Texto de la presentación del libro “La represión contra la CNT y los revolucionarios”

Por Agustín Guillamón

Presentación organizada por el taller de Historia Clot-Camp de l´Arpa, el 19 de octubre de 2015, en el Espai Antoni Miró de El CLOT, del libro de Agustín Guillamón LA REPRESIÓN CONTRA LA CNT Y LOS REVOLUCIONARIOS. Descontrol, Barcelona, 2015, 484 páginas, 15 euros.

Por Agustín Guillamón

            El libro LA REPRESIÓN CONTRA LA CNT Y LOS REVOLUCIONARIOS tiene por subtítulo “Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria”, subtítulo que comparte con LA REVOLUCIÓN DE LOS COMITÉS y LA GUERRA DEL PAN, con quienes conforma una trilogía.

 

La portada es un fragmento de una ficha de identificación de los cadáveres de los anarquistas torturados y asesinados en el cuartel Carlos Marx del PSUC, en el que aparece el detalle de un fragmento de ropa en el que aparecen bordadas las letras “CNT”.

 

En esta presentación nos vamos a encontrar con cinco novedades, muy significativas, que iréis identificando en el transcurso de la charla:

1.- El comité de comités y su renovación como Comisión Asesora Política o CAP.

2.- La FAI se convirtió en un partido antifascista, con carnet y ficha personal.

3.- Los comités superiores de la CNT sólo tenían dos prioridades: una fidelidad absoluta a la unidad antifascista  y  evitar el surgimiento de una oposición revolucionaria interna.

4.- La CNT se planteó el abandono de la AIT para fundar una nueva Internacional.

5.- García Oliver repitió el papel de bombero que ya había jugado en mayo de 1937.

 

Empecemos pues:

Las sangrientas jornadas de mayo de 1937 se desencadenaron cuando los comités revolucionarios de barrio desbordaron a los comités superiores cenetistas. La insurrección de los trabajadores no fue derrotada militarmente, sino políticamente, cuando los líderes anarcosindicalistas dieron la orden de alto el fuego.

El hambre y el desarme eran dos condiciones previas al inicio del proceso contrarrevolucionario, que desencadenó toda su fuerza represiva contra los militantes cenetistas y las minorías revolucionarias en el verano de 1937.

El 8 de mayo de 1937 el orden reinaba de nuevo en Barcelona. El gobierno de la Generalidad había perdido sus competencias en orden público y en defensa.

Después de mayo, a los comités superiores les tocaba:

1.- enterrar a los compañeros asesinados

2.- reflexionar sobre los Hechos de Mayo y buscar un cabeza de turco

3.- establecer una estrategia de futuro para acceder de nuevo al gobierno

4.- enfrentarse a los insultos de las barriadas e impedir una escisión

El domingo 9 de mayo se realizó el multitudinario entierro de Sesé (UGT) con asistencia de las autoridades de la Generalidad y la plana mayor del PSUC.

El 11 de mayo la prensa informaba sobre los asesinatos de doce militantes de la CNT llevados en una ambulancia desde el cuartel Carlos Marx a un descampado en Cerdanyola, del asesinato de los cinco hombres del rondín de Eroles y del hallazgo del cadáver del anarquista italiano Camillo Berneri.

Ese mismo día fueron enterrados Domingo Ascaso, por la mañana, y Camillo Berneri, por la tarde. Las autoridades de Orden Público habían prohibido los cortejos fúnebres para no inflamar los ánimos y evitar nuevos disturbios. Desafiando esa prohibición, los cadáveres de los militantes anarquistas italianos Camillo Berneri, Francesco Barbieri, Adriano Ferrari, Lorenzo di Peretti y Marco Pietro fueron acompañados desde el Hospital Clínico hasta el cementerio de Sants por un desfile de varios miles de compañeros, presidido por la bandera negra del Grupo alemán DAS. No hubo discursos, ni más homenaje que la bandera negra inclinada sobre los 5 féretros.

Desde muy temprano se decidió que el POUM iba a ser el chivo expiatorio de los Hechos de Mayo. Tanto ERC como el PSUC apuntaban claramente al POUM. La CNT era aún demasiado poderosa y era necesario aplicarle (como propuso Gero) una represión selectiva e inteligente, capaz de integrar a los dirigentes en el aparato de Estado y de represaliar a la minoría revolucionaria.

Los comités de defensa de los Barrios y de las Comarcas se rebelaban airados e irrefrenables contra sus comités superiores. Existía, en realidad, una escisión latente entre la base militante, de barriadas y comarcas, y sus dirigentes, que si no cuajaba en una ruptura organizativa formal se debía al dominio burocrático que los responsables de los comités superiores ejercían autoritariamente sobre unos militantes y afiliados de base, incapaces de enfrentarse a sus líderes y salir de sus organizaciones.

Ahí radicaba el odio de los comités superiores hacia la Agrupación de Los Amigos de Durruti. Existía la posibilidad de que esa base militante, en los barrios barceloneses y en comarcas, encontrara en la Agrupación una alternativa, ideológica y organizativa a la de los ineptos comités superiores.

DESPÚES DE MAYO la CNT desapareció en algunas comarcas y poblaciones catalanas, disminuyendo en todas partes su influencia. El regreso de las antiguas fuerzas del orden (guardias de asalto y guardia civil), acompañadas muchas veces de exiliados derechistas que regresaban, fue una reconquista que exigía el castigo de los componentes de los comités revolucionarios de julio de 1936, considerados ahora como “usurpadores e incontrolados”, aunque su intervención frente al fascismo había sido imprescindible para la supervivencia de la República.

