Subcontratación, privatización y burocracia preventiva. Receta para el asesinato en el trabajo

 

José Antonio González, trabajador de la limpieza viaria de Madrid, ha muerto por un golpe de calor. Otro operario del sector, de la misma ciudad, se encuentra grave en el hospital por el mismo motivo. Obligados a trabajar con uniformes que no transpiran el sudor, haciendo jornadas extenuantes a pleno sol, en las horas más cálidas de la más profunda ola de calor que ha vivido la capital, los trabajadores y trabajadoras pagan el precio de los fulminantes beneficios de las contratas y empresas multiservicios que se apropiado de la gestión y ejecución de gran parte de los servicios públicos de nuestros municipios.

Cuando, durante la alcaldía de Manuela Carmena, las gentes del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) hicimos público un proyecto que defendía la autogestión de la limpieza viaria madrileña, nadie nos hizo demasiado caso. La propuesta planteaba una novedosa, aunque inacaba (era un primer borrador que debería haber sido completado mediante investigaciones y actividades que ninguna entidad pública quiso financiar ni acompañar), estructura de organización del servicio público de la limpieza viaria. Pretendíamos combinar la autogestión por parte de los trabajadores y trabajadoras, con mecanismos de control vecinal y comunitario de la prestación del servicio. Queríamos afirmar la posibilidad de una nueva forma de propiedad social-comunitaria que, más allá de la gestión privada por parte de las empresas transnacionales y fondos de inversión, y la gestión directa municipal colonizada por los intereses de estos mismos actores que hemos conocido durante el período neoliberal, permitiese experimentar con la creación de lo que, entonces, llamábamos “instituciones del común”, tendencialmente vinculadas con la expansión del control directo de ciudadanía y los trabajadores sobre un Estado en transición a una nueva forma de organización social.

En aquellas fechas, el consistorio de “la nueva política” renovó sin más el esquema de subcontratación del servicio, aún con alguna muy menor mejora. Las concesiones fueron reorganizadas, para ser entregadas, de nuevo, al mismo tipo de actores empresariales multiservicio que habían dominado todas las licitaciones desde que el Ayuntamiento del PP había procedido a la privatización de la ejecución de la actividad. Algunos compañeros del ICEA fueron recibidos por una concejala. Algún otro edil nos contó que, básicamente, la cosa estaba muy difícil para una remunicipalización de la limpieza y que, en los nuevos pliegos de condiciones, la posibilidad de favorecer que el servicio acabase, mediante una forma social cooperativa, gestionado por los trabajadores y trabajadoras, era inviable desde el prisma de la regulación estatal de la contratación pública.

El fallecimiento de José Antonio González es una tragedia provocada por la confluencia asesina de tres procesos interdependientes que sólo pueden detenerse desde una audaz intervención de masas sobre la textura central del sistema capitalista y la forma Estado con la que está asociado de forma incestuosa.

Nos referimos, en primer lugar, al proceso de privatización de los servicios públicos y de colonización, por tanto, del Estado por los intereses de la clase social que gobierna la economía privada. En segundo lugar, a la negativa estatal a intervenir sobre las nuevas formas de explotación de la clase trabajadora, mediante los mecanismos de subcontratación y externalización de las actividades productivas. Y, en tercer lugar, a la absoluta mercantilización de la prevención de los riesgos laborales, operada por medio de una regulación que multiplica la burocracia para volver inaudibles las necesidades inmediatas de los trabajadores.

Es difícil creer que, en el caso de que la ejecución de la limpieza viaria se realizase directamente por el consistorio, bajo control de los trabajadores/as y vecinos/as, esta muerte hubiera llegado a darse y, en caso, de haber ocurrido, el escándalo hubiera sido de tal magnitud que el alcalde no se hubiera podido esconder detrás de un manto de hipócritas alegaciones acerca de su ignorancia y de su falta de responsabilidad.

Y para eso sirven, precisamente, la subcontratación y las empresas multiservicios: para empantanar la lucha de clases y esconder a los responsables del sufrimiento y la explotación tras una maraña de papeles y relaciones cruzadas. Las contratas, subcontratas, falsos autónomos, los grupos de empresa que el Derecho del Trabajo califica como “patológicos” … todo eso son herramientas que los laboratorios gerenciales (consultoras de Recursos Humanos, Despachos de abogados…) han desarrollado para maximizar la precariedad obrera y facilitar la gestión de la fuerza de trabajo. Una clase trabajadora fragmentada, nadando en la confusión ideológica y vital, difícilmente puede hacer un frente común para reivindicar sus necesidades básicas. Una auténtica “reforma laboral desde abajo” debería incorporar la prohibición de la subcontratación, la readmisión obligatoria de los despidos improcedentes (que, por tanto, no proceden) y el reforzamiento de la acción sindical para abarcar el conjunto de las cadenas de valor.

Además, el régimen general de la prevención de riesgos laborales debería ser radicalmente transformado. La Prevención se ha convertido en la gran coartada de las empresas. Miles de papeles que no se traducen en acciones y que sustituyen la planificación escrita por la seguridad real, para alimentar un nuevo yacimiento de plusvalor: el de los servicios de prevención. Hay que aumentar el control sindical de las condiciones de seguridad, estableciendo el acceso a la información preventiva para todas las secciones sindicales presentes en la cadena de valor de la actividad. Organizar y formar a los trabajadores y trabajadoras para que, individualmente o en grupo, procedan a interrumpir el trabajo en caso de riesgo grave e inminente. Hacer de la “cultura de la prevención” algo más que un género literario-burocrático.

Para avanzar en un proceso de transformación social que pueda hacer frente a estos tres procesos asesinos, es necesaria una nueva articulación obrera, entorno a un sindicalismo combativo que sea capaz de plantearse objetivos que vayan más allá del día a día. Un sindicalismo revolucionario inserto en las luchas obreras y ampliamente relacionado con los movimientos sociales locales y barriales, y las luchas en defensa del territorio y contra la devastación ambiental. Articular sindicalismo obrero y sindicalismo social. Y experimentar con la conformación de nuevas “instituciones del común” que permitan superar la gestión del capital y del Estado mediante nuevas formas de cooperación comunal-comunitaria.

Y, por supuesto, tener bien presente que aquellos que permiten que los trabajadores y trabajadoras a su servicio mueran de un golpe de calor, sin las medidas imprescindibles de seguridad, deben ser vistos por la clase trabajadora, y por todas las personas que aún defienden los valores más preciados de la humanidad, como lo que son: la basura que crea el plusvalor, que habrá que ser enviada un día al basurero de la Historia.

 

                José Luis Carretero Miramar para Kaosenlared

 

Imagen de portada:  Wikimedia Commons | Detalles de la licencia

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