comité Clément Méric en su último comunicado, «el juicio será la ocasión de suscitar una atención particular de los medios y de la opinión pública sobre la cuestión de las violencias de la extrema derecha. También será la ocasión de deconstruir el esquema que ciertos discursos intentan imponer, situando la extrema derecha y la extrema izquierda en un mismo plano «. Más contundente y breve, el padre del joven afirma: «Esperamos que el juicio sea un juicio contra la extrema derecha».
Los agresores de Méric formaban parte de Troisième Voie y de su servicio de orden, las Jeunesses Nationalist revolutionnaires (JNR), el cual tenía por consigna «Creer, combatir, obedecer», visiblemente toma del conocido lema de Mussolini. Ambos grupos de ideología fascista fueron creados en la década de los 80 y reactivados en 2010 por Serge Ayoub -alias Batskin-, conocido líder de los movimientos de extrema derecha del París de los años 80. La investigación del caso muestra la proximidad de los jóvenes con Ayoub para el intercambio de llamadas que tuvieron con él aquel 5 de junio antes y después de la agresión, que revelan como posteriormente los jóvenes se habrían reunido con su mentor en el bar privado Le Local, lugar de encuentro de Troisième Voie . Tanto este grupo como el JNR fueron disueltos después de los hechos por un decreto del Consejo de Ministros. Sin embargo,todavía no ha habido una aceptación pública del caso Méric como agresión fascista.
Desde la muerte de Méric, el gobierno ha disuelto numerosos grupúsculos de extrema derecha, pero muchos de ellos se han reorganizado tras nuevos nombres. En un contexto de expansión de este tipo de grupos tanto en número como en presencia geográfica y en la que el Rassemblement National -antiguo Frente Nacional- acumula entre el 20 y el 25% de los votantes, neutralizar el carácter fascista de sus crímenes puede crear un precedente y puede ser un aliciente para la escalada de violencia. En este sentido, reducir una agresión como la de Méric el producto de una cultura de confrontación física practicada indistintamente por grupos fascistas y antifascistas no sólo significaría tipificar la violencia como modus operandi de ambas partes sino que también implicaría atribuirles responsabilidades compartidas. En otras palabras, esto se traduciría en una permisividad política que consentiría la impunidad de los crímenes fascistas. ¿Están el Estado francés y su sistema judicial dispuestos a asumir las consecuencias? La sentencia del 14 de septiembre y las lecturas políticas del caso nos lo dirán.
Tres joves neonazis seuen a la banqueta dels acusats per l’assassinat de l’antifeixista bretó Clément Méric
setembre 10, 2018
Clément Méric, sindicalista a Solidaires Etudiant-e-s i militant a Action Antifasciste Paris-Banlieue, va ser abatut per un grup de neonazis a París el 5 de juny de 2013. Cinc anys després de la seva mort, aquest 4 de setembre s’ha iniciat el judici al Tribunal Penal de París, que emetrà sentència el 14 de setembre i que podria condemnar a dos dels tres imputats a penes de fins a 20 anys de presó
Anna Montull, París | @anna_montull
Cosima Ouhioun, advocada de la família Méric, va declarar abans de l’inici de la primera sessió que “els pares i les germanes de Clément esperen d’aquest judici que es digui la veritat i que la memòria de Clément sigui respectada”. Aquesta voluntat s’explica pel relat articulat per diversos mitjans de comunicació francesos, que han tendit a despolititzar l’agressió i a contextualitzar la mort del jove de 18 anys dins d’una baralla de carrer entre skinheads i redskins.
Poques setmanes després dels fets es van filtrar als mitjans imatges manipulades de l’escena del crim segons les quals seria Méric qui hauria iniciat l’agressió. La policia judicial va desmentir l’autenticitat de les imatges donat que l’única càmera de videovigilància que va captar els fets no permet clarificar aquest extrem. Així i tot, els principals mitjans de comunicació –com ara RTLo France 2– les van seguir difonent com a veraces. France 2 va anar encara més enllà i va elaborar una infografia que es va fer viral. En aquesta simulació, es mostrava un Clément agressiu dirigint-se cap a un passiu Esteban Morillo que es trobava d’esquenes i que, davant l’atac, s’hauria defensat amb els cops de puny que acabarien provocant la mort del jove antifeixista. Amb tot, aquesta operació de desinformació va contribuir a l’acceptació d’un relat que –en el millor dels casos– es referia als fets com a una simple baralla entre grups violents i en el pitjor malmetia la figura de Méric i dels seus companys antifeixistes, legitimant la versió dels joves neonazis i convertint així els agressors en agredits.
