Sobrevivir no es un delito

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Por Carlos Soledad

A quince años de los masivos encierros de migrantes que torcieron al gobierno del PP en el Estado Español, logrando la más grande regularización extraordinaria, otro ciclo de lucha se abre para las y los sin papeles. Con el telón de fondo de la represión a los refugiados a las puertas de la Fortaleza Europea y el ascenso de la extrema derecha, la llegada de los “gobiernos del cambio” emanados de una parte del movimiento asambleario del 15M a los ayuntamientos de varias ciudades españolas supusieron una bocanada de aire fresco. Sin embargo, pronto se ha evidenciado su incapacidad para liderar procesos de cambio profundos y por tanto, la continuidad de la política racista y colonial que pervive desde tiempos antiguos en Europa.

El caso más visible, es el del gobierno de izquierdas del ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, reconocida y carismática activista que saltó a la fama por su trabajo como portavoz de la Plataforma contra los Desahucios. Su agrupación, Barcelona en Comú, ha promovido el concepto de Ciudades Refugio, exigido el cierre del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y ha proporcionado financiamiento a organizaciones sociales de asistencia para refugiados en Italia. Lamentablemente su política local respecto a los refugiados y migrantes no ha seguido la misma línea.

El pasado jueves 12 de julio Colau se reunió con Rafael Ribó, Síndic de Greuges -defensor del pueblo de Cataluña- otros ayuntamientos catalanes – como Sitges, Roses y Salou-, los consejeros del interior de la Generalitat de Catalunya y del Estado Español, con el objetivo de organizar la “tolerancia cero ante el fenómeno del top manta”. Los representantes de estas instituciones han sido desde entonces el motor de una serie de prácticas represoras que han consistido en la persecución y la criminalización de las y los migrantes negros, pobres y sin papeles que sobreviven de la venta ambulante de discos piratas.

Al término del acto, el Síndic de Greuges, declaró que la venta ambulante es un «objetivo a erradicar de una sociedad democrática y madura como la catalana», además de que «implica la explotación social, el comercio ilegal, el incivismo, la falta de respeto de las normas elementales de convivencia y relaciones socio-económicas». En la misma línea, el consejero de interior de la Generalitat, señaló que «supone la imagen de un país que no nos gusta a nadie». Y como colofón, presentó medidas en la línea de las ya anunciadas anteriormente por el Ayuntamiento de Barcelona: “patrullaje conjunto de varias fuerzas policiales, con el objetivo de ‘saturar’ el espacio para evitar que se instalen los vendedores” (goo.gl/2IiinY).

En esta coyuntura, se ha visibilizado la lucha del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, el cuál reivindica la lucha autónoma negra. En la que el sujeto político central es el migrante sin papeles organizado, el cuál mantiene una sana distancia respecto a las ONG’s solidarias, otros movimientos sociales y ahora los nuevos gobiernos del cambio (goo.gl/SHkQcg). Esa misma semana, se reportó la rotura de pierna de un mantero por parte de policías vestidos de paisano, el cuál tuvo que ser operado. La detención de otro mantero que finalmente fue encerrado en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) a la espera de su deportación. Y por último, el encarcelamiento de cuatro manteros. Se les acusa de “delito contra la propiedad industrial y de pertenencia a grupo criminal”. La realidad, es que la ola represiva ha sido dirigida a los líderes del colectivo con el objetivo de generar miedo y minar su potencial movilizador en la defensa de sus derechos.

Estas acciones de racismo institucional han intentado legitimarse por medio de la criminalización del colectivo, por ejemplo, con las campañas “Si compras, no lo ayudas” (Sitges) o “Detente y llévate la manta” (Vandellós). El caso de hipocresía más notable ha sido otra vez, el del ayuntamiento “progresista” de Barcelona, que mientras inauguraba un monumento a los muertos del Mediterráneo, recrudecía la represión en las calles contra los manteros. Poniéndose del lado de los empresarios de la hostelería y el turismo que con la excusa de defender “los derechos de los trabajadores y consumidores” esconden discursos racistas para defender sus intereses económicos.

No obstante, el Sindicato de Manteros ya ha manifestado que no cesarán en la lucha por sus derechos y por la libertad de sus compañeros. Que no dejarán sus espacios de trabajo en la calle. No se van, es también su ciudad, “tenemos derechos aunque no tengamos papeles, los conocemos y lucharemos por ellos, no nos callarán, no nos eliminarán” (goo.gl/FpzCt6). Su espíritu combativo se suma a la larga historia de lucha y resistencia de migrantes sin papeles en Europa. Sobrevivir no es un delito aunque el Poder de izquierdas o de derechas se empeñe en criminalizar a las y los que luchan por otro mundo más justo.

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