Esa represión de los militantes de base fue acompañada por una actitud pasiva de los comités superiores, que optaron por una defensa individual y jurídica de los presos, en lugar de una defensa colectiva y política. Los millares de presos anarcosindicalistas exigieron a los comités superiores un mayor compromiso y solidaridad, que sólo consiguió una campaña de prensa clandestina en favor de los presos, sin renunciar nunca al colaboracionismo.

De la violencia revolucionaria de los comités contra la burguesía y los fascistas, característica de julio del 36, se estaba pasando a la violencia represiva de las fuerzas burguesas del orden capitalista contra la CNT y los revolucionarios. En el seno de la CNT esa represión de la oposición revolucionaria interna era simultánea a la integración de los comités superiores en el aparato estatal. No se trataba de ninguna “traición” de los dirigentes, sino de las dos vertientes necesarias y complementarias de un mismo proceso contrarrevolucionario: persecución de los revolucionarios e institucionalización de los comités superiores.

El orden público burgués se fundamentaba en la unidad antifascista de todas las organizaciones, con el objetivo único de ganar la guerra. Ese objetivo suponía la plena sumisión de la CNT a un Estado fuerte, así como la extensión de la militarización al trabajo, a la economía y a todas las relaciones sociales y políticas

El 16 de mayo José del Barrio en informe a la Ejecutiva de la UGT además de proponer la táctica de represión SELECTIVA contra la CNT que se resumía en dar la batalla al “extremismo” y pactar con los dirigentes “responsables”, como Santillán, destacaba su cálculo de una posible e inminente escisión en el seno del movimiento libertario y el temor a un nuevo levantamiento, protagonizado por el Sindicato del Transporte de la CNT.

El 24 de mayo, el Comisario Político de las fuerzas aéreas de Barcelona elaboró un informe sobre los Hechos de Mayo, que presentó al Ministerio de Defensa de la República.

El informe señalaba claramente la planificación y provocación de las Jornadas de mayo por el PSUC y cómo la insurrección obrera desbordó la desesperada voluntad de diálogo, pacto y freno manifestada, DESDE EL PRIMER MOMENTO, por parte de los comités superiores de la CNT.

Lo más destacado de este informe del Cuerpo de Aviación es la confirmación de que Companys y el gobierno de la Generalidad exigieron, repetidamente, que la Aviación bombardease los principales edificios de la CNT en Barcelona. Exigencia que demuestra que Generalidad y PSUC estaban dispuestos a todo, ABSOLUTAMENTE A TODO, con el único objetivo de destruir a los revolucionarios existentes en el seno de la CNT.

El  28 de mayo se publicó en la portada de la “Soli” una nota de expulsión de Los Amigos de Durruti. Pese a la contundencia de la nota de los comités superiores, la expulsión de cualquier militante debía ser refrendada necesariamente en la asamblea de su sindicato, pero eso no se consiguió nunca.

            El 29 de mayo, el militante del POUM Josep Rebull, en  el boletín de los debates precongresuales de su partido, calificó Mayo del 37 como una derrota sin paliativos del proletariado, aunque hubiera sido posible la toma del poder si la lucha hubiera sido impulsada decididamente por un partido revolucionario, inexistente… porque el POUM ni lo era ni podía llegar a serlo jamás con la estrategia política de la actual dirección del partido. Fue el único militante que avisó de la necesidad de prepararse para pasar a la clandestinidad.

            El 4 de junio, a la una de la madrugada, en la calle del Cardenal Casañas se produjo un enfrentamiento armado entre guardias llegados de Valencia, que iban de putas al burdel de la calle Roca, y las Patrullas de Control de la sección séptima. Hubo un tiroteo, que fue fruto fortuito de la tensión y desconfianza existente entre ambos cuerpos, que tuvo como resultado un muerto por los patrulleros y otro muerto por los guardias. No se pudo determinar quién había disparado primero, como no fuese el miedo de todos.

En la Ronda San Pablo, frente al bar Chicago, a las dos y media de la tarde se produjo un tiroteo entre patrulleros y policía, en el que resultaron muertos dos guardias de asalto, dos patrulleros y un sargento de carabineros. Hubo varios heridos, entre ellos un transeúnte.

El sábado 5 de junio, con motivo de los incidentes armados ocurridos el 4 de junio entre Patrullas de Control y la Policía, el consejero de Gobernación, Martí Feced, publicó en el DOGC una orden de disolución de las Patrullas de Control, que fue cumplimentada el 9 de junio por Joan Pons Garlandí.

El propio Pons confesó que la disolución de las Patrullas de Control fue el punto de partida de una persecución contra los patrulleros más destacados por parte de Emilio Torres Iglesias, delegado del OP en Cataluña y de su subordinado el coronel Burillo, comisario de policía. El método que se proponían utilizar era el de la desaparición, ya fuese por el tiro en alguna cuneta de l´Arrabassada o el fusilamiento en el cementerio de Moncada. Según Pons, los antiguos patrulleros Asens, Fábregas, Coll, Bonet, Oliver, Mario, Gutiérrez, Nevado, López, Aubí y Arias, “pasaron por mi despacho para solicitarme – incluso llorando – protección y garantías, y que les activase el pasaporte para trasladarse al extranjero”. Cierto, o exagerado,  la frase es muy significativa de cómo los responsables cenetistas habían pasado de represores a blanco de la represión.