Als dos principals imputats se’ls acusa de “violències voluntàries havent provocat la mort sense intenció de causar-la”, en reunió i amb arma. Si es demostra que van utilitzar el puny americà hauran d’enfrontar-se a una condemna de 20 anys de presó; si es desmenteix, la pena es reduiria a 15 anys
Cinc anys més tard i davant d’un trencaclosques ple de testimonis i de peces contradictòries, hi ha un element clau que determinarà la sentència final del judici: la utilització o no d’un puny americà. A Esteban Morillo i Samuel Dufour, principals imputats per la mort de Méric, se’ls acusa de “violències voluntàries havent provocat la mort sense intenció de causar-la”, en reunió i amb arma. Si es demostra que van utilitzar el puny americà hauran d’enfrontar-se a una condemna de 20 anys de presó; si es desmenteix, la pena es reduiria a 15 anys. El tercer acusat, Alexandre Eyraud, faria front a una pena de cinc anys per “violències en reunió” cap als companys de Méric.
Ara per ara, Morillo ha acceptat haver inflingit dos dels cops de puny que li van causar la mort, però nega haver-los donat amb un puny americà. Dufour, per la seva banda, admet que portava anells però nega rotundament haver-se confrontat directament amb Méric, així com haver utilitzat un puny americà. Tot i que la investigació va descobrir un SMS de Dufour enviat després de l’enfrontament on presumia d’haver-ne fet ús per a apallissar al jove, les històries contradictòries dels testimonis han impedit fins ara poder-ho provar o desmentir. En l’àmbit mèdic, l’autòpsia havia descartat la utilització d’una arma per falta de fractura. No obstant això, durant el judici una contra-experta ha provat una fractura al nas que seria compatible tant amb cops de puny nus com armats.
Un altre factor clau serà la dimensió política que se li doni a l’agressió. El 2013 i immediatament després dels fets, Manuel Valls –ministre de l’Interior a l’època– es va referir a l’agressió com a “assassinat”, en un context on els temors per l’escalada de l’extrema dreta estaven ressorgint. No obstant això, els jutges d’instrucció van desestimar la intencionalitat de provocar la mort al jove. Els advocats dels dos acusats principals insisteixen a rebutjar el caràcter polític de la mort de Méric: “No és una expedició punitiva, per tant no és una acció de natura política” afirma Patrick Maisonneuve, advocat de Morillo.
Per contra, tant la família com els col·lectius on militava Méric reivindiquen el caràcter polític de la mort del seu company. L’agressió s’ha de ressituar en el context polític de la primavera de 2013, quan va sorgir un fort moviment conservador d’oposició a la legalització del matrimoni homosexual. La Manif pour tous (Manifestació per tots) va mobilitzar totes les dretes i va incrementar la presència de grups neonazis al carrer, fet que va portar a una proliferació de les violències homòfobes i racistes. Com manifesta el Comitè Clément Méric al seu darrer comunicat, “el judici serà l’ocasió de suscitar una atenció particular dels mitjans i de l’opinió pública sobre la qüestió de les violències de l’extrema dreta. També serà l’ocasió de deconstruir l’esquema que certs discursos intenten imposar, situant l’extrema dreta i l’extrema esquerra en un mateix pla”. Més contundent i breu, el pare del jove afirma: “Esperem que el judici sigui un judici contra l’extrema dreta”.
Els agressors de Méric formaven part de Troisième Voie i del seu servei d’ordre, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires (JNR), el qual tenia per consigna “Creure, combatre, obeir”, visiblement presa del conegut lema de Mussolini. Ambdós grups d’ideologia feixista van ser creats a la dècada dels 80 i reactivats el 2010 per Serge Ayoub –alias Batskin–, conegut líder dels moviments d’extrema dreta del París dels anys 80. La investigació del cas mostra la proximitat dels joves amb Ayoub per l’intercanvi de trucades que van tenir amb ell aquell 5 de juny abans i després de l’agressió, que revelen com posteriorment els joves s’haurien reunit amb el seu mentor al bar privat Le Local, lloc de trobada de Troisième Voie. Tant aquest grup com el JNR van ser dissolts després dels fets per un decret del Consell de ministres. Tanmateix, encara no hi ha hagut una acceptació pública del cas Méric com a agressió feixista.
Els agressors de Méric formaven part de Troisième Voie i del seu servei d’ordre, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires (JNR), el qual tenia per consigna “Creure, combatre, obeir”
Des de la mort de Méric, el govern ha dissolt nombrosos grupuscles d’extrema dreta, però molts d’ells s’han reorganitzat rere nous noms. En un context d’expansió d’aquest tipus de grups tant en nombre com en presència geogràfica i en què el Rassemblement National –antic Front Nacional– acumula entre el 20 i el 25% dels votants, neutralitzar el caràcter feixista dels seus crims pot crear un precedent i pot ser un al·licient per a l’escalada de violència. En aquest sentit, reduir una agressió com la de Méric al producte d’una cultura de confrontació física practicada indistintament per grups feixistes i antifeixistes no només significaria tipificar la violència com a modus operandi d’ambdues parts sinó que també implicaria atribuir-los responsabilitats compartides. En altres paraules, això es traduiria en una permissivitat política que consentiria la impunitat dels crims feixistes. Estan l’Estat francès i el seu sistema judicial disposats a assumir-ne les conseqüències? La sentència del 14 de setembre i les lectures polítiques del cas ens ho diran.