Tres huelguistas de Tarragona a juicio por los hechos de la huelga general del 2012

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Situación inusual en Tarragona. La huelga general del 14 de noviembre de 2012, que se había convocado a toda España y en varios países europeos y de la costa mediterránea, acabó con cargas policiales, detenidos y un menor herido con un porrazo en la cabeza para la espalda. Los acontecimientos siguen una lógica poco habitual: durante la movilización se identificaron tres personas, pero ninguna de ellas forma parte del grupo de encausadas que se enfrentan a penas económicas de hasta 7.000 euros y un año y seis meses de prisión .

Las tres encausadas fueron detenidas semanas después de los hechos, a raíz de una investigación policial basada en audiovisuales de los medios de comunicación presentes en la convocatoria y otros materiales de cámaras de particulares. Por el contrario, las personas identificadas en el mismo día 14 de noviembre fueron absueltas de todo los cargos.

Durante la movilización se identificaron tres personas, pero ninguna de ellas forma parte del grupo de encausadas

La huelga general, convocada por diferentes actores sociales de Tarragona, había transitado por las calles del centro con piquetes informativos y en un momento de la mañana, las integrantes decidieron hacer una parada en la plaza Imperial Tarraco, frente a las instalaciones del Corte Inglés por «visualizar el descontento social». Uno de los encausados, Lucas B, ha explicado a la Directa que, en este momento, se volcó un contenedor y «los agentes empezaron a cargar de manera indiscriminada». A partir de ahí, se desencadenaron una serie de acciones que provocaron supuestas afectaciones al mobiliario de una entidad bancaria y, además, dos menores, una de tan sólo trece años, sufrieron cargas por parte de una unidad de ARRO de los Mossos, que custodiaba las puertas del centro comercial.

Las tres personas imputadas, tras los incidentes fueron detenidas y en ese momento se las acusó de varios cargos, entre los que destacan atentado a la autoridad, daños, coacción y desorden público.
La reconstrucción de los hechos

Lucas B. asegura que después del hechos, la manifestación continuó con normalidad hasta el ayuntamiento de la ciudad. No fue hasta después de un mes que «un día a las ocho de la mañana» la policía llamó a su casa y le acusó de varios cargos. Posteriormente, pasó un día y medio detenido y tuvo un juicio rápido de lo que salió en libertad con cargos de atentado a la autoridad, daños, coacción y desorden público.

Concentración en apoyo a las huelguistas ayer ante el Ayuntamiento de Tarragona / Laia Mateu

Sin embargo, la acusación, hace cuatro años, cambió los cargos de desorden público y daños y una multa de 10 euros diarios durante 20 meses, por desobediencia civil y 7.000 euros a repartir entre las encausadas por la entidad bancaria. El encausado reitera que durante la declaración repetirá lo que ya dijo el primer día ante el juzgado de guardia: «Formaba parte de un piquete no violento y simplemente estaba allí».

Según el grupo de apoyo, «se están utilizando los hechos para tapar un juicio a unos mozos que abrieron la cabeza a un niño menor de edad con un porrazo»

Desde el grupo apoyo a las huelguistas se marcan como objetivo «dar visibilidad a la causa y apoyo a las encausadas» y constatan que en aquella ocasión «la policía cargó incluso contra gente que estaba paseando por la calle». Ahora bien, lo que sitúan en el centro del debate es que «se están utilizando los hechos para tapar un juicio a unos Mossos que abrieron la cabeza a un niño menor de edad con un porrazo».
Policías acusados ​​de lesiones

Los tres agentes imputados por la carga policial que dejó un menor herido declararon el 11 de abril de 2013 el Juzgado número 3 de Tarragona y ya forman parte de las diligencias previas del caso.

Tres policías fueron investigados – antes imputados- por una falta de lesiones y por un delito de lesiones. En cuanto al menor que recibió el golpe en la cabeza, su abogado, Ramon Maria Sans, declaró en 2013 que la policía había tenido una actitud «claramente violenta», porque «no había peligro». En cambio, el sindicato SME-CCOO defendió los agentes y aseguró que ese día actuaron según los «protocolos establecidos», haciendo hincapié en que los imputados «no tienen nada que esconder».

En junio pasado, el juez estimó prescrita la falta por lesiones a la menor de dieciséis años, porque durante seis meses la causa estuvo paralizada

En junio pasado, el juez estimó prescrita la falta por lesiones a la menor de dieciséis años, porque durante seis meses la causa estuvo paralizada. En cambio, el procedimiento por delito de lesiones de otro agente, que hirió la cabeza de un menor, sigue abierto.
El núcleo de la controversia

En su momento, el juez consideró que los golpes a los menores no merecían calificación delictiva porque «no había intencionalidad». La menor de dieciséis años sufrió contusiones que no requirieron atención médica, mientras que el menor necesitó cuatro puntos de sutura.

A pesar de la versión del juez, los abogados de la defensa argumentaban que no se había seguido el protocolo de actuación de manera correcta, atendiendo a la Instrucción 4/2008, de 11 de marzo, sobre la utilización de armas y herramientas de uso policial: «los golpes deben darse con la defensa en paralelo al suelo y en partes muscularmente protegidas del tren inferior del cuerpo», dejando claro que «en ningún caso se debe utilizar de arriba abajo, ni sobre zonas vitales del cuerpo humano, tales como la cabeza «.

https://directa.cat/actualitat/tres-vaguistes-de-tarragona-judici-pels-fets-de-vaga-general-del-2012

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