Chile. Tohá felicita “Golpe” a organizaciones sociales

X puntada con hilo

Al tiempo que las personeras otrora “feministas” y/o defensoras de cupos “de género” pregonan la lucha contra el “crimen organizado” (denominación de todo y nada apuntando -a menudo- a la migración), la ministra del interior, CAROLINA TOHÁ, vestida a tono de carabineros de chile, muy alegre y rodeada de uniformes, felicita el “golpe” policial y advierte que están siendo “fuertemente perseguidos”… ¿Quiénes?:  En dichos de Tohá, “quienes quieran en chile manifestar puntos de vista de manera enfática o posturas muy críticas”, serían “bienvenidos”, pero no aquellos con “prácticas y métodos violentos”… Cuando Tohá sostiene esta especie de “aclaración, lo hace afirmando que en los allanamientos ordenados por su gobierno en cinco comunas de la Región metropolitana este sábado 6 de julio, habría aparecido “un arsenal”. La jueza de garantía –posteriormente- declaró que nueve de las detenciones serían ilegales, las supuestas pruebas son débiles. El discurso del gobierno vincula a los detenidos con la “colocación de una bomba en una automotora de la región metropolitana a fines del año 2023”, pero luego de intentar aseverar que se habrían encontrado “bombas para ser ocupadas próximamente”, Tohá rectifica: “no sabemos exactamente”. Su objetivo parece ser contra-restar “la agenda” como la llama ella, de personas a las que atribuye “vinculaciones en actividades” para “influir en distintos ámbitos de la sociedad…” (Canal 24 en vivo desde Talagante 12:20 de día sábado 6 de julio 2024).

Para muchas activistas, esto sería una “primera acción represiva de Boric y su gobierno FA-PC-Concertación”, pero incluso si lo fuese –no nos consta que sea “la primera”-, igualmente nada de esto es nuevo en la postdictadura de la cual Boric es simple continuismo (aunque con rostros que alguna vez fuesen juveniles). Es posible que haya quienes imaginan que con su “acuerdo de paz” (o pacificación), la performática Convención Constitucional y un presidente ex dirigente estudiantil, se habría modificado la impronta represiva de la postdictadura, pero no.

BREVE RECUENTO DE MEMORIA

En los 90 en la redacción de puntada con hilo nos enterábamos a menudo de allanamientos masivos a compañeros y compañeras. Luego oíamos como los democráticos gobernantes solían –sin falta- denunciar supuestos arsenales. Sus policías torturaban y mataban, su justicia encarcelaba sin pruebas más allá de las fabricadas, y ellos se candidateaban para el próximo periodo ejecutivo o congresista.

Entre 1990 y 1994, Cintras (Centro de Salud Mental y Derechos Humanos 1996) registraba al menos 140 casos de tortura y 96 muertes[1] de militantes lautaristas, frentistas y miristas en procedimientos policiales.

La postdictadura chilena no es “democracia” entendida como un régimen no represivo. Ha sido un diseño de desarticulación y aniquilamiento político de los movimientos disidentes y revolucionarios que da facultades a tribunales civiles para ejecutar altas condenas a quienes sean señalados -por sus gobiernos- como “terroristas”. Han permitido procesos militares a civiles, y hoy asistimos –nuevamente- a episodios en los que las FFAA son juez y parte al juzgar la tortura y el asesinato que ellos mismos ejecutan contra jóvenes conscriptos. Así mismo, quienes defraudan desde sus altos cargos militares, quedan impunes y los gastos millonarios que se les conceden siguen siendo “reservados” mientras a los civiles se nos elevan los costos de la luz, la alimentación y los combustibles.

Tal como el BORICISMO actual, la concertación que precedió a su retoño Frente Amplio, en cada uno de sus gobiernos dieron más y más presupuesto a las fuerzas represivas e instauraron mayores atribuciones a las policías. No se agotaron en eso, ya que crearon engendros siniestros como “La Oficina” (Consejo Coordinador de Seguridad Pública (CCSP 1991). Los jefes y directores de esa repartición deplorable fueron los mismos “demócratas” del plebiscito 1988, esa otra performance empujada por partidos políticos (antes revolucionarios), que surtió el efecto de aplastamiento de las fuerzas populares tal cual sucedió luego del 2019 con la “obra” de la Convención Constitucional.