Ese mismo 9 de junio se celebró una reunión de los comités superiores extraordinariamente interesante, porque reflejaba el malestar y rechazo por parte de la militancia de base de la actuación de los comités superiores durante las Jornadas de Mayo. Se respiraba un clima de inminente escisión. Casi todos los que ejercían cargos de responsabilidad querían dimitir, porque no resistían los constantes insultos y las peticiones de cese que les hacía la militancia cenetista.

Inició la reunión Eroles, como secretario del CR, declarando: “No quiero continuar más aquí. Esperaba este Pleno de Comités, para presentaros definitivamente mi dimisión irrevocable. Según tengo entendido una reunión de Comités me nombró; pues a una reunión de Comités presento mi dimisión”. Tras un tenso debate Eroles, ante el cariz que estaba tomando la reunión, y para evitar la previsible cascada de dimisiones, intervino de nuevo para retirar su dimisión: “No quisiera que los compañeros presentaran por mi culpa su dimisión, solidarizándose con mi acción”. Se le dijo a Eroles que los reproches y las ofensas no estaban dirigidas personalmente contra él, sino contra todos los comités superiores.

Severino Campos y José Xena se enzarzaron en una espinosa polémica “sobre si había desaparecido el comité de comités. La trifulca sobre la vigencia o disolución de ese Comité de comités no hace sino reafirmarnos su existencia en julio de 1936: “creado al calor de la lucha”. El enfrentamiento entre Severino Campos, que defiende que ya había sido disuelto, y Xena, que sostiene su permanencia y vigencia actuales, se debía a que era un organismo de carácter excepcional, centralista, elitista y autoritario, más propio de un partido leninista que de una organización sindical como la CNT, o de una organización libertaria como la FAI. Para Campos la excepcionalidad, que lo había justificado, ya había pasado; para Xena el Comité de comités seguía siendo útil. La polémica entre Severino Campos y José Xena se producía en un momento muy crítico para los comités superiores, en el que éstos eran menospreciados e insultados por la militancia de base, por su actuación contrarrevolucionaria durante las Jornadas de Mayo.

Asens informó sobre el desarrollo de la disolución de las Patrullas de Control, pero nadie hizo un análisis de su significado. Ahora sólo los comités revolucionarios de barrio permanecían armados.

El 10 de junio, se declaró obligatorio, en la ciudad de Barcelona, el racionamiento de las patatas, del arroz y del aceite. Ese mismo día, en las afueras de Puigcerdá, se presentaron ante el edificio conocido como La Serradora numerosos fuerzas de Carabineros, Guardias de Asalto y Agentes de Vigilancia, que a las órdenes de Fernández, delegado de Orden Público, dispararon sin aviso previo a quienes trabajaban en el interior, rematando posteriormente a los heridos. Seis anarquistas, cuatro de ellos miembros del antiguo comité revolucionario de Puigcerdá, habían sido asesinados. En los meses siguientes, la metódica persecución de los cenetistas en la Cerdaña y las amenazas de muerte o las palizas callejeras, organizadas por un Comité Ejecutivo comarcal, constituido por Vicente Climent, Juan Bayranclasi, del PSUC, y el alcalde de Bellver, secundados por dos agentes de vigilancia de Estat Catalá, uno de los cuales se llamaba Samper, consiguieron que en septiembre la CNT hubiera ya desaparecido como organización en toda la comarca de la Cerdaña.

Desde el 12 de junio cualquier reunión política o sindical necesitaba el permiso del Delegado de OP

El 14 de junio de 1937 se creó la Comisión Asesora Política (CAP), recuperación de un ejecutivo fuerte y ágil de la CNT (como había sido el Comité de comités de julio de 1936) capaz de impedir un nuevo desbordamiento de la militancia, como había sucedido en mayo. Pese a ser considerada como un órgano auxiliar del CR, tendría desde ese momento un peso decisivo en las decisiones y la estrategia política de la CNT en Cataluña. Por otra parte, el prestigio de sus componentes hacía que la CAP fuese la élite del anarcosindicalismo catalán del momento: Dionisio Eroles Batlle (Comisario de la Jefatura de OP, secretario del CR de CNT); Germinal Esgleas Jaume (compañero de Federica Montseny); Aurelio Fernández Sánchez (Secretario de la Junta de Seguridad, Consejero de Sanidad); Juan García Oliver (Ministro de Justicia); Francisco Isgleas Piarnau (Consejero de Defensa, en diciembre de 1936).

La CAP resucitaba el desaparecido Comité de comités. Era evidente que los comités superiores necesitaban imperiosamente la existencia de un comité ejecutivo fuerte, que centralizara en “petit comité” las decisiones a tomar, los objetivos a alcanzar y las orientaciones a impartir.

El Comité de comités, o la CAP, eran consecuencia de la inversión y modificación del teórico funcionamiento asambleario, horizontal y federal de la CNT.

            El 15 de junio regresó de París, tomando posesión de su cargo de Presidente del Parlamento de Cataluña, Juan Casanovas.

El 16 de junio, policías llegados especialmente de Madrid, detuvieron al CC del POUM, partido ilegalizado ese mismo día bajo la fantástica acusación de formar parte de una red de espionaje fascista.

A partir de ese momento también se desencadenó una represión selectiva contra la CNT, iniciándose una ofensiva judicial republicana en varios frentes:

1.- contra los comités revolucionarios locales creados en las jornadas del 19 y 20 de julio, en el proceso llamado de cementerios clandestinos.

