Solidaridad Verde con Garzón

La Coordinadora Verde ha expresado hoy públicamente su solidaridad con el juez Garzón en la causa abierta por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, una instrucción iniciada como consecuencia de la querella por prevaricación presentada contra él por un grupo afín a la extrema derecha.

Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, ha manifestado que “nos sumamos a la solidaridad expresada desde dentro y fuera de nuestras fronteras a la actuación del juez Garzón, porque para Los Verdes no hay ley de punto final que pueda amparar los crímenes contra la humanidad que perpetró la dictadura franquista en España durante un largo período de ausencia de libertades y represión política".

El coportavoz de la organización ecologista, Florent Marcellesi, ha lamentado que durante la transición española desde el régimen de dictadura política a la democracia se intentara cerrar en falso uno de los capítulos más negros de la historia del país y ha añadido que “es la legalidad internacional la que obligaba al juez Garzón a investigar las desapariciones forzadas del franquismo, por lo que sentar al juez en el banquillo por no aplicar la ley de amnistía es ignorar el ordenamiento jurídico nternacional que España está obligada a respetar"

La Coordinadora Verde desea trasladar al CGPJ su estupor ante la perspectiva de que se pueda apartar de su labor a un juez por cumplir su misión de investigar y perseguir delitos impunes, una labor por la que el mismo juez ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional por las causas referidas a otros países en los que perduraba la impunidad de dictadores y tiranos en ejercicio o depuestos, por lo que no puede entenderse que precisamente por una iniciativa similar contra los cómplices de la dictadura española pueda ser castigado en su propio país.

Los Verdes señalan que la politización de la justicia es un grave problema en España al que urge poner solución, ya que al preservar la independencia de la justicia se preserva también el ejercicio de derechos ciudadanos esenciales. Los ecologistas, por último, expresan su deseo de consolidación del Tribunal Penal Internacional, dotándolo de medios.

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