TMB retira una sanción impuesta a un trabajador que denuncia persecución política (cast/cat)

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La dirección de la empresa abrió un expediente al delegado sindical de la CGT, Juan Ramiro, en el que lo acusaba de haber «tratado datos personales de trabajadores de la empresa sin un fin legítimo y sin consentimiento» y le imponía dieciséis días de sanción sin trabajo ni sueldo. Después de anunciar una huelga y de haber difundido el caso, finalmente, el miércoles 10 de junio, TMB anunció la retirada de la sanción y la anulación del expediente.

De dieciséis días de sanción sin trabajo ni sueldo a ninguno. Y sin ni pasar por la mediación prevista para el viernes 12 de junio, paso previo a la huelga del miércoles 17 de junio, también desconvocada. Justo una semana antes, el miércoles 10, la dirección de TMB anunció la retirada de la sanción y la anulación del expediente a Juan Ramiro, delegado sindical de CGT en la cochera de Horta. Ramiro considera que la retirada es una victoria colectiva, fruto de la movilización laboral y la difusión comunicativa del caso.

Los hechos se remontan al 20 de marzo, en plena pandemia, cuando Ramiro leyó en la radio un texto publicado en internet por la sección sindical de la CGT, en el boletín InfoCovid19, donde decía que “las cocheras pueden funcionar sin jefes ni sindicalistas”. Aquel día se cumplía una semana sin que jefes ni liberados sindicales pusieran un pie en la cochera del Triángle. Esto también lo denunciaba el boletín, dando nombres y apellidos de los jefes y explicando los motivos de su ausencia. La información de la cual se servía era extraída de comunicados publicados por la misma TMB y sin decir, en ningún caso, la enfermedad que pudieran tener. Ramiro denuncia que desde el inicio de la alerta sanitaria, el 13 de marzo, han pasado más de ochenta días sin jefes en la cochera y que durante más de cincuenta también “desaparecieron” los sindicalistas de CCOO y UGT. “La empresa funciona con normalidad gracias al trabajo diario de mecánicos, conductores y conductoras, personal administrativo y servicio de limpieza”, afirma.

Como delegado sindical de CGT siguió asistiendo a las cocheras, a pesar de que tenía recomendado no hacerlo por cuestiones de salud; quería hacer permanencia sindical y asesoramiento laboral, puesto que no tenía prohibido asistir. Este hecho fue denunciado públicamente por un boletín de UGT de Transportes de Barcelona el 23 de abril. Bajo una difusión de criterios generales de personal de riesgo, señalaba con apellido y cargo sindical a Ramiro diciendo que estaba “dando vueltas” por la cochera de Horta y lo tildaba como “irregularidad grave” por el riesgo de COVID-19. Al día siguiente, UGT participó en una reunión de la comisión permanente, “que es un ámbito de trabajo interno y no público”, afirman.

Tres días después, Ramiro recibía la apertura de expediente por parte de la dirección de la empresa; UGT niega que haya relación entre una cosa y la otra. Lo denunciaban por haber “tratado datos personales de trabajadores de la empresa sin un fin legítimo y sin consentimiento”. A continuación, le advertían que los hechos podían constituir un incumplimiento de sus obligaciones laborales y que podrían ser considerados como una falta muy grave. Según el expediente, entraría en la falta tipificada en el apartado 2.4 del anexo Y del convenio colectivo; en concreto, los incumplimientos regulados en el apartado d del artículo 54.2 TE, que señala que se considerará como infracción contractual “la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desarrollo del trabajo”. Tanto Ramiro como la CGT lo han vivido y denunciado siempre como una persecución política por decir públicamente que “podemos vivir y organizarnos sin que nos ordenen. Este mensaje cuestiona de raíz todo el sistema dentro de la empresa y en el área social”.

 

El 29 de mayo, Ramiro recibió la comunicación de la sanción “por ser la voz de la InfoCovid19“. UGT no se solidarizó porque “los compañeros de CGT pusieron en marcha una campaña de descrédito hacia nosotros con pintadas por toda Barcelona y con acusaciones en las redes sociales difamándonos y haciéndonos responsables de una decisión que ellos saben que es únicamente responsabilidad de la dirección de TB”, afirman. Dos días antes, CGT ya había hecho el preaviso de convocatoria de huelga. En la comunicación se podía leer que la movilización tenía por objetivo “que la dirección de la empresa cesara en su política de atacar la libertad de expresión y la acción sindical en Transportes de Barcelona”. Para Ramiro, esto es lo que más preocupaba a Rosa Alarcón, presidenta de TMB, y no la vía jurídica: “Lo que los preocupa es la respuesta que han tenido y tendrán en la calle en el ámbito laboral y social”.

