Tiro en la nuca a la democracia. El PP bajo sospechas de prevaricación

Según acaba de informa la cadena SER, en los próximos minutos se hará oficial la negativa la que los siete diputados de Amaiur constituyan grupo propio. Una negativa se va fundamentar únicamente en los votos del PP y que carece, según todos los indicios,  de la  más mínima base jurídica.

Al parecer, y como único respaldo a lo que es a todas luces una decisión arbitraria contraria a derecho, el PP ha mostrado un “informe jurídico” que, dadas sus sospechosas características y su irregular redacción, ha sembrado la desconfianza y la indignación entre el resto de las fuerzas políticas. Concretamente, el citado informe carece de ningún sello oficial que establezca que, efectivamente, ha sido redactado por funcionario alguno del congreso y, al carecer de firma, se desconocería su redactor.  Según los vocales socialistas en la cámara, dicho informe estaría redactado en términos ambiguos, informales  y contradictorios y carecería de la entidad relativa a judisprudencia que cabe esperar de un informe legal, lo que avivaría las sospechas de que su redactor podría no ser, ni tan siquiera, experto en derecho.

La sombra de la prevaricación

De confirmarse el origen espurio del informe y no justificar el PP su origen y autores, o de no coincidir sus conclusiones con el informe definitivo solicitado por el PSOE (así como el que, más allá de toda duda, exigirá Amaiur a la mesa), tomarían forma las sospechas, que ya algunos vienen barruntando, de que el Partido Popular podría haber forzado la ley, a fin del impedir el grupo abertzale, hasta el punto de incurrir el un presunto delito de prevaricación.

Según establece el artículo 404 del Código Penal,  la “Autoridad o Funcionario Público que a sabiendas dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.  Además, de considerarse a los miembros de  la mesa del congreso como magistrados de facto, podrían ser condenados a 24 meses de prisión.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS