La otra solicitud es una acción directa de inconstitucionalidad por omisión, pedida por el Partido Popular Socialista, que obligaría al Legislativo a elaborar un estatuto en tal sentido.
Este tipo de acción se hace cuando el Congreso no actúa para reglamentar un tipo de garantía y de derecho expresado en la Constitución Federal.
Medios periodísticos alertan que cada 19 horas un LGBT es asesinado o se suicida víctima de ese flagelo, lo que convierten a Brasil en país líder mundial de ese tipo de crimen.
Ante tal panorama, el STF decidirá si el Congreso tiene la obligación de aprobar una ley que criminaliza la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y en qué plazo debe suceder.
De igual forma si el Congreso ignora este plazo, el Supremo debe considerar la orientación sexual y la identidad de género en ley que prohíbe la discriminación por raza, color, etnia, religión y nacionalidad.
Por último, el tribunal superior, mientras no exista una disposición específica, debe definir si el Estado es responsable de indemnizar a las víctimas de homofobia por daños materiales, morales y estéticos.
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