Publicado en: 30 junio, 2015

Tres activistas de Greenpeace detenidos tras una protesta en el Congreso contra la ‘ley mordaza’

Por Kaos. Criminalización y represión

La protesta que ha llevado a cabo Greenpeace este martes contra la llamada ley mordaza en las inmediaciones del Congreso, que ha consistido en desplegar durante cuatro horas una pancarta en una grúa de obras en las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, se ha saldado con dos policías contusionados y la […]

La protesta que ha llevado a cabo Greenpeace este martes contra la llamada ley mordaza en las inmediaciones del Congreso, que ha consistido en desplegar durante cuatro horas una pancarta en una grúa de obras en las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, se ha saldado con dos policías contusionados y la detención de tres activistas.

La protesta arrancó a las ocho de la mañana cuando un grupo de activistas intentó tomar la grúa situada en la calle Zorrilla y, tras un choque con los policías que custodian la sede del Congreso, dos de ellos lograron encaramarse a lo alto de la grúa y desplegar la pancarta con el lema La protesta es un derecho.

La organización ha difundido a través de Twitter fotografías de sus activistas en la grúa que se está utilizando para las obras del Parlamento y de otro más, junto a la puerta del edificio, con otra pancarta en la que podía leerse Sin mordazas.

Greenpeace ha denunciado que la nueva ley penalizará, entre otros comportamientos, formas de protesta pacífica como las que suele hacer su organización en edificios públicos. La ONG ha hecho además un llamamiento a manifestarse en Madrid este martes, a las 19:30, desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol.

“Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España“, ha declarado en un comunicado el portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. A su juicio, la ley “está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos”.

Greenpeace ha subrayado que la ley establece nuevas infracciones que encajan directamente con formas de protesta pacífica de algunos colectivos, como los activistas antidesahucios, las mareas ciudadanas, los sindicalistas o los afectados por las participaciones preferentes, que además “no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana”.

“En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación” y ello “contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Español en materia de derechos humanos”, ha denunciado la organización.

Para Greenpece, el hecho de que la ley sancione el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también “va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones”.

“A partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación“, ha lamentado Soto, subrayando además que, “dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas“.

Agencias

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