En los años 90 (de la Alianza democrática y la Concertación de Partidos por la Democracia), el ministro del Interior de Aylwin fue Enrique Krauss y su subsecretario Belisario Velasco, responsables ambos y sus equipos de los allanamientos, torturas y muertes bajo su mandato. En el directorio de La Oficina estaban el entonces futuro presidente Ricardo Lagos y Marcelo Schilling, socialistas, Mario Fernández, de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos como director, y también personajes como un ex GAP (Grupo de Amigos del Presidente en la Unidad Popular) Oscar Carpenter, quien se cambió el nombre en 1999 al de Alejandro Weinstein para espiar a organizaciones mapuche en Lleu Lleu. También había otros militantes socialistas[2], como Antonio Ramos quien al igual que otros socialistas, participó en los cursos de formación en la ex Alemania Oriental. Es importante decir, que Ramos estuvo a cargo de las labores de análisis de inteligencia en conjunto con Lenin Guardia, quien se valió de sus contactos políticos en la izquierda para la delación. Los encargados del soplonaje[3], revolucionarios venidos de vuelta, habían negociado ya antes el contacto directo con los órganos de seguridad de la dictadura, la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL 1987) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE 1979).

Quienes nos gobiernan hace casi 35 años crearon en 1994 la cárcel de Alta Seguridad para encerrar a sus opositores izquierdistas y diseñaron innumerable instrumental jurídico para la represión a los movimientos sociales. Entre otras leyes, la de delación compensada (26-OCT-1992), legítima defensa privilegiada (24 junio 1992), conductas terroristas (17 de mayo el 84 que reformaron solo parcialmente en 1991, ​ 2002, ​ 2003, ​ 2005, ​ 2010 ​ y 2011); la de responsabilidad juvenil en el segundo semestre del año 2005 para parar al movimiento secundario de tomas y “pingüinos”, y la de detención por sospecha promulgada el 12 octubre de 2000 y actualizada en 2004… Es imposible no comparar toda esta funesta maquinaria con las leyes Boric: “Anti tomas” de noviembre 2023, “gatillo fácil” de abril 2023 y la nueva ley antiterrorista que llaman “de asociación criminal” de junio del mismo año, especialmente hecha para perseguir a comunidades mapuche en resistencia y a opositores a la izquierda del gobierno.

Los allanamientos de ayer abarcaron Estación Central, Santiago, Maipú, La Granja y Cerrillos. En el comedor popular Luisa Toledo carabineros rompió juguetes y también alimentos que se guardaban para los días de olla común y actividades territoriales, justo en las conmemoraciones del aniversario de la muerte de Luisa Toledo, activista y madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en Dictadura.

Disidencias en Lucha (IG) informó que serían 10 detenidxs más otro que estaría en el hospital, que a éste último y a una joven -detenidos en el barrio Yungay- les habrían ampliado la detención, que otros dos detenidos quedaron con arresto parcial nocturno, uno en prisión preventiva y que nueve siguen “en custodia” ya que, como informa Radio Villa Francia, aunque nueve de las detenciones fueron declaradas ilegales por la jueza de garantía, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, o sea, Carolina Tohá y su gobierno, apelaron. Y no extraña este empeño de la figura gubernamental por mostrarse “firme” y “empoderada”, ya que su “golpe” parece encajar perfecto con aspiraciones presidenciales.

 

[1] Tortura en Chile ayer y hoy: el problema de la prevención Carlos Madariaga 1 Ponencia presentada en el seminario internacional Trauma Psicosocial, Impunidad y Democracia: Los Desaftos del Presente, realizado por CINTRAS el 29 de mayo de 1996, en la Universidad ARCIS, Santiago de Chile.

[2] Cómo descubrieron a Oscar Carpenter, Udo João Gonçalves, La Tercer 16 de Agosto de 1999.  

[3] Agente de la ANI declara ante juez Carroza: “Me correspondió reclutar a informante del FPMR”, La Tercera 8 NOV 2010.