2.- contra quienes habían participado en la rebelión de mayo de 1937;

3.- contra delitos de opinión, lectura de octavillas o prensa clandestina, derrotismo o portar armas sin permiso;

4.- contra algunos destacados responsables cenetistas en la Oficina  Jurídica o en OP, como Aurelio Fernández, Barriobero, Eroles, Devesa, Asens, etcétera.

El 29 de junio se formó un nuevo gobierno sin presencia de cenetistas, ya que Companys no se plegó a sus exigencias y amenazas.

En una reunión de comités superiores reunida el 2 de julio el CR dio la consigna de someterse a la justicia republicana. En esa línea de actuación, el CR confió la defensa de los encausados cenetistas a una Comisión Jurídica, renunciando a los tradicionales Comités Pro-presos. La diferencia era clara, se optaba por una defensa jurídica individual de tipo burgués, en lugar de una defensa colectiva y política contra la represión estatal.

Para los comités superiores existían dos prioridades a las que lo subordinaban todo: impedir el surgimiento de una oposición revolucionaria interna en el seno de la propia CNT, y mantener a toda costa la unidad antifascista.

En el Pleno Regional de Grupos anarquistas de Cataluña, reunido del 1 al 4 de julio de 1937, consiguió expresarse una oposición anarquista revolucionaria enfrentada a los dirigentes  con todo un programa teórico muy elaborado y coherente: la guerra en curso no era una guerra de clases, era una guerra imperialista; era preciso abandonar los cargos oficiales, y no sólo abandonar el colaboracionismo, sino entablar la batalla a los enemigos políticos burgueses.

Se estaba produciendo en el Pleno una decantación entre las posiciones colaboracionistas, que defendían a los comités superiores y culpaban a la militancia de base; y los anticolaboracionistas, que pedían la dimisión de todos los que detentaban cargos oficiales y querían enfrentarse a la persecución política, que diezmaba a los militantes de base. No era sólo un enfrentamiento político, que lo era, sino que además reflejaba vivencias distintas. Los grupos anticolaboracionistas preconizaban un nuevo 19 de Julio, los grupos colaboracionistas sólo aspiraban a integrarse en las instituciones.

Pero ese Pleno anarquista, dio un giro total en cuanto se conocieron las tesis colaboracionistas que acababan de ser aprobadas por el Pleno de Comarcales de la CNT. El seguidismo de la FAI respecto a la CNT era vergonzoso e increíble: donde decía no, ahora decía sí; sin más razón ni argumento que el de haber sido aprobado por la CNT.

En Valencia se reunió, del 4 al 7 de julio, el Pleno Peninsular de Regionales de la FAI, que decidió anular el funcionamiento orgánico mediante grupos de afinidad, sustituidos por una nueva estructura territorial, que convertían a la FAI en un partido antifascista más, capaz de intervenir en las instituciones gubernamentales.

1.- La FAI no sólo se legalizaba, sino que se convertía en un partido antifascista.

2.- Se criminalizaba la menor oposición o disidencia con los comités superiores.

3.- No sólo se aprobaba un carnet obligatorio de afiliación a la FAI, sino que además se creaba un fichero político: “para aprovechar las facultades de los compañeros de la FAI y no tengan los Comités necesidad de improvisar los nombramientos, se tenga información de los compañeros y sus cualidades y si han desempeñado cargo, tiempo y forma en que lo han hecho y se han conducido”.

En la reunión del CR del 5 de julio Siderometalurgia afirmó  que la guerra se había convertido en un combate entre dos fascismos, el fascismo rojo de los estalinistas y el fascismo negro de los fascistas; y en ese combate los revolucionarios luchaban por UNA CAUSA QUE NO ERA LA SUYA.

El 5 de julio el Comité Pro-presos de la Cárcel Modelo de Barcelona envió un informe, adoptado en asamblea en la Cárcel Modelo. Se trataba de una ruptura del Comité Pro-presos de la Cárcel Modelo con el CR de la CNT y su Comisión Jurídica. Tradicionalmente el Comité Pro-Presos había sostenido y radicalizado las luchas de la CNT, incluso en períodos de clandestinidad. La solidaridad con los presos cenetistas era consustancial a la naturaleza de la CNT. El Comité Pro-presos rompía con el plan del CR, que no era otro que la defensa jurídica de los presos, caso por caso, individualmente. El Comité Pro-presos rechazaba tal plan por ineficaz, por falta de recursos de la Comisión Jurídica y por la absoluta incapacidad demostrada por los componentes del actual CR. Aunque la ruptura con el CR se planteaba como incompetencia de las personas que lo constituían, se trataba en el fondo de algo más importante. El rechazo del plan del CR de una defensa meramente jurídica de los presos cenetistas, ponía sobre la mesa la necesidad de una defensa colectiva y política de todos los presos cenetistas, y además una respuesta adecuada a la represión anticenetista en curso.

La ruptura se aplazó por la promesa del CR de dotar de mayores recursos a la Comisión Jurídica y con la tirada de dos periódicos clandestinos, en los que se realizaría una campaña en favor de los presos y se denunciaría la represión.

Durante todo el mes de julio se publicaron cinco números de Anarquía-FAI, el órgano de prensa clandestino de la Federación Local Anarquista prometido a los presos. También apareció el primer número de Libertad, órgano clandestino de la CRTC

Anarquía y Libertad eran válvulas de escape, que permitían la libre expresión (controlada y respetuosa) de los críticos anticolaboracionistas, que además se saltaban la censura para poder denunciar la persecución de los cenetistas por el PSUC, y que permitían expresar la solidaridad con los presos confederales, tal como éstos habían exigido a los CR de la CNT y de la FAI. Y, sin que nadie lo admitiese o lo confesara, eran también un necesario contrafuego de los comités superiores a la oposición revolucionaria que se expresaba en El Amigo del Pueblo.

