Tener el Gobierno pero no el poder

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Esto va de poder y no de gobierno. De resistencia y no de cambio. De miedo a perder el poder. De mantener el control. De ámbitos no demasiado evidentes del Estado. De sectores con una enorme capacidad para hacer valer sus intereses gobierne quien gobierne. Y de los riesgos de que todo impulso transformador acabe en un ejercicio de melancolía.

Está pasando. Un Gobierno de izquierdas que gobierna con sesgos heredados y que cuando intenta cambiar algunas realidades se enfrenta al ruido. Mucho ruido. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Justicia, en los medios de comunicación, en las organizaciones empresariales… Y entonces se producen los movimientos entre aquellos sectores consolidados y mayoritariamente conservadores que se sienten amenazados. Pasó cuando el 15M saltó de las plazas al Parlamento e irrumpió en la escena política. El entonces presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, propuso crear «una especie de Podemos de derechas» orientado a la iniciativa privada y al desarrollo económico. «Empieza a ser el momento de decir ‘basta ya’ de regulación», sentenció. Y así fue como se construyó el fallido proyecto de Ciudadanos y se aupó a Albert Rivera, jubilado de la primera línea política a los 40 años.

Hoy, con Unidas Podemos en el Gobierno, la amenaza es incluso mayor para la derecha que conserva el poder en algunos ámbitos del Estado. Y es en ese contexto en el que tanto Podemos como los socialistas se consideran «víctimas de una campaña de acoso y derribo desde distintos frentes (económico, judicial, policial y mediático)».

Todo, pese a que un Gobierno progresista y de izquierdas como el que preside Sánchez gobierna aún hoy con un marco laboral que aprobó la derecha, con una mayoría conservadora en el Poder Judicial, caducado y sin renovar, que viene de la época de Mariano Rajoy, y con unos presupuestos heredados del PP cuando todavía estaba al frente de Hacienda Cristóbal Montoro. Aún así a cada intento por cambiar los marcos establecidos «nos encontramos con una implacable resistencia al cambio», lamentan fuentes socialistas. Ese es el fondo oculto. Lo que se escucha, sin embargo, es el atronador ruido construido artificialmente en torno a un gobierno «populista y bolivariano» que persigue a los empresarios, penaliza a las rentas altas, quiere acabar con la separación de poderes y hasta con la propiedad privada.

En la crisis de 2008 fueron los «mercados» y su maléfica influencia los que marcaron la senda de todas las decisiones hasta tomar la delantera a los gobiernos. Incluso el hombre más poderoso del planeta entonces Barack Obama, llegó a decir en una reunión del G-20 sobre ellos: «Éste es el mundo que hemos construido y que hay que cambiar, pero hoy por hoy nuestro margen de maniobra es reducido».

Bajo esa tesis el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero desarrolló ‘El dilema’, un libro en el que tras su salida de La Moncloa explicó, justificó y relató su vivencia de la debacle económica que se llevó por delante a su Gobierno e inauguró toda una era de recortes que dejó el Estado del Bienestar en una desarbolada tesitura, y al partido que había gobernado España más de dos décadas en sus peores resultados.

Hoy el origen de la crisis no está en los bancos ni en las hipotecas basura ni en un endeudamiento privado desorbitado, sino en un virus. Y quienes mueven los hilos para salvaguardar los intereses de unos pocos y mantener el statu quo no son los mercados, sino «las cúpulas policiales, un sector de la judicatura y los directivos de algunas empresas», añaden desde la formación morada.

Lo que ha pasado esta semana en la cúpula de la Guardia Civil es sólo un ejemplo. Más allá de la torpeza o la inoportunidad de las decisiones del ministro del Interior al abrir un cisma en plena crisis sanitaria al destituir a buena parte de la cúpula de la benemérita, desde La Moncloa creen que lo vivido es un pulso de algunos mandos, vinculados a la derecha y la ultraderecha, que «han decidido sumarse, como otros sectores como la justicia, el empresariado o la Policía, a la campaña de acoso y derribo» contra el Ejecutivo. Tres ámbitos dominados claramente por la derecha política y económica y en los que supuestamente habría prendido el discurso más reaccionario de los de Santiago Abascal asumido ya como propio también por algunos dirigentes del PP.

