Son bien conicidos los asesinos de Raúl Gibb, pero nada se hace


&nbsp Exactamente a 50 meses del asesinato del director del diario La Opinión de Poza Rica, viene la reflexión y la indignación. Para nuestro pesar, las autoridades encargadas de investigar los hechos del 8 de abril del 2005, saben quiénes son los homicidas y no han hecho nada, y en vez de fortalecer el equipo de investigación, lo han desintegrado. No sabemos a quién protege la Procuraduría General de la República, quienes llevan el caso por orden presidencial por la presión de todos los editores del país.

Tanto el procurador general Daniel Cabeza de Vaca, como el subprocurador Gilberto Higuera Bernal, declararon aquí en Veracruz que trayendo a Martín Rojas López desde los Estados Unidos se resolvería el caso. Rojas López fue detenido por evasión fiscal a la Secretaría de Hacienda, al estilo Al Capone, a pesar de que es señalado como el “zar de la las gasolinas adulteradas”, y se constituye como el peor fraude de la historia del país no castigado.

Pero llegó el gasolinero, y no lo pueden enjuiciar por lo de Gibb, ya que el tratado de extradición prohíbe procesarlo por otro delito.

Ya empantanados, más que detener a los autores materiales y empecinados en detener a uno de los autores intelectuales de la muerte del periodista, no accionan y se quedan mudos. La delegación de la PGR en Veracruz, a cargo de Manuel Guevara Ortiz, dice que “ya merito” se resuelve el caso; es más, ya ni quiere dar la cara y espera el tiempo para irse y no involucrarse más, ya que el asunto tiene mucho mar de fondo, y el homicidio fue un complot realizado por varios grupos delictivos, los mismos que ahora se “limpian” entre ellos y donde aparece la banda del “Ancla”, en claro mensaje de que no van a permitir que los toquen.

A Raúl Gibb Guerrero lo quisieron primero matar en el 2001, y el pago fue de cerca de 800 mil pesos. La ejecución iba a realizarse a las 6 de la mañana en el campo deportivo de la escuela María Enriqueta Camarillo, mientras corría el editor. Fue planeado bien, pero se suspendió la orden. Participarían Vinicio Pardo Valverde (a) “El Oso Pardo”; César Cruz Ramírez, quien en ese tiempo se desempeñaba como chofer del taxi 780; José Rosales Cruz (a) “El Negro”, hojalatero y metido a robo de autos; Isidro Hernández Campos, amigo del “Oso Pardo”; un individuo conocido como “El Cacarizo”, quien en ese tiempo trabajaba para la doctora Ruth Alamilla Olguín (hermana de Suemy Rafaela, la compañera del ejecutado Maximiliano Gaona Castelan el 16 de mayo en el estacionamiento de un centro comercial de Poza Rica), hijo de la comandante de la Policía Auxiliar Magdalena Huesca. También participarían Guillermo Mortini, Gastón Herrera y Pablo Balderas.

El periodista Raúl Gibb Guerrero no sólo tenía influencia informativa en el norte del estado, sino que era factor importante en la política de la región. Para muchos se constituyó en un estorbo porque era especialmente crítico en señalar a los que andaban en malos pasos.

Señaló con dureza las actividades de Martín Rojas López, hasta lograr que las autoridades se fijaran en el “Zar”; también se convirtió en un estorbo para los narcotraficantes y grupos de poder económico y políticos ligados a los “capos”, así que su homicidio fue un complot realizado de acuerdo a los más fuertes grupos del Totonacapan.

Por donde usted le quiera tirar, las líneas en busca de los homicidas caen en el mismo lugar: los mafiosos del Totonacapan.

El 8 de abril del 2005, Raúl Gibb se metió de lleno al corazón de la mafia: inauguró “La Opinión de Martínez de la Torre” con todo y desfile. Los capos se dieron cuenta que no era lo mismo tener un corresponsal de “La Opinión” en esa zona, que todo un cuerpo de redactores y reporteros. Podían ocultar sus actividades con controlar a una persona, pero a varias era casi imposible, y desde antes de la inauguración se planeó el homicidio para que exactamente cuando se metiera el editor a Martínez de la Torre, lo pararían definitivamente.

Esa misma noche, Raúl Gibb Guerrero fue acribillado casi llegando a su casa en Poza Rica. Los asesinos que se han identificado de manera firme son Vinicio Pardo Valverde (a) “El Oso Pardo”; César Cruz Ramírez, José Rosales Cruz (a) “El Negro” y por lo menos 5 personas más, entre ellos un personaje muy cercano a la familia Gibb. Los vehículos de los asesinos nunca parecieron porque conocen la región, y ya los enterraron o deshuesaron, que para eso es experto José Rosales Cruz. En los retratos hablados de los asesinos en el lugar del crimen, sólo se tiene identificado el de César Cruz Ramírez.

¿Por qué no los han capturado? Por los fuertes intereses en la Fiscalía de la República con el crimen organizado. No se puede comprender que al agente del Ministerio Público Federal, Manuel Morteo Berdejo, de conocida familia en Tlacotalpan, y al comandante de la Agencia Federal de Investigaciones, Francisco Javier Mercado, quienes ya tenían firmes pistas para el esclarecimiento del crimen de Gibb, los hayan sacado del caso. A Morteo lo tienen arrinconado en la delegación de la PGR en Veracruz, y a Mercado lo mandaron a un pueblo desconocido de Zacatecas.

No se quiere creer, pero es indudable que el ex director de Gobernación, Manuel Guevara Ortiz (cuando Jorge Uscanga Escobar fue subsecretario de Gobierno de Veracruz) tiene nexos con los diputados federales Guillermo Zorrilla Fernández y Rómulo Salazar Macías, ligados a los últimos crímenes políticos del Totonacapan, ya que Guevara Ortiz llega al cargo de delegado de la PGR en Veracruz por recomendación de Uscanga, quien fue presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y en su lucha por la Senaduría fue patrocinado por los legisladores del Totonacapan.

Quienes la quitaron de forma cobarde la vida a Raúl Gibb Guerrero, ganaron 500 mil pesos cada uno.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS