Treinta y una familias asturianas, en la calle por falta de viviendas sociales

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PAH Oviedo denuncia la vulneración sistemática por el Gobierno del Principado de Asturias del derecho fundamental a una vivienda digna, y exige que la crisis habitacional se incluya en la negociación de los presupuestos de 2020

Oviedo, 3  diciembre de 2019

De acuerdo con datos oficiales facilitados por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios de Oviedo, en lo que va de año 31 familias asturianas en situación de urgencia o emergencia social han visto denegadas sus solicitudes de adjudicación de una vivienda social por falta de viviendas públicas. Se trata de hogares que, cumpliendo todos los requisitos requeridos por el exigente Decreto de adjudicación de viviendas públicas, es decir, encontrándose en situación de necesidad perentoria de vivienda, se ven abocadas a la exclusión residencial extrema sin la alternativa habitacional a la que tienen derecho.

“Estamos convencidas que, más allá del dato reconocido por la propia Consejería, en realidad el número de casos es mucho mayor”, afirma Pilar Lobo, portavoz de PAH Oviedo. “Nos consta, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Oviedo está rechazando solicitudes de familias desahuciadas al carecer de recursos para el pago de un alquiler por no haber viviendas sociales disponibles en el concejo, y que otras familias han sido colocadas en listas de espera hasta que alguna vivienda quede vacante”.

Esta cifra escandalosa pone al descubierto la verdadera realidad de la política de vivienda del Gobierno de Asturias, que desde el estallido de la crisis financiera ha recortado sus presupuestos en más del 80% y ha renunciado a la promoción de nuevas viviendas públicas, como denunció PAH Oviedo el pasado 19 de noviembre. La Plataforma apela a la responsabilidad de todos los grupos políticos de la Junta General y les exige que en la negociación de los presupuestos regionales de 2020 se incluyan medidas efectivas para hacer frente a la actual situación de crisis habitacional que sufre nuestra región, y que con seguridad se agravará aún más al reactivar las entidades financieras las demandas de ejecución hipotecara suspendidas por la aplicación de cláusulas abusivas de vencimiento anticipado.

“Hemos solicitado a la Consejera Melania Álvarez una reunión para exponerle esta gravísima situación ya el 23 de octubre pasado, y más de un mes después aún estamos esperando por su respuesta”, concluye Pilar Lobo.

 

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