En la reunión del CR del 8  de julio se constató que en muchos pueblos la CNT había desaparecido a causa de la represión. Era necesario que los mismos compañeros de Comarcas trabajasen en su reconstrucción, en algunos casos con la ayuda de cenetistas desconocidos, enviados desde otras poblaciones, en una labor lenta y callada.

Que la CNT hubiera desaparecido de comarcas y poblaciones importantes nos indica la brutalidad y éxito de la represión estalinista (de tipo chequista) y gubernamental (de tipo jurídico); pero que la CNT sólo planteara una defensa jurídica frente a la represión y la paciente reconstrucción de la Organización, sin ninguna respuesta política o armada, era aún más significativo y preocupante, y daba cuenta de la profundidad de la derrota.

Hasta Vallejo y Martín, puntales cenetistas en las fábricas de producción bélica de Cataluña, que gracias a la leal y fructífera colaboración con Tarradellas habían conseguido levantar de la nada más absoluta una notable, aunque insuficiente, producción de guerra, se veían ahora amenazados por Comorera, que los consideraba como unos simples empleados sometidos a su capricho y voluntad.

            El 14 de julio, La prensa recogió las declaraciones del Consejero Sbert, que anunciaba la próxima llegada a Cataluña de 250.000 refugiados, efectuando un llamamiento a los ayuntamientos “para perseguir a los emboscados; cumplir fielmente la ley de Movilización; reprimir el contrabando y actuar con firmeza” para que nadie faltase a la Ley. Esos 250.000 refugiados se sumaban a los 350,000, ya existentes en Cataluña. Era un grave problema social y económico al que se respondía con medidas solidarias, pero también represivas, ya que el refugiado era culpabilizado por su condición de tal.

El Delegado de Orden Público prohibió a la CNT la manifestación de conmemoración del 19 de julio, que aplazó al miércoles día 21, autorizando sólo un mitin convocado en el Teatro Olympia

El 20 de julio Eroles declaró en comisaría por cementerios clandestinos. Doménech fue nombrado secretario regional de la CRTC.

El 21 de julio, se celebró el mitin cenetista del Olimpia. Destacó el populista y brillante discurso de Federica quien dijo que los presos antifascistas lo eran, en su inmensa mayoría a causa de denuncias anónimas sobre muertes acaecidas durante las jornadas revolucionarias de julio.

Bastaba con que alguien escribiera una carta anónima al presidente de la Audiencia, denunciando la muerte de un cura que mataron el 19 de julio en tal o cual pueblo, para que se buscara el cadáver del cura y se abriera sumario: “ya tenemos unos cuantos militantes de la CNT-FAI en la cárcel”.

Y esas denuncias anónimas progresaban cuando se hacían contra cenetistas, pero no cuando los acusados pertenecían al PSUC, que habían asesinado en Tarragona a 36 militantes de la CNT. “En Sardanyola, en el cementerio, hallaron 12 cadáveres de las Juventudes, horriblemente mutilados, con los ojos fuera y las lenguas cortadas. Los llevó una ambulancia y los dejó en el cementerio.

Federica Montseny denunciaba el acoso judicial de los cenetistas, monstruosamente perseguidos por los hechos revolucionarios de julio, porque no consideraba delito o asesinato haber matado curas, militares, pistoleros o derechistas, por el mero hecho de serlo. Y ese criterio era compartido por la inmensa mayoría de los anarcosindicalistas. En septiembre, cuando esa persecución alcanzó a militantes ugetistas, Vidiella esgrimió argumentos similares a los de Montseny.  Era la justicia burguesa de los republicanos la que criminalizaba a los revolucionarios de julio del 36.

Repitió que “los desequilibrados mentales no pueden hacernos perder la guerra”, refiriéndose a los procesos por “cementerios clandestinos”, porque rompían la unidad antifascista.

El 2 de agosto, lunes, hacia las dos de la tarde, cuando el presidente de la Audiencia, Josep Andreu Abelló, se disponía a salir del Palacio de Justicia en su coche oficial, desde otro auto “se le hicieron unos veinticinco disparos de pistola ametralladora”, aunque salió ileso del atentado.

El 6 de agosto se celebró un mitin del PSUC en el Olympia, como acto de clausura de la Primera Conferencia nacional del PSUC. El discurso de Comorera fue muy comentado, porque afirmó: “Dice la CNT y los anarquistas que los obreros deben ganar un salario con relación a la cantidad de hijos que tengan. Esto no puede ser y debe combatirse llegando a la conclusión que el obrero no calificado y poseyendo menos cultura tendría el mejor salario, toda vez que por regla general cuantos más hijos se poseen menos inteligencia se tiene”. El discurso de Comorera fue tachado de monstruoso, Comorera de delincuente y el PSUC de partido protector de enchufistas  y de la “élite que siempre ha vivido de privilegios”.

Ese mismo día en reunión del CR se generalizó el debate sobre cómo evitar la ruptura entre la CNT y la AIT. La CNT amenazó a la AIT que cesara en sus críticas o de otro modo la CNT fundaría su propia internacional.

El 8 de agosto domingo, Comorera, en un mitin, en el teatro Capitol de Valencia, lanzó numerosos insultos contra el movimiento libertario: “Empezó la guerra con unas cuantas tribus que asaltaban los camiones, diciendo que iban a tomar Zaragoza”. Y también: “Hemos eliminado a los valientes de las carreteras, pero cobardes en el frente”.

