Tomás F. Ruiz: «El gobierno protege la criminal impunidad de Martin Villa»

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En lo que se refiere al caso Martín Villa, con su negativa a extraditar a un acusado de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene la tradición de amparar criminales que España practica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco convirtió este país en santuario para proteger genocidas nazis huidos de la justicia internacional.

El próximo día 20 de marzo, la jueza argentina María Servini ha citado al exministro de Interior Rodolfo Martin Villa para interrogarlo como responsable de diversos casos de ocultación de pruebas criminales, amparo a torturadores (caso del comisario Conesa), terrorismo de Estado (caso Scala contra el anarcosindicalismo español) y por su responsabilidad como ministro (compartida con Fraga Iribarne y con el sanguinario capitán de la Policía Armada Jesús Quintana Saracibar) en los asesinatos en primer grado cometidos en el mes de marzo de 1976, cuando cinco trabajadores que se encontraban en una asamblea fueron abatidos a tiros en Vitoria por la policía.

El gobierno se niega a entregar a Martín Villa

El gobierno “de izquierdas” de Pedro Sánchez se ha negado a entregar al probado criminal que es hoy Martín Villa a la jueza Servini. Incluso tras haber sido constatados todos los cargos que pesan contra él, Martín Villa sigue en completa libertad, disfrutando de los privilegios que le otorga el Estado español, especialmente la impunidad por todas las responsabilidades criminales que pesan sobre él.

A pesar de los cargos y las evidencias presentadas desde el juzgado federal número uno de Buenos Aires, hasta ahora Martín Villa sigue siendo intocable gracias a la abyecta complicidad que, para evitar su extradición, el ejecutivo mantiene con la justicia española, una depravada institución que ciega los ojos ante la tortura, la violación de derechos humanos y el terrorismo de Estado cometidos por este ex ministro del interior.

El ministerio de Exteriores se ha negado a entregar a Martín Villa a la jueza Servini argumentando que la magistrada argentina no ha seguido los trámites adecuados para solicitar la extradición del presunto delincuente español. El Estado español no acepta la petición de extradición que se le ha dirigido por estar formulada a través de un oficio judicial. Argumentan que el requerimiento debería haberse hecho a través de una petición de asistencia internacional (exhorto internacional). Con esta amañada excusa, totalmente fuera de lugar en términos judiciales, el gobierno de España se niega a la extradición y se posiciona abiertamente como protector y cómplice de los crímenes contra lesa humanidad cometidos por Martín Villa, de los que lo acusa la jueza María Servini desde Argentina.

¿Una izquierda que protege torturadores?

La misma formación Podemos, como aliada indispensable del gobierno psoista, tampoco parece haber hecho nada al respecto de esta manifiesta complicidad gubernamental con los crímenes y torturas del reclamado por la justicia argentina. Hasta el momento, la formación de Pablo Iglesias se ha limitado a hacer constar su queja ante el acto político en el que su ilegítima majestad, Felipe VI, condecoró a Martín Villa por los muchos servicios hechos al Estado.

Sin embargo, contradiciendo su queja, recientemente Unidas-Podemos apoyó la propuesta de proteger la “intimidad” del torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, impidiendo que se hiciera pública su hoja de servicios. Posiblemente, a los “muchachos” de Podemos ya no le parezca tan repugnante la tortura como cuando acampaban en las calles, como movimiento 15.M, reclamando justicia contra todos los criminales y torturadores protegidos por el Estado español.

El carnicero de Vitoria

Entre otros, al conocido como “carnicero de Vitoria” (Rodolfo Martín Villa) la jueza Savini lo reclama para que responda de los cinco asesinatos y más de un centenar de heridos que la policía del régimen provocó en 1976 en la ciudad de Gasteiz cuando disparó indiscriminadamente contra una multitud desarmada. Martín Villa está igualmente incriminado en el intento de asesinato del líder independentista canario Antonio Cubillo, por el que tampoco ha sido aun procesado.

Hoy es el ejecutivo de Pedro Sánchez el que, como en los tiempos del GAL, vuelve a proteger a un criminal buscado por tribunales internacionales por su responsabilidad directa en los asesinatos de Vitoria, su complicidad con la tortura y su práctica del terrorismo de Estado. Sus socios de Unidas Podemos han sido también arrastrados hacia las cloacas del estado, donde los criminales de la talla de Martín Villa siguen campeando a sus anchas gracias al amparo institucional y a la complicidad de pervertidos y repugnantes políticos “de izquierdas”.

Además de una absoluta impunidad en lo que a sus crímenes se refiere, Martín Villa disfruta hoy en día, en el reino de España, de una muy holgada posición económica. Entre otros, y como pago por sus servicios al Estado (esto es, por los crímenes cometidos a lo largo de su criminal carrera política), ha sido nombrado, entre otros cargos, presidente de Endesa y Sogecable. Pocas veces antes un criminal había podido disfrutar tanto y tan bien, ya no solo de los privilegios que le otorga el Estado, sino también de la abierta e insultante impunidad que le garantizan las instituciones españolas.

En lo que se refiere al caso Martín Villa, con su negativa a extraditar a un acusado de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene la tradición de amparar asesinos y criminales que España practica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco convirtió este país en santuario para proteger genocidas nazis huidos de la justicia internacional.

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