La reunión de Pablo Casado con las principales asociaciones del cuerpo tras la crisis abierta por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos –de cuya comandancia salió el informe a la juez que investiga la celebración del 8M– se ha leído en Moncloa como un suma y sigue a lo que entendieron en días pasados como un llamamiento de Teodoro García Egea a la insumisión del cuerpo. El número dos del PP había comparado la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil con la actuación del Duque de Ahumada (el fundador del cuerpo) cuando se negó a cumplir una «orden injusta» del general Narváez. «Más de un siglo después, el señor Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su Gobierno: ha preferido irse que tomar una orden injusta», afirmó tras avisar al gabinete de Pedro Sánchez de que, si Luis Roldán no logró «acabar con la Guardia Civil», tampoco lo hará su Gobierno.

El cisma en la cúpula de la Guardia Civil no es solo el resultado de una investigación, sino un glosario de conclusiones políticas que sentencian que la manifestación del 8M nunca debió permitirse. Y hay que contextualizarlo en la investigación abierta por la jueza Carmen Rodríguez Medel, que instruye una causa  por la que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha sido imputado por prevaricación al haber autorizado la manifestación del 8-M, con un un informe en el que la Abogacía del Estado ve un «claro sesgo acusatorio». El documento, construido como adelantó eldiario.es, a base de errores, bulos y mentiras, concluye que el Gobierno «conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus» y ampara la atribución de delitos al Ejecutivo de Sánchez.

Esto, junto a la pasividad de algunos mandos policiales ante las manifestaciones contra el Gobierno en el barrio de Salamanca y los escraches ante las viviendas de algunos ministros, además la agresividad que desprenden algunos foros internos del cuerpo lleva a algunos dirigentes del PSOE a concluir que hay «una mimetización» de las Fuerzas de Seguridad del Estado con el discurso más extremista de Vox.

La imbricación de buena parte del sistema judicial con la derecha española tampoco escapa del análisis del Gobierno, que recuerda que el PP mantiene artificialmente la mayoría absoluta que perdió en las urnas en el Poder Judicial y que, desde tiempos de Federico Trillo, ha utilizado siempre para judicializar buena parte de la política. Cuando ha sido oposición, para impulsar causas contra el Gobierno, y cuando ha sido Gobierno, para entorpecer investigaciones que afectaban a sus siglas.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que decide todos los cargos más relevantes en la justicia. Nombra a todos los jueces del Supremo, a los de los Tribunales Superiores de Justicia, a los presidentes de las audiencias provinciales y al presidente de la Audiencia Nacional y todas sus salas. Los ascensos de la carrera están entre sus atribuciones y es un poder donde el PP mantiene aún hoy  la mayoría absoluta que perdió en las elecciones, lo que no es baladí en un momento en el que la derecha ha decidido judicializar buena parte de la gestión del Gobierno sobre la crisis del COVID-19.

Y en el mismo contexto se enmarca la reacción de las organizaciones empresariales a la derogación de la reforma laboral que aprobó el PP. Más allá de las formas en que el PSOE negoció el acuerdo con Bildu, lo que subyace tras la reacción de los empresarios, a juicio de un ministro, es el temor a que cambie un marco laboral «que antepuso sus intereses a los de los trabajadores cuyos derechos fueron seriamente lesionados» con la reforma impuesta por la popular Fátima Báñez en la crisis del 2008. E ídem con la propuesta de Iglesias de crear un impuesto a las rentas altas o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, una vieja reivindicación de la izquierda que iba en el programa del Gobierno de coalición y cuyos plazos ha decidido acelerar el Ejecutivo ante las consecuencias sociales que ya se derivan de la pandemia y en medio de la mofa, cuando no el ataque directo, de la derecha más radical.

Con estos mimbres, un veterano socialista, que no pone paños calientes ni a la bisoñez del Gabinete Sánchez ni a los errores cometidos durante la pandemia, concluye que la derecha siempre creyó tener el monopolio del poder y que cuando lo ve amenazado «incita al odio social y desata las pasiones más innobles» hasta crear en el ambiente político, pero también en el social, «un clima de crispación que fomenta el odio y la aversión». Y de todo ello la consecuencia es el deterioro de las instituciones, pero también de la convivencia. La causa: la diferencia entre tener el gobierno y el poder y una derecha que se subleva ante cualquier cambio que suponga alterar el statu quo en los estamentos menos visibles del Estado. Así está el terreno de juego.

 

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