El insulto de Comorera, llamando “tribus” a los voluntarios anarquistas que, en julio de 1936, habían definido el frente de Aragón, enfrentándose a los fascistas, fue reproducido y contestado en numerosas octavillas libertarias, que se sumaban a las aparecidas con motivo de su discurso del Price del día 6 de agosto.

Comorera aparecía como un auténtico provocador, que lanzaba graves ofensas al movimiento anarquista, absolutamente innecesarias, que no podían tener más efecto que el de encrespar los ánimos.

Desde el 10 de agosto el Sindicato del Transporte inició los preparativos para desencadenar una insurrección revolucionaria contra los agravios, represión y ofensas contrarrevolucionarios en curso, y muy especialmente contra la inspección policial de sus edificios e instalaciones. Las barriadas conocían tal propósito y se habían preparado para secundarlo. Se trataba de los preparativos de una insurrección obrera, promovida por la negativa del Sindicato del Transporte a someterse a un humillante registro policial. La amenaza de Doménech de que se encontrarían aislados era sólo una estratagema de burócrata. La solidaridad combatiente de los comités de defensa de los barrios y de los grupos anarquistas de Barcelona era inmediata e incondicional; la del resto de sindicatos cenetistas muy probable. El Comité de Enlace se presentaba como un dique insuficiente, que no impediría que los comités superiores volvieran a ser desbordados, como ya había sucedido en mayo.

El 17 de agosto, martes, en la reunión de comités superiores se  informó “que en Barcelona actúa una Brigada al mando de Rodríguez Sala, la cual lleva los detenidos donde se le antoja”.

Ese mismo día “se ordena busca y captura” de Aurelio Fernández Sánchez y Dionisio Eroles Batlle por asesinato frustrado de José Andreu Abelló”, presidente de la Audiencia de Barcelona. Eroles se exilió en Francia durante algún tiempo. Aurelio se sometió a la justicia republicana.

El 18 de agosto, miércoles el Parlamento catalán reanudó sus sesiones, presidido por Serra Hunter. “Regresaron a Barcelona, en este día, los exconsejeros de la Generalidad Ventura Gassol, José María España y Artemi Aguadé, que han pasado una temporada en el extranjero”. Se trataba de un notable avance de la contrarrevolución. El Parlamento reanudaba su actividad y regresaban destacadas personalidades, que meses antes habían tenido que huir de Cataluña, y refugiarse en Francia, porque temían por su seguridad. 

Comorera se opuso  a la presidencia del Parlamento por Joan Casanovas por dos razones: su implicación en el asunto Revertés y su deserción de Cataluña en los momentos más difíciles y comprometidos para el país.

El enfrentamiento entre Comorera y la Mayoría parlamentaria de ERC condujo, de hecho, a una ruptura entre el PSUC y ERC.

El 21 de agosto la prensa dio noticia de la detención de José Batlle Salvat y José Villagrasa, destacados cenetistas, como organizadores y ejecutores del atentado contra Andreu, presidente de la Audiencia.

El CR reconocía la necesidad de explicar esa pasmosa pasividad de la CNT, frente a la represión chequista del PSUC y la judicial de ERC, era ya un síntoma muy significativo de que las organizaciones anarcosindicalistas habían perdido el rumbo, y hacía ya mucho tiempo que iban a la deriva.

26 de agosto, jueves. La situación de hambre y racionamiento en la ciudad de Barcelona, había creado ya una casta de privilegiados. La comisión de Abastos constataba que “en el transcurso de diez días en el Matadero se han sacrificado 373 caballos, sin que se haya puesto a la venta del público ni un solo kilo de carne”. Esa casta estaba compuesta por militantes del PSUC, la Cooperativa de funcionarios del Ayuntamiento, los mandos del ejército, etcétera.

El 7 de septiembre  se leyó “un informe, con carácter de ultimátum, de los Comités de Coordinación e información de la 10 zona”, que hablaba “de los acuerdos de las barriadas” de la ciudad de Barcelona. Los barrios habían tomado esos acuerdos porque pensaban que la Organización los había abandonado, “o que los dirigentes de la misma llevan una actuación equivocada y no quieren sufrir vejámenes de eso que se llaman poderes constituidos”. Se desarrolló el debate sobre el ultimátum dado por las barriadas, interviniendo casi todos los reunidos. La mayoría coincidió en que los compañeros de los barrios tenían razón al quejarse, aunque los procedimientos utilizados no fueran “del todo regulares”. Básicamente los barrios exigían a los comités superiores que éstos, a su vez, “exigieran de las autoridades el cese de sus persecuciones”.

En La Vanguardia del 8 de septiembre se publicó una breve nota, que recogía las manifestaciones del Consejero de Trabajo, Rafael Vidiella, efectuadas el día anterior (día 7) en su despacho oficial, con motivo de la visita de “una Comisión de familiares de revolucionarios y antifascistas que actualmente se encuentran detenidos”.

Rafel Vidiella (PSUC), comentó a los comisionados que precisamente en el Consejo de la Generalidad, celebrado anteayer (día 6), “planteó este hecho, y mantuvo la tesis, que los jueces no pueden admitir las denuncias que se formulen sobre hechos de carácter revolucionario, acaecidos con motivo del movimiento provocado por los generales facciosos, ya que de efectuarlo así, sería como procesar la propia revolución”.

Que Vidiella filtrase el debate del último Consejo de la Generalidad no era sólo una deslealtad hacia el resto de consejeros; era sobre todo una maniobra política que tenía por objetivo detener la ofensiva judicial impulsada por Andreu y ERC, con el beneplácito de Companys. Esa ofensiva judicial, de “los cementerios clandestinos”, había sobrepasado los límites de la represión anticenetista, para alcanzar a todos los componentes de los Comités Revolucionarios locales, incluidos los militantes del PSUC y de la UGT. Vidiella daba un claro alto a esa ofensiva, desde su cargo de consejero de Trabajo de  la Generalidad.

            NO SE PODÍA CRIMINALIZAR A LOS COMITES REVOLUCIONARIOS QUE HABÍAN DERROTADO AL ALZAMIENTO MILITAR.

            Por otra parte, no se trataba sólo de una leal defensa política de los presos del PSUC, sino también de mantener los gobiernos locales antifascistas, ya que las personas capacitadas para ejercer cargos no eran inagotables, y muchos estaban en el frente. Debía evitarse además una fractura social y política entre los antifascistas que iban a la cárcel y quienes debían asumir un gobierno local, frágil por la enemistad de los familiares de los condenados.

            Vidiella prosiguió sus declaraciones, elaborando una justificación jurídica de las acciones revolucionarias de los Comités de julio de 1936, de una gran altura intelectual: “La revolución hace cosas bien hechas y mal hechas, pero que no son precisamente señaladas como delito, ya que todo alzamiento revolucionario rompe los vínculos de las organizaciones existentes, los moldes colectivos anteriores al movimiento, así como también tergiversa las normas del Derecho instituidas”.

En virtud de tal razonamiento, se desprendía que “los jueces no sólo no deben aceptar denuncias de esta índole, sino que tampoco deben aceptarlas cuando provienen de individuos a los cuales se ha requisado el piso o la casa, o bien las tierras, por ser conceptuados fascistas, o por haberlas abandonado ellos mismos”.

Las demandas sólo eran aceptables cuando en lugar de proceder de acciones revolucionarias, mediaban el lucro, la venganza o el robo.

Vidiella afirmó que su tesis había sido aceptada unánimemente por el Consejo de la Generalidad, “lo que quiere decir que los detenidos actualmente por causas diversas sobre los hechos revolucionarios, deben ser puestos inmediatamente en libertad”. Y los jueces no deberían admitir más denuncias por este motivo.

9 de septiembre, jueves. Bosch Gimpera desautorizaba las manifestaciones de Vidiella, quien había trocado en acuerdo unánime y decisión firme de NO CRIMINALIZAR A LOS COMITÉS REVOLUCIONARIOS DE JULIO DE 1936, lo que no había sido más que una diplomática y trivial recomendación, que por tal razón no apareció en la relación a la prensa de los acuerdos del Consejo celebrado el lunes día 6. No había habido ningún olvido, porque nunca había existido tal decisión.

            12 septiembre, domingo. En el Pleno de Sindicatos Transporte requirió al Comité Regional “cuando va a terminar la represión” y va a decidirse a imponer “el respeto que merece nuestra organización”, porque si no, mejor “nos dejamos matar de una vez”. Fabril y Textil creía que era necesario enfrentarse al gobierno, exigiéndole no favoritismos, sino “igualdad de trato”, fijando “claramente nuestra posición”, sin tolerar más represión, “ni un asalto a nuestros sindicatos, ni nada que perjudique a nuestra Organización”. Todos los sindicatos se sumaron a las palabras de Transporte y Textil.

17 de septiembre, viernes. “A causa de la falta de alimentos y del precio prohibitivo” se produjeron [ayer] múltiples protestas y alborotos en los mercados y otros lugares públicos. La Delegación de Orden Público emitió [hoy] una nota que estimaba los disturbios mal fundados, por “la falta transitoria de algún artículo de primera necesidad”. El consejero de Abastos dijo, por radio, “que las protestas por la escasez de alimentos parten de núcleos fascistas, con el propósito de perturbar el orden”.

En la carta de Jacobo Prince, a sus camaradas argentinos (17-9), se comentaba de este modo la situación de la retaguardia:

“Andamos todos a menos de media ración y el descontento popular se siente tanto más en cuanto aquí se ha vivido relativamente bien hasta no hace mucho. Lo peor de todo es que todo el mundo sabe que hay quienes se alimentan bien y existen restaurantes de lujo donde casi nada falta. Esto es ciertamente relativo. Aun cuando se distribuyera todo equitativamente, igual habría escasez, pero contribuye a exacerbar los ánimos, creando una atmósfera poco propicia para los sacrificios.

Ayer hubo grandes manifestaciones de mujeres, espontáneas, las más grandes que hubo hasta ahora. Por primera vez se las disolvió con violencia. Los guardias llegaron a golpearlas. Todo esto desprestigia ciertamente al Gobierno y políticamente nos favorece, pero por otro lado no deja de ser peligroso el estado de ánimo de la masa, que no se sabe hasta dónde puede llegar” […].

“Hay ciertamente una desorganización espantosa en materia de abastecimiento, de modo que hay localidades donde existe una relativa abundancia y otras donde no hay nada. Los especuladores gozan, sobre todo en Barcelona, de un impunismo absoluto y así no tenemos si quiera la compensación de encontrar algunos de ellos colgando de algún árbol. Podría creerse de que el Gobierno quiere provocar a propósito una situación insostenible”.