Un código ético polémico como telón de fondo

El 20 de mayo, la dirección de TMB aprobó un código ético y de buena conducta que incluye un canal ético que “será el canal de comunicación que permitirá a los empleados y empleadas comunicar las posibles conductas irregulares o cualquier incumplimiento de las normas recogidas en este código”. Para cursar la denuncia, los trabajadores y las trabajadoras tendrán que dar sus datos personales, pero “todas las consultas y las comunicaciones de incumplimiento que se hagan serán tratadas con total confidencialidad, con el compromiso que su identidad no será, en ningún caso, revelada y que sus datos serán mantenidos en secreto”, según reza el documento.

“Es una mezcla de ley mordaza y web de delación de Felip Puig”, denuncia Ramiro, que asegura que la primera manera de echarlo atrás es desobedecer y denunciar la puesta en marcha. El 26 de mayo, la mayoría sindical del comité de empresas de TMB (CGT, SIT, ACTUB y ACAT) firmó un comunicado en contra y también CCOO sacó el suyo el mismo día. Dos semanas después, UGT registró una denuncia en Ministerio de Trabajo español, “en vista de la negativa por parte de la dirección para tratar el tema”, puesto que consideran que vulnera gravemente el estatuto de los trabajadores y altera la negociación del convenio y sus normas.

Ramiro defiende el trabajo hecho con los boletines InfoCovid19: “Hemos hecho lo correcto: elaborar una información diaria que explicaba cómo organizarnos, el estado de salud de compañeros ingresados en el hospital, la presión sobre la empresa para que viera que, por encima de sus beneficios económicos, está la salud de la gente”. En este sentido, critica a UGT, que considera “una empresa sindical, parte de las estructuras de TMB. Se sienten impunes y actúan con la arrogancia de quien se sabe protegido”. Así mismo, denuncia que los vínculos entre la empresa y los sindicatos afines existen desde la elección del primer alcalde después de la dictadura. “Se utilizan mutuamente. Para la dirección, es una cuestión de dar poder a sus sindicatos afines, como son CCOO y UGT; para la dirección técnica también es una inversión económica: les sale bien de precio darles protagonismo a cambio de actuar contra las lógicas reivindicaciones económicas, sociales y laborales de la plantilla”, asevera.

 


 

TMB retira una sanció imposada a un treballador que denuncia persecució política

La direcció de l’empresa va obrir un expedient al delegat sindical de la CGT, Juan Ramiro, en el qual l’acusava d’haver «tractat dades personals de treballadors de l’empresa sense un fi legítim i sense consentiment» i li imposava setze dies de sanció sense feina ni sou. Després d’anunciar una vaga i d’haver difós el cas, finalment, el dimecres 10 de juny, TMB va anunciar la retirada de la sanció i l’anul·lació de l’expedient

De setze dies de sanció sense feina ni sou a cap ni un. I sense ni passar per la mediació prevista per al divendres 12 de juny, pas previ a la vaga del dimecres 17 de juny, també desconvocada. Just una setmana abans, el dimecres 10, la direcció de TMB va anunciar la retirada de la sanció i l’anul·lació de l’expedient a Juan Ramiro, delegat sindical de CGT a la cotxera d’Horta. Ramiro considera que la retirada és una victòria col·lectiva, fruit de la mobilització laboral i la difusió comunicativa del cas.

Els fets es remunten al 20 de març, en plena pandèmia, quan Ramiro va llegir a la ràdio un text publicat a internet per la secció sindical de la CGT, al butlletí l’InfoCovid19, on deia que “les cotxeres poden funcionar sense caps ni sindicalistes”. Aquell dia es complia una setmana sense que caps ni alliberats sindicals posessin un peu a la cotxera del Triangle. Això també ho denunciava el butlletí, donant noms i cognoms dels caps i explicant els motius de la seva absència. La informació de la qual se servia era extreta de comunicats publicats per la mateixa TMB i sense dir, en cap cas, la malaltia que poguessin tenir. Ramiro denuncia que des de l’inici de l’alerta sanitària, el 13 de març, han passat més de vuitanta dies sense caps a la cotxera i que durant més de cinquanta també “van desaparèixer” els sindicalistes de CCOO i UGT. “L’empresa funciona amb normalitat gràcies a la feina diària de mecànics, conductors i conductores, personal administratiu i servei de neteja”, afirma.

TMB va denunciar Ramiro per haver “tractat dades personals de treballadors de l’empresa sense un fi legítim i sense consentiment”. Tot seguit, l’advertien que els fets podien constituir un incompliment de les seves obligacions laborals i una falta molt greu

Com a delegat sindical de CGT va seguir assistint a les cotxeres, tot i que tenia recomanat no fer-ho per qüestions de salut; volia fer permanència sindical i assessorament laboral, ja que no tenia prohibit assistir-hi. Aquest fet va ser denunciat públicament per un butlletí d’UGT de Transports de Barcelona el 23 d’abril. Sota una difusió de criteris generals de personal de risc, assenyalava amb cognom i càrrec sindical Ramiro dient que estava “donant voltes” per la cotxera d’Horta i ho titllava com a “irregularitat greu” pel risc de COVID-19. L’endemà, UGT va participar en una reunió de la comissió permanent, “que és un àmbit de treball intern i no públic”, afirmen.

