[#SolucionLidiaySanti] España viola derechos humanos de familias y menores ignorando los dictamenes de la ONU

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El Artículo 27.1 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Niña recita así: “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. “. El Artículo 27.3 versa, textualmente, estas palabras: “Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.”.

España es Estado Miembro de la ONU desde 1955, pero algunos hechos nos hacen pensar que la famosa “Cuestión Española”, como la denominó Winston Churchill, aún no ha terminado de despejarse del todo. Por aquel entonces, se dudaba de las posibilidades del gobierno franquista español, erigido con la ayuda de las Potencias del Eje, de cumplir con la Carta de los Derechos Humanos y de reunir las condiciones necesarias para justificar su admisión. 62 años después, algún vestigio de aquel régimen debe permanecer en nuestras instituciones para que se continúe atropellando la legalidad vigente, y más de 650000 familias se encuentren desalojadas de sus viviendas y en una trágica situación de emergencia social. De entre todas estas familias españolas, resalta una, de 6 miembros, por su valor y determinación.

Os contamos la situación de Lidia Romero y Santiago Ruiz, y sus cuatro hijos. Esta pareja y sus infantes viven en la capital de Madrid, exactamente en la plaza enfrente del Ayuntamiento de Carabanchel, desde hace ya 37 días. Fueron desahuciados de una vivienda vacía, propiedad de la empresa Fidere, a su vez propiedad del fondo de inversión Blackstone, el mayor propietario inmobiliario del mundo, conocido y reiteradamente denunciado por su especulación con las hipotecas. Este domicilio lo ocuparon hace alrededor de año y medio, tras más de un año de solicitudes al Ayuntamiento y más de diez al IVIMA de la Comunidad de Madrid para una vivienda pública con unas condiciones económicas acordes a su situación. Vista la ignorancia de los organismos del Estado, y ante la perspectiva de verse en la calle, deciden ocupar una antigua vivienda social, vacía, y desde 2013 bajo el usufructo de la susodicha Fidere. Esta casa, y otras 1860 viviendas sociales que les vendió el Ayuntamiento (1), regido por aquel entonces por el partido político del gobierno estatal, el Partido Popular, y al igual que otras 3000 que se adjudicaron a Goldman Sachs por la Comunidad de Madrid (2).

 

Así pues, la familia es desahuciada sin recibir ninguna alternativa ocupacional. Lidia y Santiago, en primera instancia acuden e imploran ayuda a las instituciones públicas madrileñas. La Comunidad de Madrid hace oídos sordos, por supuesto. Pero el partido político que administra actualmente y desde 2015 el Ayuntamiento, Ahora Madrid, se vanagloria precisamente de haber parado los desalojos en la capital del país. Ha sido muy crítico con las políticas estatales del gobierno y con la criminalización de situaciones similares que Congreso español ha forzado a través de medidas legales, que aceleraban precisamente los desahucios forzosos sin dar una solución habitacional a la pérdida de sus casas. Pero la realidad es distinta. Los desahucios continúan, y el organismo encargado de adjudicar viviendas sociales, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMV), sólo ha dado un centenar de los 5000 domicilios que fueron asignados, así como tampoco se hacen públicas las negociaciones que están manteniendo actualmente con entidades financieras que disponen de la disparatada cifra de 100.000 casas vacías en la ciudad. Vacías, como el apoyo exclusivamente moral que ha ofrecido esta institución. Tan sólo ofrecen, en primera instancia, 5 días de alojamiento en el hostal Welcome de Vallecas, a través del Samur Social, institución dedicada al Servicio Social de Atención Municipal a las Emergencias Sociales. Tras esos 5 días, Lidia y Santiago, con la ayuda de la Asamblea de Carabanchel, y con todo lo que conlleva vivir en la calle, deciden acampar en la plaza situada frente a la Junta Municipal del barrio de Carabanchel.

Y así hasta el día de hoy. Previamente al desalojo, se les ofreció en diversas reuniones una “ayuda de alquiler”, que jamás vieron efectiva. También se les pidió que llevaran presupuestos de viviendas en alquiler, lo cual hicieron, y tampoco aprobaron por encontrarse en cantidades inasumibles para los recursos de una ciudad tan pobre con Madrid, 600-700 euros. Demasiado para una familia de 6 miembros. Les indicaron que máximo podían ser de 200 a 300 euros, lo cual en la capital española es simplemente imposible de encontrar. Lidia cuenta, en una entrevista realizada por el canal Resistencia Films de You Tube (3), que les dijeron que buscaran en otros pueblos, alejándose de sus familiares, de su entorno, que ha sido quien verdaderamente les ha sostenido en otros duros años. Finalmente, se le propuso que vivieran en una habitación de un piso compartido. Dos adultos y cuatro niños de 3, 8, 10 y 13 años.

Sobran más palabras. Muchas familias han preferido resignarse. Han decidido buscarse la vida, no reivindicar derechos que otros países no tan lejanos se antojan simplemente como inherentes al tejido social. Precisamente a lo que incita este Estado español, viendo que siguen desoyendo a las Naciones Unidas y a sus obligaciones como Estado Miembro. La ONU, ya en 2015 censuró la permisividad del gobierno hacia la iniciación de los desahucios por los bancos (4). Recientemente, también decretó la violación de los derechos fundamentales de otra familia desahuciada de dos hijos, y además mostró reprobación ante la venta de vivienda social de las instituciones madrileñas, justo cuando la población más lo necesitaba (5). Hasta la propia Justicia ya ha contradicho la postura gubernamental, desestimando por primera vez una demanda de desahucio que se le imputaba a otra familia, que pagaba un alquiler acorde sus ingresos a la EMV, hasta que la antigua alcaldesa Ana Botella vendió su vivienda a Fidere-Blackstone, los cuáles les exigían un alquiler mucho más elevado (6).

Esta familia no. Su acampada es un clamor de indignación y reivindicación ante la pasividad del Ayuntamiento y la nula atención del resto de instituciones. Su única petición: una vivienda digna, un alquiler social en consonancia a sus ingresos actuales. No les está siendo fácil. Lidia sufrió un aborto durante las primeras semanas ante el estrés y la ansiedad. Presión policial, nulo apoyo gubernamental, con una renta mínima de 655 euros al mes y con los pequeños viviendo todo esto. Siguen asistiendo al colegio, pero les obligan a dormir y subir a cenar con sus abuelos. Con menores, entiendan que esta situación es simplemente inadmisible. Ni están recibiendo soporte para su desarrollo, ni nuestro Estado carece de los medios para que esta familia, ni las otras tantas en situación similar, perciban la asistencia necesaria, como exigen los artículos de la Convención de los Derechos de las Niñas expuestos al comienzo de este artículo. De un profesor de manga larga de cuyo nombre no quiero acordarme, aprendí el origen etimológico de la palabra infante, que viene a decir en latín, “el que no fona”, aquellos que no pueden hablar. Su voz no suena, pero la Cuestión Española parece que sí vuelve a sonar, cuando menos se puede tolerar.

 

1 http://www.elmundo.es/madrid/2016/04/06/5704cfa546163fcb588b4587.html

2 http://www.publico.es/espana/comunidad-madrid-vende-000-pisos.html

3 https://www.youtube.com/watch?v=8NhpEmiwSQc

4 http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-Espana-privilegio-comunicar-desahucios_0_441656726.html

5 http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-dictamina-Espana-desahuciada-durmiendo_0_661784476.html

6 http://www.elplural.com/politica/2017/05/11/primera-sentencia-contra-el-fondo-buitre-fidere-por-las-viviendas-de-la-emvs

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