En reunión de comités superiores del 17 de septiembre: El CR carecía de rumbo y la CNT iba a la deriva. La represión anticenetista era brutal, decidida y omnipresente, pero no se hacía nada para enfrentarse a ella, excepto reunirse para quejarse, para discutir y para escribir alguna circular o documento, que justificara tanta reunión inútil. Si se tomaba alguna decisión práctica no era otra que la de evitar una explosión de la militancia de base, o que ésta desbordara a los comités superiores, “como había sucedido en mayo”.

El Pleno Nacional del Movimiento Libertario CNT-FAI-FIJL, reunido en Valencia, fechó el 17 de septiembre un llamamiento, en el que se difundían las decisiones tomadas.

La guerra estaba en una situación crítica, y lo estaría aún más tras la inminente caída de Asturias. La vía diplomática internacional se daba como definitivamente cerrada.

Sólo podía confiarse en una resistencia desesperada de las organizaciones obreras, con exclusión de los republicanos y de la mayoría de socialistas. Por tales razones, el Pleno de Regionales, con representación de la FAI y de las Juventudes Libertarias, había “decidido redactar un nuevo programa”, que actualizaba y redondeaba el redactado en junio pasado. Se trataba de un programa de sacrificios y de renuncias. Más sacrificios obreros y más renuncias de los libertarios.

Era esencial la colaboración con los demás sectores antifascistas. Y una base fundamental de esa colaboración era la participación gubernamental cenetista, de carácter proporcional. Era necesario acabar con cualquier discrepancia interna.

El llamamiento del Pleno era un documento terrible, en el que los comités superiores del movimiento libertario aceptaban la militarización del trabajo y de la vida cotidiana, comprometían al anarcosindicalismo en una férrea y disciplinada unidad antifascista, y renunciaban “a todo”, sin más objetivo que el de ganar la guerra.  La aceptación de esa militarización en todos los campos, desde el económico al político y social, por los comités superiores, preveía su rechazo por la militancia confederal. Por eso ya se había previsto castigar duramente cualquier discrepancia interna.

El 20 septiembre fuerzas de OP y del PSUC asaltaron el edificio de Los Escolapios, sede del Comité de Defensa del Centro, del Sindicato de la Alimentación y de numerosos grupos anarquistas. Pese al uso masivo de ametralladoras, tanques y bombas de mano la resistencia de Los Escolapios no cedió al fuego de las armas, sino a las órdenes de desalojo, dadas por la CAP. Juan García Oliver y los comités superiores repitieron el 20 de septiembre de 1937 su papel de bomberos y de nuevo dieron la orden de alto el fuego.

Al día siguiente una sarcástica octavilla glorificaba a los comités superiores de la CNT por su comportamiento antifascista, elogiando el increíble “valor” demostrado “al dejarse pegar”.

En octubre de 1937 la guerra y la constante dejación de principios habían devorado ya a la revolución.

 

Para concluir esta presentación recapitularemos en 5 puntos lo que hemos visto:

1.- La CNT necesitaba funcionar mediante la existencia de un comité ejecutivo reducido, que en julio de 1936 se llamó Comité de comités y en junio de 1937 la CAP. El funcionamiento asambleario y horizontal era un mito fundacional e ideológico que nunca se puso en práctica. La CAP, además, TENÍA POR OBJETIVO EVITAR UN NUEVO DESBORDAMIOENTO de los comités superiores

2.- La FAI en julio de 1937 abandonó su estructura de grupos de afinidad y se convirtió en un partido antifascista más, sin más tarea que la urgente formación de cuadros para enviar representantes anarquistas a las distintas administraciones y burocracias.

3.- Los comités superiores sólo tenían dos objetivos:

A.- Impedir la existencia de una oposición revolucionaria interna y la escisión

B.- Mantener a toda costa la unidad antifascista, incluso al precio de permitir la represión brutal de la militancia de base.

4.- La CNT no toleró las críticas de la AIT a su línea colaboracionista porque ello daba alas a la oposición revolucionaria interna. Se planteó la creación de su propia Internacional al margen de la AIT.

5.- García Oliver y los comités superiores, a través de la CAP y del Comité de Enlace, fundados para evitar otro desbordamiento como el de mayo de 1937, repitieron el 20 de septiembre su papel de bomberos contrarrevolucionarios.

 

Estos 5 puntos nos llevan a esta conclusión final:

Durante la guerra civil, el proyecto político del anarquismo de Estado, constituido como partido antifascista, utilizando métodos de colaboración de clases y de participación gubernamental, organizado burocráticamente y con el objetivo principal de ganar la guerra al fascismo, fracasó estrepitosamente en todos los terrenos; pero el movimiento social del anarquismo revolucionario, organizado en comités revolucionarios de barrio, locales, de control obrero, de defensa, etcétera, constituyó los embriones de un poder obrero que alcanzó cotas de gestión económica, de iniciativas populares revolucionarias y de autonomía proletaria, que aún hoy iluminan y anuncian un futuro radicalmente diferente a la barbarie capitalista, el horror fascista o la esclavitud estalinista.

Y aunque ese anarquismo revolucionario sucumbió finalmente a la represión coordinada y cómplice del Estado, de los estalinistas y de los comités superiores, nos legó el ejemplo y el combate de algunas minorías, como Los Amigos de Durruti, las JJLL, el sindicato del Transporte y determinados grupos anarquistas de la Federación Local de Barcelona, que nos permiten teorizar hoy sus experiencias, aprender de sus errores y reivindicar su lucha y su historia.

 

Agustín Guillamón

 

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