Tres dies després, Ramiro rebia l’obertura d’expedient per part de la direcció de l’empresa; UGT nega que hi hagi relació entre una cosa i l’altra. El denunciaven per haver “tractat dades personals de treballadors de l’empresa sense un fi legítim i sense consentiment”. Tot seguit, l’advertien que els fets podien constituir un incompliment de les seves obligacions laborals i que podrien ser considerats com una falta molt greu. Segons l’expedient, entraria en la falta tipificada a l’apartat 2.4 de l’annex I del conveni col·lectiu; en concret, els incompliments regulats a l’apartat d de l’article 54.2 ET, que assenyala que es considerarà com a infracció contractual “la transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en el desenvolupament de la feina”. Tant Ramiro com la CGT ho han viscut i denunciat sempre com una persecució política per dir públicament que “podem viure i organitzar-nos sense que ens ordenin. Aquest missatge qüestiona d’arrel tot el sistema dins de l’empresa i en l’àrea social”.

 

El 29 de maig, Ramiro va rebre la comunicació de la sanció “per ser la veu de l’InfoCovid19“. UGT no s’hi va solidaritzar perquè “els companys de CGT van engegar una campanya de descrèdit cap a nosaltres amb pintades per tota Barcelona i amb acusacions a les xarxes socials difamant-nos i fent-nos responsables d’una decisió que ells saben que és únicament responsabilitat de la direcció de TB”, afirmen. Dos dies abans, CGT ja havia fet el preavís de convocatòria de vaga. En la comunicació s’hi podia llegir que la mobilització tenia per objectiu “que la direcció de l’empresa cessés en la seva política d’atacar la llibertat d’expressió i l’acció sindical a Transports de Barcelona”. Per a Ramiro, això és el que més preocupava Rosa Alarcón, presidenta de TMB, i no pas la via jurídica: “El que els preocupa és la resposta que han tingut i tindran al carrer en l’àmbit laboral i social”.

 

Un codi ètic polèmic com a teló de fons

El 20 de maig, la direcció de TMB va aprovar un codi ètic i de bona conducta que inclou un canal ètic que “serà el canal de comunicació que permetrà als empleats i empleades comunicar les possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en aquest codi”. Per cursar la denúncia, els treballadors i les treballadores hauran de donar les seves dades personals, però “totes les consultes i les comunicacions d’incompliment que es facin seran tractades amb total confidencialitat, amb el compromís que la seva identitat no serà, en cap cas, revelada i que les seves dades seran mantingudes en secret”, segons resa el document.

La direcció de TMB va aprovar un codi ètic i de bona conducta que inclou un canal ètic que “serà el canal de comunicació que permetrà als empleats i empleades comunicar les possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en aquest codi”

“És una barreja de llei mordassa i web de delació de Felip Puig”, denuncia Ramiro, que assegura que la primera manera de tirar-lo enrere és desobeir i denunciar-ne la posada en marxa. El 26 de maig, la majoria sindical del comitè d’empreses de TMB (CGT, SIT, ACTUB i ACAT) va signar comunicat en contra i també CCOO va treure el seu el mateix dia. Dues setmanes després, UGT va entrar una denúncia al Ministeri de Treball espanyol, “en vista de la negativa per part de la direcció per tractar el tema”, ja que consideren que vulnera greument l’estatut dels treballadors i altera la negociació del conveni i les seves normes.

Ramiro defensa la feina feta amb els butlletins InfoCovid19: “Hem fet allò correcte: elaborar una informació diària que explicava com organitzar-nos, l’estat de salut de companys ingressats a l’hospital, la pressió sobre l’empresa perquè veiés que, per damunt dels seus beneficis econòmics, hi ha la salut de la gent”. En aquest sentit, critica UGT, que considera “una empresa sindical, part de les estructures de TMB. Se senten impunes i actuen amb l’arrogància de qui se sap protegit”. Així mateix, denuncia que els vincles entre l’empresa i els sindicats afins hi són des de l’elecció del primer alcalde després de la dictadura. “S’utilitzen mútuament. Per a la direcció, és una qüestió de donar poder als seus sindicats afins, com són CCOO i UGT; per a la direcció tècnica també és una inversió econòmica: els surt bé de preu donar-los protagonisme a canvi d’actuar contra les lògiques reivindicacions econòmiques, socials i laborals de la plantilla”, assevera.

 

Directa

 

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